MÉXICO, D.F., (Proceso).- Desde su primer día de gobierno, Felipe Calderón ordenó al titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, emprender una "guerra" contra los narcotraficantes en el territorio nacional. Al saldo de más de 70 mil muertos y miles de desaparecidos, así como de incontables violaciones a los derechos humanos, contribuyeron sobre todo los operativos que, para satisfacer "la visión presidencial", fueron guiados por el documento Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, una suerte de "biblia" militar. El alto mando del Ejército ordenó allí a los comandantes actuar con "amplia libertad de acción", "amplia iniciativa", "mayor dinamismo" y "don de mando" para realizar "acciones contundentes" contra sus objetivos
Felipe Calderón Hinojosa quería una guerra, y el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, lo transmitió así a sus hombres.
Había que ir contra "el enemigo", desarrollar "esquemas de combate", apoyarse en "tropas amigas", tener "amplia libertad e iniciativa" y disponer del mayor "fuego" posible para arremeter contra "los blancos" fijados por "la visión presidencial".
Tales fueron las órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, y del ahora general retirado Guillermo Galván, en la "guerra al narcotráfico", de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) clasificados como secretos.
El saldo de esa guerra, en el que se incluyen las acciones violentas de los cárteles de la droga, fue de más de 70 mil muertos, miles de desaparecidos, al menos 20 mil desplazados, decenas de "bajas colaterales" y miles de denuncias en contra de las Fuerzas Armadas por torturas y otras violaciones a los derechos humanos.
El Ejército asumió las órdenes que le dictó Calderón desde el primer día de su gobierno, y desarrolló un plan general de "combate" que fue adaptando conforme echaba a andar operativos conjuntos en diversas zonas del país, siempre bajo el principio de "hostigar, capturar o neutralizar al enemigo".
Bajo el mando de Calderón, el Ejército elaboró la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, que sirvió de guía para la actuación de la principal fuerza armada mexicana.
La Directiva fue terminada el 1 de marzo de 2007 y transmitida en las siguientes semanas a los cuarteles militares de todo el país, aunque el 3 de enero de ese año el Ejército ya había incursionado en Michoacán, en un acto militar que, encabezado por el propio Calderón, marcó su sexenio. El mandatario se presentó aquella vez con un atuendo militar que le quedaba grande (Proceso 1575).
Los soldados fueron obligados a cumplir durante todo el sexenio con la Directiva que la Sedena se ha negado a proporcionar ante peticiones de información pública. Se ha limitado a dar a conocer sus resultados, que presenta como logros del Ejército en el combate al narcotráfico.
El documento, que en sus 37 páginas tiene la leyenda de "secreto", fue elaborado por el entonces jefe de la Sección Siete (Operaciones contra el Narcotráfico) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), el general de brigada Rogelio Armando Patiño Canchola, actual subjefe de Doctrina Militar del EMDN.
Tuvo el visto bueno del jefe del EMDN, el general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien hoy funge como director del Banjército luego de que aspiró a ser el titular de la Sedena para el gobierno iniciado en 2012. La aprobación final del documento la dio el general Guillermo Galván Galván.
La Directiva, que comienza con lo que define como "visión presidencial", pronto se giró a las comandancias de las regiones y zonas militares del territorio mexicano, a las que el general secretario instruyó a actuar con "amplia libertad de acción", "amplia iniciativa", "mayor dinamismo" y "don de mando" para realizar "acciones contundentes" dirigidas a los blancos establecidos.
Como responsables de la operación señaló a los comandantes de las 12 Regiones Militares del país. Los mandos regionales delegaron en Comandancias de Zona y Guarnición, que como encargadas de ponerla en práctica fueron mucho más específicas en los objetivos bélicos contra las organizaciones delictivas. Una muestra fue el Operativo Conjunto Chihuahua, cuya Orden General de Operaciones II, clasificada como confidencial, también fue obtenida por este semanario.
