“Nosotros tenemos una denuncia de desaparición de ocho miembros de una misma familia, incluido un abuelo de 80 años”, explica Blanca Martínez, directora del centro de derechos humanos Fray Juan de Larios y portavoz de una asociación de familiares de desaparecidos de Coahuila.
Luego, llamaron al saqueo. Las casas fueron vandalizadas a la vista de todo el pueblo. “Hasta trajeron camiones para llevarse el aire acondicionado”, detalla Armando Luna, el secretario de Gobernación. “Nadie vino; ni la policía ni las autoridades. Había miedo, mucho miedo, eran gente muy mala”, dice una vecina de Piedras Negras. Y finalmente llegó la demolición, ruinas que durante años han recordado a Allende y Piedras Negras quién es la autoridad.
Es martes por la mañana, los bulldozers derriban los muros de una mansión abandonada en Piedras Negras. El mármol blanco, los vitrales, los acabados de caoba caen bajo las máquinas. Es el signo de un cambio. Una autoridad ha decidido acabar con otra. El secretario de Gobernación se mueve entre los escombros junto con el alcalde, Fernando Purón, ambos del PRI.
El lugar, después de la venganza zeta, sirvió durante años de santuario.Los narcos arrojaban cuerpos con recados colgados al cuello. Nadie debía olvidar. Ahora, Armando Luna ha ordenado tirar abajo los restos de las casas saqueadas. Este no es el primer combate simbólico que emprende Luna. Antes tumbó las capillas que levantaron los narcos, fanáticos de los rituales satánicos, en honor de la Santa Muerte. “Me enviaron una oración de muerte y les respondí”, afirma el secretario. Conduce con una mano un cuatro por cuatro. Le sigue una larga escolta armada cuando se le pregunta si teme por su vida, responde: “No me rajaré”.
La organización criminal ha disminuido su control en el Estado de Coahuila, pero su presencia, como la respiración de una fiera, aún se percibe en la frontera. El Z-42 anda siempre cerca. Sus huellas marcan el territorio, algunas con especial fuerza. A siete kilómetros de Allende se encuentra el antiguo rancho del huido Luis Garza Gaytán. Un camino de tierra desemboca en sus caballerizas. Sólo quedan los muros y un suelo de cemento resquebrajado. Alrededor se extiende un inmenso pedregal. Algunos mezquites y encinas resisten en medio de la desolación. A lo lejos se divisan unos nogales, signo de que aquí también corre agua profunda.
En este lugar aislado, donde el sol calcina hasta las piedras, fueron supuestamente asesinados, según las últimas investigaciones, parte de los desaparecidos y sus cadáveres hechos desaparecer en bidones de aceite en llamas. En el suelo aún se ven rastros de aquel fuego oscuro. En este santuario de la barbarie zeta, donde nadie acude sin estar loco o armado hasta los dientes, los gritos de las víctimas no tuvieron quien los respondiera.Tras el crimen, llegó una segunda muerte: la del silencio. Sólo los rumores se fueron extendiendo. Algunos llegaron a las redacciones de los periódicos.
“Lo oí y me pareció inverosímil. Ahora me arrepiento. Pero que no trascendiese da imagen de la magnitud del miedo que imperaba. Es un ejemplo grotesco de lo que ha sucedido en México. ¿Cuántos allendes debe haber?”, afirma el que entonces era director de uno de los más importantes y valientes periódicos de Coahuila. Y si los diarios nada contaron, tampoco los vecinos.
“Los narcos tenían la autoridad, estaban aquí. Mis hijos iban con los suyos al colegio”, explica el alcalde de Piedras Negras, entonces funcionario municipal. Y el primer habitante que se atrevió a denunciar chocó contra el vacío. En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, narra cómo “Los Zetas” se llevaron a su hermana e incluso da detalles sobre los autores. El relato, una bomba en manos de cualquier fiscal, pasó a la Procuraduría, pero nada ocurrió.
