La Paz, Baja California Sur.- La impunidad reina en Baja California Sur. Del 15 de marzo del 2011 al 28 de mayo del presente año, y en casi cuatro años, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), únicamente consignó 9 de las 309 denuncias penales interpuestas en contra de ex funcionarios del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y de funcionarios del actual gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor en la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
La ineficacia es tan cuestionable y grave que –según reconoció la encargada de la Unidad de Planeación y Política Criminal de la PGJE, Martina Ibarra Orozco— solo se remitieron a juzgados 5 averiguaciones previas en el 2011, 2 en el 2012 y 2 más en el 2013, y 300 casos más quedaron en el estatus de “reservadas” o “bajo investigación” y se determinó “el no ejercicio de la acción penal”.
De acuerdo a datos recabados el resultado es que de los únicos 9 casos consignados, solo 7 ex servidores públicos fueron capturados y encarcelados, aunque posteriormente, y a excepción de uno, todos salieron libres bajo caución. Son los siguientes:
1.- Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador, acusado por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal fue detenido el 24 de mayo del 2012 y liberado el 15 de diciembre del 2012, quedando recluido alrededor de 7 meses.
2.- Luis Armando Díaz, ex titular de la Secretaría General de gobierno, acusado por los delitos de incumplimiento de un deber legal fue arrestado el primero de diciembre del 2011 y liberado el 2 de diciembre del 2011, pasó recluido solo 24 horas.
3.- Alfredo Porras Domínguez, ex secretario general de gobierno, acusado por el delito de peculado fue detenido el 24 de mayo del 2012 y liberado el 15 de diciembre del 2012, quedando recluido aproximadamente 7 meses.
4.- Guillermo Jáuregui Moreno, ex titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, acusado de incumplimiento de un deber legal fue arrestado el primero de diciembre del 2011 y liberado el 2 de diciembre del 2011, pasando recluido únicamente 24 horas.
5.- Francisco Antonio Alcántar López, ex director de Comunicación Social del gobierno de Agúndez, acusado de peculado y falsificación de documentos fue detenido el 28 de febrero del 2012 y liberado el 14 de enero del 2013, quedando recluido cerca de 11 meses, y posteriormente, ejecutado el 9 de octubre del 2013 en la puerta de su casa del fraccionamiento Fidepaz de La Paz.
6.- Héctor Ibarra Espinoza, ex titular de Oficialía Mayor del pasado sexenio, acusado por el delito de incumplimiento de un deber legal fue arrestado el primero de diciembre del 2011 y liberado el 2 de diciembre del 2011.
7.- César Uzcanga Amador, ex regidor de Los Cabos, acusado por el delito de fraude agravado y despojo fue detenido el 7 de septiembre del 2011 y la fecha, preso en el Centro de Reinserción Social de San José del Cabo.
Durante el estudio, revisión y análisis de los expedientes, juicios de amparo, recursos de revisión y dictámenes de los casos de los ex servidores públicos señalados, algunos de ellos con dos procesos penales en su contra, un abogado consultado por este semanario expuso que en el caso de Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y Héctor Ibarra Espinoza, fueron liberados porque el delito por el que fueron acusados “no era grave” y “alcanzaban su libertad bajo fianza”.
No obstante, el caso de Agúndez, Porras y Alcántar (Q.E.P.D.) “estuvieron más tiempo en prisión porque tuvieron que ir a pelear a los tribunales federales para lograr que el delito grave por el que fueron acusados fuera reclasificado a un delito tipificado como no grave y alcanzar caución”.
De entrada, según la explicación del abogado, los jueces federales “tuvieron que suplir toda la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de agravios formulados en los recursos en materia penal”, porque en algunos casos “la defensa de los indiciados planteó deficientemente la queja por desconocimiento o descuido, y el juzgador por mandato Constitucional tuvo que subsanar la demanda a favor del agraviado para corregir u operar la suplencia –llamada así en términos legales—y replantear la demanda del juicio de amparo para que procediera el estudio y análisis en el juzgado”.