Un correograma fechado el 19 de marzo de 2007, dirigido a la comandancia de la III CINE (Compañía de Infantería No Encuadrada), con sede en Ojinaga, Chihuahua, encargada de una parte del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), dice:
"Ratifícasele contenido rdgma (radiograma) no. 066 de fecha del 17 del actual, girado por el C.G. (Comandante General) de la V ZM (Zona Militar) en el sentido que desde luego entra en vigor la 'Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012', sustituyendo al "Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico S.D.N". Tal motivo, esta Comandancia de Guarnición lo responsabiliza cumplimiento presente orden, informando a esta dependencia sobre el particular". La comunicación está firmada por el general de brigada A. O. Flores Morales.
El comandante de la V Zona Militar, el general de división Felipe de Jesús Espitia Hernández, dejó en claro que se tenía que aplicar la nueva Directiva que exigía resultados a los mandos territoriales.
El jefe militar de más bajo nivel en la cadena de mando, el comandante de la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua, general Manuel de Jesús Moreno Aviña, obedeció y dio órdenes de combate a sus subordinados de la III CINE y al personal de apoyo del V Regimiento Mecanizado.
Moreno Aviña actualmente se encuentra preso como probable responsable de la actuación del llamado "pelotón de la muerte", como se conoce a los militares de esa Compañía de Infantería que detuvieron, torturaron, ejecutaron y desaparecieron a por lo menos tres personas como parte de ese operativo puesto en marcha por el Ejército a partir de marzo de 2008.
De acuerdo con la Orden General de Operaciones II "Opn. Conj. Chihuahua", escrita por el general Moreno Aviña y fechada el 2 de julio de 2008 en el Campo Militar Número V de Ojinaga, "el enemigo" buscaba nuevas formas de trasiego de la droga debido a que fuerzas castrenses les habían obstruido sus rutas, "estimándose que comenzaron a utilizar el tráfico hormiga desde los centros de acopio hasta ranchos situados a inmediaciones de la frontera" con Estados Unidos.
En información adicional del "enemigo", el comandante de la Guarnición identificó a la organización criminal La Línea o Los Cachitas, grupo al que pertenecían los hoy desaparecidos. En su instrucción, indicó a sus subordinados que las "tropas amigas" pertenecían a batallones de infantería destacados en Ciudad Delicias y Chihuahua, Chihuahua.Ordenó a sus tropas realizar "operaciones de interdicción y hostigamiento" por medio de puestos de control sorpresivos móviles y fijos; la localización y captura de "blancos"; "materializar los fuegos" con el armamento de sus unidades y el de apoyo del personal desplegado, además de permanecer alertas para la ejecución de operaciones.
La orden militar, acompañada de un croquis del sector castrense implicado, encarga a los soldados apoyarse en el detector molecular GT-200, usado para la intercepción de droga, armas y explosivos, pese a que éste resultó un fraude dentro de la "guerra al narcotráfico" de Calderón.
La "misión" de la tropa fue "capturar o neutralizar a grupos de personas dedicadas a actividades ilícitas y que pretenden alterar la paz y la seguridad de la sociedad en el II Sector Militar", bajo jurisdicción de la Guarnición Militar.
La cadena de mando fue identificada en "Los Puestos de Mando". En orden ascendente aparecen la III CINE, la Comandancia de la Guarnición Militar, los comandantes del OCCH en Chihuahua, Chihuahua, y Ciudad Juárez, y el comandante general de la V Zona Militar, el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien a su vez dependía del comandante de la XI Región Militar, el general Marco Antonio González Barrera. Espitia Hernández es ahora coordinador de asesores del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), a cargo del general González Barrera.
Sin ninguna mención del uso de la fuerza, que tampoco está incluido en la Directiva, la orden de operaciones emitida por el general Aviña determinó que en todo momento se debía actuar con prudencia para "no caer en provocaciones que posteriormente sean causa de falsas imputaciones contra este instituto armado por el supuesto uso excesivo e innecesario de la fuerza".
La Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012 partió de la "visión presidencial" del apoyo de las Fuerzas Armadas a las autoridades locales, antes que de un marco legal. Aunque se refiere a la Constitución Política, a la Ley de Seguridad Nacional y a una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, carece de un ordenamiento legal específico que respalde la "visión" de Calderón de "combatir" a los narcotraficantes.
