El gobierno de Estados Unidos continuó con su objetivo de desmantelar al cártel de “Los Zetas”, al anunciar la designación como narcotraficantes más significativos a la esposa y el suegro de Omar Treviño Morales, “Z-42”, el actual líder de la organización.La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos acusó de narcotráfico y lavado de dinero a Carolina Fernández González, esposa de Omar Treviño Morales. También al suegro del líder de la organización, Jesús Fernández Luna.
El Departamento del Tesoro precisó que el Z-42 estableció a la Compañía Ganadera 5 Manantiales como fuente de lavado de dinero a favor de “Los Zetas”. La esposa del “Z-42”, según la OFAC, fue colocada al frente de la empresa ganadera junto a su padre, Jesús Fernández de Luna.
Otros designados como narcotraficantes más significativos por sus presuntos socios en la empresa ganadera son Esperanza María González Muñiz (suegra del “Z-42”), Gerardo Fernández de Luna y Emilio Guillermo González Muñiz, tíos políticos del que se dice es ahora jefe de “Los Zetas”.
“La esposa y suegro de Omar Treviño Morales han estado involucrados en actividades de lavado de dinero a nombre de Los Zetas, un cártel destacado por su violencia”, dijo por medio de un comunicado Adam J. Szubin, director de la Ofac.
Omar Treviño Morales utilizaba a la empresa ganadera de Fernández Luna para blanquear dinero presuntamente procedente de la venta de drogas. En esta operación también estaba implicado su hermano, Miguel Ángel Treviño Morales, aprehendido el pasado 15 de julio.
“Continuaremos tomando medidas en contra de cualquier persona y empresa que esté involucrada en este tipo de actividades, incluyendo a familiares de los jefes de los cárteles, quienes proveen apoyo esencial para estas violentas organizaciones del narcotráfico”, matizó Szubin.
Bajo la designación emitida por el Departamento del Tesoro, las autoridades estadunidenses confiscan los bienes y congelan las cuentas bancarias dentro de la jurisdicción estadunidense de las personas y entidades afectadas. Además, está prohibido a todo ciudadano y entidad de los Estados Unidos tener cualquier relación con todos los designados. La violación de esta ley se castiga con sentencias de hasta 10 años de cárcel, y multas que oscilan entre los 10 y 30 millones de dólares.