La Ruana, Michoacán.- Antes de entregar las armas y desmovilizarse, como pide el gobierno federal, es indispensable eliminar alrededor de 100 operadores templarios de mediano nivel, hombres que han ascendido a la muerte y captura de los líderes generales y regionales y que representan un riesgo en activo, advirtió ayer Estanislao Beltrán, líder de las autodefensas de Tepalcatepec."Tengo la lista de quiénes son y se la voy a dar al gobierno", dijo, en la que sentenció que entregar las armas sin haber eliminado primero a esos operadores y jefes de plaza es poner a su merced a los integrantes de las autodefensas.
"Hay que entender que nada más han matado a El Pantera, a El Chayo y a Plancarte. Hay otros 100 intermedios que están ahí moviéndose, muy agresivos. Todavía tienen sus armas y si nos desarmamos primero, nos matan", manifestó Beltrán, poco antes de reunirse con el comisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo.
Es la primera vez que uno de los máximos jefes de las autodefensas se refiere a la necesidad de eliminar a la estructura intermedia de Los caballeros templarios —integrada por un centenar de jefes de plaza y un número no determinado de sicarios—a manera de condición para pasar al desarme.
En un principio, las autodefensas fijaron como requisito central del desarme la eliminación de siete cabezas templarias: Nazario Moreno, Servando Gómez, Enrique y Dionisio Plancarte, Gerónimo Vásquez, Fernando Cruz e Isidro Virrueta, de los cuales han sido capturados o asesinados cuatro.
Lo cierto es que el tema se mantiene entrampado: mientras los líderes de las autodefensas no se han movido de su rechazo tajante, el gobierno federal insiste en convencerlos de deponer las armas, como ayer expuso en un tuit el comisionado Castillo, quien por la tarde dio a conocer que volvió a reunirse con los líderes comunitarios para avanzar "en la desmovilización y el desarme".
Incluso al interior de las autodefensas hay diferentes posturas al respecto. Hasta el momento, según dijo Mireles a este diario, tres comunidades ya aceptaron entregar las armas: Aguililla, Coalcomán y parte de Tepalcatepec, "porque ya ganaron, para ellos la guerra terminó, ya les regresaron todo lo que habían perdido". Tres de un total de 45.
Empero, Jorge Vázquez, del consejo general de autodefensas de Aguililla, definió que en lo que a ellos toca la batalla sigue y no se ha acordado desarme alguno. "Tenemos a gente ahorita en la sierra cazando templarios", dijo.
Consecuencias
La desmovilización tiene consecuencias. En La Ruana, una de las pocas comunidades en las que el desarme ha avanzado, la desarticulación del grupo de Hipólito Mora ha llevado a que el bando de Simón El Americano asuma el control total de la región, según advirtió el padre José Luis Segura, párroco de la comunidad.
"El que hayan destruido a las autodefensas de aquí, que hayan encarcelado a Hipólito Mora llevó a la expulsión de muchas personas por parte del nuevo grupo que llegó", deploró. Hasta el momento, 60 familias han tenido que abandonar la Ruana, ante el temor de ser víctimas de represalias por parte de El Americano.
Segura acusó que el nuevo grupo dominante "está amenazando, metiendo miedo en la población" e incluso señaló que ya se han presentado quejas de extorsiones, secuestros y cobro de cuotas, por lo que llamó al gobierno federal a aplicar una política de "desarme selectiva", basada en los perfiles individuales de cada grupo.
—¿Tienen que desarmarse las autodefensas?
—Hay dos tipos: las buenas y las malas. A las buenas no. A las malas sí. ¿Cuáles son las malas? Las que ya están claramente mezcladas con el crimen organizado... si andan asustando a la gente, amenazándola, cobrando cuotas, si quieren determinar quién entra y quién sale, esas no son autodefensas. Son grupos armados de un cártel.
Este jueves será altamente simbólico en distintos puntos de Tierra Caliente; se espera una de las más grandes movilizaciones del movimiento de las autodefensas en los últimos meses, al conmemorarse el primer aniversario de la masacre de productores de limón y mango que, en 2013, pidieron ayuda al entonces gobernador, Jesús Reyna.
Llaman a comisionados
En un plazo no mayor a 20 días, Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, y Alfredo Castillo, comisionado en Michoacán, comparecerán en la Cámara de Diputados.
El objetivo es que expliquen el incremento de la violencia en varias entidades y abunden sobre los presuntos nexos de Jesús Reyna con el crimen organizado.
La Comisión de Seguridad Pública de San Lázaro aprobó un punto de acuerdo para convocar a ambos funcionarios.