La descomposición del poder estatal facilitó a esta impunidad. La titular de la Procuraduría General en Coahuila, Claudia González López, sobre quien debería haber recaído la investigación de la matanza fue destituida un año después al destaparse que daba protección a “Los Zetas”. El secretario estatal de finanzas, Javier Villareal, acabó entregándose en El Paso a las autoridades de EE.UU. por lavado de dinero; y el gobernador interino de la época, Jorge Torres, está ahora prófugo por el supuesto saqueo de las arcas estatales. Su sucesor fue Rubén Moreira, quien había presidido la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados mexicana. Él reactivó la investigación y creó la Subprocuraduría de Desaparecidos.
”Tuvimos la destrucción de más de 40 casas; muchísima gente desapareció y temo que murió. En mi conciencia no va a quedar que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron ayuda y nadie se la dio”, dijo el gobernador.
En enero pasado, una operación de 250 agentes, incluidos federales y militares, localizaron fosas y lugares de incineración. En el rancho de Luis Garza Gaytán descubrieron 300 restos óseos. Fue la primera vez que la autoridad se tomaba en serio el caso. Pero los resultados, seis meses después, aún están a la espera de los análisis de la policía federal, en el Distrito Federal.
“Es una investigación sumamente limitada. En Allende hubo un exterminio. Nos tienen que explicar qué pasó, cómo es posible que desaparecieran 300 personas. Alguien lo permitió, alguien lo ocultó. Hay una complicidad del Estado y sus instituciones, y tiene que salir a la luz”, afirma con energía la activista Blanca Martínez.
En su modesto despacho de la diócesis de Saltillo atiende casi a diario a familias de desaparecidos en el estado. Y no son pocos. En Coahuila hay 1,800 casos. Ni Gobernación ni la Subprocuraduría saben cuántos han podido morir. Lo mismo les ocurre en Allende y Piedras Negras. Confían en que muchos pudieran escaparse, pero carecen de cifras. Es un problema que se repite en otras partes de México, donde el dato oficial de desaparecidos ronda, como mínimo, los 13,000. Esta inmensa asignatura pendiente está generando una enorme ola de descontento.
Detrás de cada uno de esos expedientes hay una tragedia, un secreto y posiblemente una historia de impunidad. Claudia Sánchez de Heath lo sabe. Ella vio por última vez a su hijo Gerardo en la tarde de aquel 18 de marzo en Piedras Negras. El chico, de 15 años recién cumplidos, estudiante de tercero de secundaria y jugador de fútbol americano, se dirigía a casa de unos vecinos, la familia Cruz. Iba a comer pizza con un amigo. Al llegar le alcanzó la desgracia. Todos los Cruz (padre, madre y dos hijos) fueron arrastrados por el vendaval. Y Gerardo con ellos. Le subieron a la fuerza a un auto. La desesperación se apoderó de los padres de Gerardo.
Primero intentaron contactar con “ellos”, tres meses después presentaron denuncia. “No sirvió de nada. El alcalde nos dijo que nuestro hijo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ninguna autoridad nos ha ayudado. ¿Cómo es posible que no haya pasado nada?”.Han transcurrido más de tres años. Claudia Sánchez, la única de los familiares que se atreve a hablar, mantiene la fe en que su hijo esté vivo. “Yo sigo en pie, buscándolo. Cada día hay más gente conmigo”. La mujer confía poco en la ley o la policía, su esperanza viene de otro sitio: organiza rosarios colectivos para implorar por la vuelta de Gerardo. Dice que se lo llevaron por error, que igual lo tienen “trabajando”. Y cuando se le pregunta quién, elude la respuesta, habla de un difuso “ellos”. Luego, con amargura, susurra: “Tú no conoces al enemigo, está en todas partes”. Claudia Heath vive en Piedras Negras, muy cerca de Allende, en la frontera salvaje de México