Lo anterior porque según la versión del litigante “se supone que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, es una persona competente y profesional en la materia y tiene todo el respaldo del aparato gubernamental”.
Por eso, y de acuerdo al penalista, “los indiciados Agúndez, Porras y Alcántar (Q.E.P.D.), finalmente y después de una larga batalla legal, ganaron el juicio de amparo federal y recuperaron la libertad”.
— ¿Ganaron por ser inocentes?, preguntó.
“No porque fueran inocentes, sino porque reclasificaron los delitos de graves a no graves, y eso permitió que salieran libres, pagando una fianza. Sin embargo, y según lo que leímos en toda la documentación es que fueron encontrados culpables por un delito menor al que fueron acusados, porque las pruebas aportadas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, no fueron tan contundentemente fuertes como para sostener la acusación y dejarlos en prisión, pero de que fueron culpables de delinquir no quedó la menor duda con el dictamen de los juzgados. Tan es así que todavía firman los días viernes de cada semana en los juzgados correspondientes, en lo que cierra el proceso penal y sale la sentencia.
El único ex funcionario del sexenio pasado que todavía se encuentra encarcelado es el ex regidor del PRD, César Uzcanga Amador, compadre del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y quien tiene en su contra más de 250 denuncias penales por los delitos de fraude agravado, y el cual está a punto de ser sentenciado por un juez penal”.
La impunidad
Pero la cacería en contra de los ex colaboradores del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, no ha sido tan certera y pareja en el caso de algunos servidores y ex servidores públicos de la administración del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, tal es el caso del actual diputado federal y precandidato a alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, acusado de los delitos de administración indebida y desvío de recursos públicos en su paso por la presidencia de la Gran Comisión de la XII Legislatura, y quien nunca fue requerido y perseguido por la justicia.
El expediente indica que, a pesar de haber pruebas documentales en su contra, y las cuales inclusive, contaban con su firma no se deslindaron responsabilidades penales en su contra por el desvío de 6 millones 055 mil 965 pesos con 68 centavos, según denuncia presentada el 13 de junio del 2010 por diputados de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, y PANAL, y la cual quedó registrada bajo el número de Averiguación Previa LPZ/093/SPB/2010.
En la denuncia penal, figura también como presunto responsable, el ex diputado del PRD, Juan Hernández Paularena.
Por el contrario, en su paso como secretario privado del gobernador del PAN, Arturo de la Rosa Escalante, aprovechó bien su tiempo y fue altamente privilegiado, después de haber dejado el PRD, y donde todos los hermanos de La Rosa, como el caso de Benjamín, Noé, Alfredo, Gerónimo y Adrián, ocuparon cargos directivos en la administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.
El primero fue Coordinador Administrativo de la Oficina del Gobernador; el segundo, Director de Planeación y Evaluación Educativa de la SEP; el tercero, Subprocurador de Averiguaciones Previas, el cuarto, regidor del Ayuntamiento de Comondú, y el quinto, hasta hoy permanece en el cargo de Abogado General de la UABCS, y cuyo negocio en el “servicio público” del clan familiar podría reactivarse, en caso de que su hermano Arturo, logre ser alcalde de Los Cabos.
El caso del hoy precandidato a alcalde de Los Cabos, es solo uno de la estadística de casos que no se han investigado y tampoco se han perseguido en contra de ex servidores y servidores públicos del actual cuatrienio gubernamental, tal y como lo expuso el diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del congreso local, Juan Alberto Valdivia Alvarado, y quien con una frase célebre, definió que lo que debería ser la justicia en el estado: “O todos coludos o todos rabones”.
