El caso del menor vendedor humillado el pasado miércoles 24 por un par de servidores públicos del ayuntamiento de esta ciudad provocó una reacción en cadena pocas veces vista antes por parte de los gobiernos estatal y municipal, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y los organismos local y federal de derechos humanos.
En el primer caso, el gobernador Arturo Núñez anunció que su gobierno otorgará una beca escolar al niño indígena chiapaneco además de brindarle tratamiento psicológico especializado.
A su vez, el gobierno municipal despidió a los inspectores Juan Diego López Jiménez y Carmen Torres Díaz y la PGJE fincó cargos contra ambos servidores públicos: los acusa de los presuntos delitos de abuso de autoridad y robo con violencia moral, de acuerdo con la averiguación previa CAMVI-II-537/2013 abierta por la Dirección de Atención a Víctimas Vulnerables.
Torres Díaz fue detenida la tarde de este viernes.
Desde el pasado miércoles 24, la PGJE había girado orden de localización y presentación contra ambos como presuntos responsables de los abusos que sufrió el pequeño tzotzil chiapaneco en la Zona Luz, como se conoce al Centro Histórico de esta ciudad.
María Díaz, tía del niño, al comparecer ante personal del Centro de Atención a Menores, Víctimas e Incapaces (CAMVI), relató que el lunes 22 de julio, cerca de las 14:30, su sobrino llegó llorando hasta el lugar donde ella vende ropa y le contó que un adulto (Juan Diego López Jiménez) del área de Reglamentos del ayuntamiento de Centro, le había agarrado la canasta y tirado los dulces al suelo, llevándose tres cajetillas de cigarros.
La mujer, que también se dedica a la venta de dulces y cigarros, refirió que hace una semana trajo al pequeño porque está de vacaciones y quería obtener ingresos para sus útiles escolares.
También dijo que el menor vive con sus abuelos Salvador Díaz Pérez y Dominga Hernández Pérez en San Juan Chamula.
Atrae CNDH el caso
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió queja de oficio y atrajo el caso, mientras que su similar estatal presentó demanda ante la PGJE por la posible comisión de los delitos de trata de personas, en su modalidad de explotación infantil y abuso de autoridad.
En un comunicado, la CNDH informó que, desde que los medios de comunicación difundieron este hecho, personal de ese organismo acudió al lugar para buscar a la víctima y recabar testimonios.
Asimismo, se puso en contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para indagar el paradero del niño indígena tzotzil.
Sostuvo que, en reiteradas ocasiones, la CNDH ha hecho hincapié “en que resulta inaceptable toda forma de violencia contra los menores, en especial contra los indígenas que constituyen uno de los grupos de la población más vulnerables de nuestro país”.
Además, advirtió que la CNDH investigará y dará seguimiento a las pesquisas que hagan las autoridades de Tabasco, a fin de proteger a la víctima y que, en su momento, determinará lo que a derecho corresponda.
En tanto, el ombudsman estatal informó que, conforme a las facultades constitucionales de que está investida, inició la averiguación previa AP-CAMVI-II-537/2013 por los posibles delitos de explotación infantil y abuso de autoridad.
El expediente fue abierto por Nidia Gallegos Pérez, tercera visitadora general de la CEDH, ante quien compareció María Díaz, tía del menor, quien informó que éste es huérfano y vive con sus abuelos.
La CEDH buscó al niño Manuel Díaz para brindarle atención legal y psicológica, pero sólo pudo entrevistar a María Díaz, quien rechazó el apoyo.
Al mismo tiempo, la CEDH remitió medidas cautelares al alcalde de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, para que adopte las acciones legales pertinentes, con el fin de garantizar la integridad física y psicológica del menor, así como el resguardo de los productos que le fueron decomisados.