Elementos del Ejército mexicano llegaron ayer hasta las instalaciones de Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Michoacán, para tomar la dependencia y quitar “lo que no necesita”. Durante el operativo, algunos funcionarios fueron notificados incluso de su cese. Sin embargo, la ”limpia” que pretenden hacer las autoridades federales y locales desde “adentro” de las instituciones de esa entidad, aún no es suficiente para calmar el clima de violencia en que está sumergido el estado. Ayer, mientras la Procuraduría estatal daba a conocer el ingreso del ex Alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera Solorio (vinculado a Los Caballeros Templarios), al Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, un enfrentamiento entre decenas de integrantes de Los Templarios y del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó un saldo de tres muertos en plena carretera de Jiquilpan-Saguayo.
Autoridades estatales informaron que en el tiroteo participaron comandos que estaban integrados por al menos 30 personas. El choque dejó cinco vehículos dañados por armas de fuego: dos de ellos con placas de Jalisco y tres más de Michoacán. A ese lugar acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para apoyar y tomar el control de la zona.
De acuerdo con las autoridades, las disputas que dichos cárteles mantienen por el apoderamiento de la plaza han desatado diversos hechos violentos en la zona.
El pasado 3 de abril se dio a conocer que integrantes del crimen organizado quemaron vehículos en el municipio de Jiquilpan. Medios locales y usuarios reportaron que miembros de Los Caballeros Templarios bloquearon las entradas al municipio. La cuenta Valor por Michoacán reportó una balacera entre autodefensas y criminales que duró dos horas, ante la supuesta presencia de Servando Gómez “La Tuta”, líder de ese cártel, en el también calificado como “pueblo mágico”.
En dicha ocasión, la Dirección de Seguridad Pública de Jiquilpan informó a la prensa que dos unidades fueron interceptadas por sujetos armados y que éstos obligaron a sus conductores a descender para posteriormente prenderles fuego.
Posteriormente, el pasado 10 de abril, usuarios de redes sociales reportaron un nuevo enfrentamiento en Jiquilpan, donde al menos a una persona perdió la vida.
FUNCIONARIOS CON EL CRIMEN
Pese a los esfuerzos del Ejército Mexicano y autoridades estatales por erradicar la violencia y la presencia de grupos criminales en el estado, Michoacán enfrenta otro problema de fondo: las relaciones que los propios alcaldes del estado mantienen con los cárteles que intentan dominar el territorio michoacano.
Luego de que hace dos días se diera a conocer que Arquímides Oseguera Solorio, ex Edil de Lázaro Cárdenas, era investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar situación jurídica, por sostener presuntos nexos con el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez , “La Tuta”, ayer fue trasladado al Penal Mil Cumbres.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó que ejerció acción penal en contra de Osegera Solorio acusado por presuntos nexos con el crimen organizado, secuestro y extorsión. Por lo que dijo que enfrentaría desde el penal los cargos que se le imputan en grado de participación.
También Omar Soto Gil, ex Tesorero del municipio, fue acusado por los mismos cargos que el ex Alcalde de Lázaro Cárdenas, sin embargo, sólo se informó que rindió su declaración ante la PGJE.
Ambos funcionarios fueron detenidos el lunes 28 de abril. Arquímides Oseguera fue interrogado durante 36 horas, luego de esto, la PGJE confirmó que existían elementos para proceder en su contra.
Un día después de su detención, se dio a conocer un video donde aparecen, en una reunión, el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta”; Arquímedes Oseguera y Omar Soto Gil, además del ex Alcalde de Apatzingán, José Guadalupe Jaimes Valladares, y Sergio Roberto Guerrero Urbina, presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (Apeam).
En el video se observa a los tres ex funcionarios públicos y al productor dialogando con Gómez Martínez, comiendo con él en el estacionamiento de una finca.
En dicho proceso de que querer depurar alcaldes y autoridades estatales, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, anunció desde el martes pasado un nuevo pacto que pretende la unificación de la policía, para lo cual, requería del apoyo de los alcaldes del estado.
Sin embargo, ayer se informó que durante un operativo realizado por el Ejército, al menos 110 elementos de la Policía Ministerial, de investigación y operativos fueron cesados, pero no se informó si también hay Ministerios Públicos entre los despedidos.
El despido de los uniformados es debido a que no pasaron los exámenes de control de confianza, según reportó la prensa local.
La noticia se dio a conocer en medio de los escándalos que han protagonizado otros ex alcaldes como el de Tepalcatepec o del propio ex secretario de Gobierno de la entidad, Jesús Reyna García, también acusados de mantener lazos con los Caballeros Templarios además de realizar extorsiones, por lo que ahora el gobierno de Michoacán ha tomado medidas para frenar los actos de corrupción que se gestan “desde casa”.
DELINCUENTES SIGUEN OPERANDO
Ayer se informó también que fueron incautadas 68 mil toneladas de hierro, procedentes del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De acuerdo con Alfredo Castillo, el buque que contenía el hierro fue interceptado en el puerto de Manzanillo, Colima, mediante una denuncia anónima según explicó el funcionario federal en conferencia de prensa. En el operativo participaron elementos de la Policía Federal, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
“Los probables responsables utilizaron un permiso emitido por la Secretaría de Economía, y en caso de que se confirme que la empresa realizó una extracción ilegal del mineral, se le dará seguimiento por los delitos que se deriven”, explicó Castillo Cervantes.
Se informó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) embargó el material incautado por las fuerzas federales.
La empresa que transportaba el material tiene 30 días para acreditar la propiedad y procedencia lícita del cargamento, de otra manera se dará vista a la Procuraduría General de la República, para los procedimientos legales a que haya lugar.
Castillo Cervantes informó que en los últimos meses se han decomisado 200 mil toneladas de hierro al crimen organizado.