Y es que –según expuso el legislador—“como el caso del actual diputado federal del PAN, existen otras denuncias penales que simplemente no avanzan o sospechosamente no terminan por integrarse y consignarse”, lo que exhibe a la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, como ineficaz y protectora de los llamados delitos de “cuello blanco”, y donde a diferencia de cualquier ciudadano común y corriente, “los funcionarios y ex funcionarios no son investigados y mucho menos perseguidos judicialmente y prácticamente se han convertido en los intocables de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
Peor aún. La agencia del ministerio público –y según los nulos resultados—es desde el arranque del actual cuatrienio una figura meramente decorativa, y de la cual de poco o nada sirve que el titular de la PGJE, Adonaí Carreón Estrada, presuma tener una Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, sino se resuelven las denuncias y mucho menos existen resultados palpables.
Lo que sí, es para la ciudadanía una carga administrativa que tiene asignado un presupuesto, equipos, vehículos, personal y un espacio y donde cada año se van abultando los expedientes.
Los números
Durante esta investigación, se solicitó a la PGJE a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Baja California Sur, información detallada sobre el número de denuncias presentadas, consignadas, en reserva y los casos en las que se determinó que no había elementos para ejercer la acción penal.
Del 15 de marzo del 2011 al 28 de mayo del 2014 –y según datos enviado por la encargada de Unidad de Planeación y Política Criminal de la PGJE, Martina Ibarra Orozco—fueron recibidas 309 denuncias penales distribuidas de la siguiente manera: 106 en el 2011; 109 en el 2012; 78 en el 2013 y 16 en lo que va del 2014, así como 130 más que venían arrastrando del 2008 al 2010.
De este número –y de acuerdo a la PGJE—únicamente fueron consignadas 9, de las cuales 5 fueron en el 2011; 2 en el 2012 y 2 en el 2013 y ninguna en los primeros 6 meses del 2014, lo que exhibe por sí solo el saldo negativo de Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Del total de denuncias recibidas, es decir, de las 309, 177 expedientes están en “reserva” o “bajo investigación”, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 45 casos en el 2011; 68 en el 2012; 64 en el 2013 y ninguno en el 2014.
Finalmente la PGJE indica que en 253 expedientes se decretó el no ejercicio de la acción penal, quedando distribuidos de la siguiente manera: 8 en el 2011; 140 en el 2012; 104 en el 2013 y un caso en el 2014. Además, 130 casos más –del 2008 al 2010—estaban en el estatus “sin clasificar”.
En la revisión y análisis de los casos, y de acuerdo a la opinión de un abogado, la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJE, solo resolvió el 3% de los casos, dejando el 53 por ciento, bajo investigación y el 40% restante decretando el no ejercicio de la acción penal. En tanto, hasta ahorita se desconoce el estatus de los 130 expedientes del 2008 al 2010.
La justificación
A poco más de tres meses de haber tomado protesta como nuevo Procurador, Adonaí Carreón Estrada, comenzó a realizar los primeros cambios dentro de la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Aun cuando al asumir el cargo, se comprometió públicamente a elaborar y presentar un diagnóstico sobre la situación de la institución, al cierre de esta edición, todavía no tocaba el tema, a pesar de que casos como el de la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, exhiben por sí solos los pobres resultados en cuanto a la persecución de delitos.
El nuevo procurador anunció nombramientos el pasado 16 de junio en 5 subprocuradurías, dos direcciones y dos órganos de control interno, presentando “las nuevas caras” de la PGJE.
No obstante, y particularmente sobre el tema de los nulos resultados en la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, nadie quiso dar la cara.
Acostumbrados a la adulación y el control de medios de comunicación, y después de enterarse del tema a tratar, solicitado a través del vocero de la PGJE, Sergio Villarreal, ni el Procurador Adonaí Carreón Estrada ni el subprocurador de Averiguaciones Previas, Alejandro Martínez Beltrán y mucho menos el responsable de la agencia de Servidores Públicos, salieron a dar explicaciones, bajo el argumento de que “tenían un par de días de haber tomado protesta en el cargo y desconocían los números y resultados del tema a tocar”. Todos guardaron silencio.
