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En lo que va del año Enrique Peña Nieto ha cancelado tres veces su visita a Michoacán. La ausencia del jefe del Ejecutivo en un estado en crisis, cuya gobernabilidad está en duda, pone también en duda el interés real de su gobierno por encontrar una salida al conflicto social que ya existe en esta entidad, amén de la grave crisis de seguridad que desde hace años se sufre por las constantes disputas entre los grupos del crimen organizado por controlar este territorio estratégico para el trasiego de las drogas.
Pareciera que a Peña Nieto no le interesan los michoacanos. No sólo porque no los ha visitado desde que andaba en campaña presidencial el año pasado, sino por las diferencias en el trato que ha tenido con los habitantes de esta entidad entrampada en una espiral de violencia y la necedad de mantener a Jesús Reyna como gobernador, a pesar de las deficiencias que ha tenido y de las sospechas de vínculos con Los Caballeros Templarios.
El ejemplo más claro de esta indolencia con los michoacanos ocurrió el lunes pasado. Ese día como jefe de las fuerzas armadas Peña Nieto rindió un homenaje al vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la Octava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y el segundo maestre Francisco Ricardo Hernández Mercado, ejecutados por integrantes del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Peña Nieto acudió a la Secretaría de Marina para encabezar el homenaje acompañado del gabinete se seguridad. “Sucesos como este en contra de las instituciones o de la ciudadanía reafirman la decisión del Gobierno de la República por hacer valer el Estado de derecho en todo el país”, dijo luego de hacer la guardia de honor.
Pero a esa misma hora en la que Peña le rendía homenaje a los militares muertos, en el centro de derechos humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” un grupo de indígenas purépechas del municipio de Los Reyes, Michoacán, le pedía ayuda para enfrentar al mismo grupo del crimen organizado que, aliado con la autoridad municipal, mataron al menos cinco miembros de su comunidad el pasado lunes 22 mientras realizaban una manifestación pacífica.
Los indígenas michoacanos viajaron hasta la Ciudad de México para denunciar lo que no pueden hacer en su localidad por temor a las represalias del grupo armado que los tiene sometidos desde principios de año cuando se presentaron a pedirles 2 mil pesos por hectárea que trabajan.
Hablaron de la masacre perpetrada por el crimen organizado y los policías municipales, del desamparo en el que están, pues ya no pueden trabajar como antes y los alimentos se les terminan, de las extorsiones y la imposibilidad de acudir con las autoridades municipales que están coludidas con “los malos”, de la ausencia de gobierno y del terror de sus hijos de salir afuera del pueblo, del cambio en su vida con la llegada de “los fantasmas”, de la urgencia de que los atienda el gobierno federal porque en Michoacán no hay nadie en quien confiar.
Pero nada de esto escuchó Peña Nieto que está más enfocado en seguir con su estrategia de militar y policiaca, en tratar de apagar el fuego con gasolina, alcanzar la paz con las balas, que en atender a quienes sufren el impacto de este plan de combate al narcotráfico que ha costado 121 mil muertos en el gobierno calderonista y más de 8 mil en los escasos siete meses de administración peñista.