El doctor José Manuel Mireles Valverde ríe, llora, se emociona y suelta una carcajada cuando su abogada Talía Vázquez Alatorre le cuenta las muestras de apoyo que está recibiendo a raíz de su detención, cuando se entera que la gente se está rapando la cabeza en señal de solidaridad. En seguida, con entereza y convicción, reconoce que la cárcel, era un escenario previsto en su actividad como autodefensa y lanza la definición de su situación: Soy un preso político.
El preso número 5557 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11 ubicado en Hermosillo, Sonora, luego de que el juez federal Armando Wong le dictó auto de formal prisión en la causa penal 137/2014, junto a sus tres escoltas Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas, por los presuntos delitos de “portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de mariguana y cocaína”.
Delitos que, según su defensa, son falsos: Estamos en contra del auto de formal prisión por dos cosas: una, por las graves violaciones al debido proceso y otra, por las declaraciones de los funcionarios públicos que lo colocan como preso político, dice en entrevista con La Jornada la abogada Talía Vázquez Alatorre, quien cuenta los detalles de su visita de una hora a su defendido en la prisión.
La defensa del doctor Mireles prepara el amparo, la apelación y paralelamente una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Tenemos 15 días hábiles para ir contra el auto de formal prisión, mientras el juicio sigue, pero pretendemos llegar hasta instancias internacionales como la CIDH, donde ya iniciamos el trámite.
Alfredo Castillo no cumple
De acuerdo con el expediente de manifestaciones para resolver la situación jurídica del doctor Mireles, al que ha tenido acceso La Jornada, el abogado Salvador Molina Navarro hace un alegato sobre la obediencia al derecho y la justificación de las autodefensas con base en un análisis presentado por el académico Jaime Cárdenas, donde argumentan la inimputabilidad contra los procesados debido a que pertenecían a un conocido movimiento social como el de autodefensas de Michoacán.
La defensa considera que el doctor y sus tres escoltas son víctimas de una detención ilegal, realizada sin orden de aprehensión y sin tratarse de un caso de flagrancia o de urgencia, lo cual contraviene el artículo 16 constitucional. Argumentan que el doctor Mireles Valverde sufrió actos de tortura y existe una omisión del juez, al no investigar los hechos, además de que no se le permitió hacer la debida llamada a un defensor dentro del plazo señalado por la ley y las pruebas presentadas por la autoridad fueron sembradas, lo cual las convierte en falsas e ilícitas.
Señalan que la tortura, como la que fueron víctimas los inculpados, incluso desde su detención, agravándose aún más en la persona de José Manuel Mireles Valverde, pues fue vendado sin motivo ni justificación alguna, haciéndole creer que lo lanzarían al mar, incluso impidiendo su comunicación inmediata como es derecho inalienable, anula todas y cada una de las pruebas que el Ministerio Público pudiera recabar en la etapa de investigación, dice el texto de los alegatos a favor del doctor Mireles, que consta de 55 páginas.
Entre los argumentos presentados, está el de legítima defensa, propia y colectiva, debido a que el gobierno no ha garantizado la seguridad en Michoacán.
De aquí el estado de necesidad en la que se encuentra la sociedad al carecer de seguridad jurídica por parte de las fuerzas del Estado. Resulta evidente la falta de la seguridad jurídica en que se encuentran los habitantes de diferentes sectores de la población; se encuentran desprotegidos ante los atentados contra su integridad, tanto fisca como patrimonial, por las organizaciones de crímenes organizados. A consecuencia de ello y como reacción a un ataque a su integridad física y patrimonial, se encuentran en la plena necesidad de defender por sí y colectivamente sus bienes. De ahí se desprende el resultado de la conducta que se emplea para salvaguardar los bienes de la población, al posesionarse de cualquier medio de defensa que le sea factible, para repeler las agresiones de sus transgresores.
La defensa insiste que el doctor Mireles es un preso político debido a que han sido funcionarios como el comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes han declarado que el detenido está preso por no haber cumplido los acuerdos del mes de mayo.
La abogada Talía Vázquez precisa: “Quien no cumplió ninguno de los acuerdos fue Castillo. No liberó a los 517 presos de los grupos de autodefensas, tan solo en Michoacán; tampoco liberó a Hipólito Mora antes del 10 de mayo. Y, sobretodo, no cumplió con el arresto de La Tuta y tampoco restableció el estado de derecho. No pasó nada. Quien rompió el pacto fue Alfredo Castillo y no el doctor Mireles. Esto también demuestra que es un preso político”.