A estas alturas del partido dan risa las acusaciones que el gobierno federal ha orquestado para detener al líder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles. Acusarlo de posesión de drogas y armas de uso exclusivo del Ejército es tan fútil que ahora quieren investigar sus cuentas bancarias.
Lo evidente del caso es que Mireles es un personaje incómodo para el gobierno federal y estatal por múltiples razones, entre ellas por las denuncias que hizo de vínculos con el narcotráfico de la clase política michoacana, como son los casos del exgobernador interino, Jesús Reyna, y de Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo; también por negarse a acatar la domesticación oficial de las autodefensas. Pero quizá lo que más les preocupaba es que representaba el riesgo de que el fenómeno de las autodefensas armadas siga avanzando en otras regiones del país que, al igual que Michoacán, sufren la presencia ominosa del crimen organizado.
Y es que desde los primeros días de enero del 2013, esto es, apenas un año de que llegó a la silla presidencial Enrique Peña Nieto, presenció con preocupación el florecimiento de grupos de autodefensa y de policías comunitarios en cuatro municipios de la región Costa Chica de Guerrero, decidieron tomar las armas para defenderse de la delincuencia.
Pero el tema de la proliferación de las autodefensas y policías comunitarios en diversas partes del país ya se había propalado antes. Desde el 2011 comenzaron a emerger en varias entidades como expresión de inconformidad y hartazgo sobre todo de pueblos indígenas contra la inseguridad y el crimen organizado.
De acuerdo con una revisión periodística, en el 2011 se registró la presencia de 36 grupos de autodefensa ciudadana y comunitarios en ocho estados: 20 en Guerrero; cuatro en Michoacán; tres en Morelos; dos en Oaxaca, Veracruz y Chihuahua, y una en los estados de México y Jalisco.
Actualmente se podrían sumar otros grupos inconformes a esta lista tanto en las mismas entidades y otros más como en el Distrito Federal, San Luis Potosí, Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Colima y Tabasco. En total estaríamos hablando de más de 100 grupos ciudadanos –sólo en Michoacán hay 37 actualmente–, de autodefensa y policías comunitarios que se han expresado en los últimos tres años, algunos de ellos de manera espontánea y transitoria, otros de forma permanente. Todos con armas.
La figura inspiradora de José Manuel Mireles para otros pueblos y comunidades de Michoacán y otros estados que intentaban formar sus autodefensas es quizá lo que dio miedo al gobierno federal. Sobre todo porque no hay avances sustanciales en el combate a la inseguridad y la violencia generada por el crimen organizado y la declaración de guerra que le hizo Felipe Calderón desde el 2006 y que Peña Nieto mantiene en las misma forma hasta hoy.
La detención de Mireles, bajo acusaciones irrisorias, en realidad es un mensaje de disuasión del gobierno federal para aquellos que pretendan seguir su ejemplo de organizarse y auto defenderse con las armas frente a los peligros que siguen representando los diferentes grupos del crimen organizado.
Esta acción tiene también el mensaje implícito de proteger ciertos lugares estratégicos para el crimen organizado, pues la detención de Mireles se dio precisamente cuando anunció que estaría organizado autodefensas en el municipio de Lázaro Cárdenas para liberar el puerto de carga más importante del país por donde se trafican cantidades importantes de drogas y minerales.
En Michoacán no ha sido suficiente la domesticación de las autodefensas de Tierra Caliente convertidas en fuerzas rurales. Aún existen comunidades, pueblos y municipios completos que se niegan a seguir la estrategia del gobierno federal de controlarlas a través de su conversión, como también se quiso hacer en Guerrero con la policía comunitaria de la Montaña formada desde 1996.
Aunque Mireles siga en la cárcel, aunque lo hayan rapado y quitado el bigote tratando de socavar su imagen, mientras siga la violencia y la inseguridad, mientras el crimen organizado siga dominando regiones enteras del país y mientras el gobierno federal y el estado mexicano en su conjunto continúen mostrando su incompetencia en estas responsabilidades vitales, la gente lo seguirá viendo como el ejemplo a seguir con las autodefensas como una opción válida y legítima de protegerse.