Para justificar la salida de las tropas de sus cuarteles, echó mano de la Ley de Seguridad Nacional y equiparó las acciones de los narcotraficantes con las amenazas que representan los "actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos en el territorio nacional".
Los jefes militares en todo el país fueron informados del nuevo "concepto estratégico" militar bajo Calderón: "El combate eficiente al narcotráfico demanda de los comandantes amplia iniciativa en todos los niveles, mayor dinamismo, entusiasmo, empeño y dedicación". Y se les ofreció el apoyo de refuerzos de diferentes unidades del Ejército para "aplicar directamente su iniciativa y don de mando".
Como "líneas estratégicas" de acción, la Directiva definió la erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada, aun cuando las dos primeras tienen décadas de ser parte de las actividades del Ejército.
Fijó tres objetivos: destruir la base económica de los narcotraficantes, impidiendo cíclicamente la cosecha de enervantes; inhibir el uso del territorio nacional para el tráfico de drogas, psicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales; y coadyuvar en la desarticulación de las estructuras de la delincuencia organizada.
Con el fin de lograrlos, otorgó a los comandantes del país "amplia libertad de acción para el empleo de los recursos puestos a su disposición". En el caso de la erradicación, propuso centrarse en las áreas y periodos de alta incidencia de cultivo y generar más información de inteligencia.
En lo concerniente a la intercepción de drogas, contempló operaciones en la red ferroviaria nacional y las terminales de autobuses, centrarse en las áreas urbanas de venta y consumo, asegurar laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, y vigilar los pasos formales e informales en las fronteras norte y sur, al igual que los servicios de paquetería.
Para la intercepción aérea resolvió localizar y destruir pistas clandestinas y franjas de terreno empleadas para el aterrizaje, supervisar y controlar la venta y destino de turbosina, gas avión y refacciones en las áreas de alta incidencia.
Las acciones castrenses contra la delincuencia organizada las especificó en cinco escenarios acordes con la situación geográfica y la dinámica de los grupos delictivos. Para cada teatro de operaciones diseñó "esquemas de combate". Un objetivo común para todo el país fue señalar como "blancos especiales" a los hangares, bodegas, empresas de mensajería, de paquetería, estaciones ferroviarias y terminales aéreas y marítimas.
El escenario uno comprendió a los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; territorios donde "se manifiestan actividades de siembra, cultivo, cosecha, deshidratación, traslado a los centros de acopio, trasiego de enervantes y acciones de la delincuencia organizada".
Consideró "blancos especiales", a cargo directamente de la Sedena en la Ciudad de México, a las policías ministeriales, estatales y municipales, a las cuales sometió a revistas extraordinarias de armamento.
El escenario dos incluyó a las fronteras norte y sur, "donde se manifiestan actividades de acopio y trasiego de enervantes y la lucha violenta entre los cárteles para su control", por lo que previó "operaciones de alto impacto de intercepción" con la movilización de tropas terrestres y aeromóviles diurnas y nocturnas, así como operaciones en caminos de primer, segundo y tercer orden para evitar el traslado de enervantes.
En su "esquema de combate" abarcó por el norte a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por el sur, a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En la frontera con Estados Unidos las prioridades fueron las acciones de intercepción, inteligencia, cateos y aseguramiento de presuntos narcotraficantes y drogas, con el apoyo del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, "para actuar en contra de capos y lugartenientes" de los cárteles.
También como "blancos especiales" en tales zonas identificó a las policías ministeriales, estatales y municipales, y previó el aseguramiento del armamento e intervención de los medios de comunicación de esos policías.
En el escenario tres especificó las rutas terrestres de trasiego de drogas: del Pacífico, Golfo, Centro y Transversal, y destacó los aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje, estaciones de ferrocarril, y empresas de paquetería y mensajería.
El escenario cuatro consideró los espacios aéreos y marítimos de detección y seguimiento. Los aéreos los dividió en noroeste, sureste y sur.
El escenario cinco abarca a los estados de la I Región Militar; Distrito Federal, Estado de México, Morelos e Hidalgo, en donde la principal misión del Ejército es la captura de "blancos" dedicados al narcotráfico.