Por presuntas incongruencias en la evolución del patrimonio y depósitos bancarios de origen desconocido, la Secretaría de la Función Pública (SFP) llamó a comparecer a Juan Carlos de la Barrera Vite, quien fuera empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Procuraduría General de la República (PGR).En un edicto publicado hoy, en el Diario Oficial de la Federación, la SFP detectó que “del análisis a los resultados de las investigaciones para verificar la evolución de su patrimonio que obran el expediente 051/2013, se advierten diversas incongruencias en su patrimonio”.
Se identificó que en el 2010 las cuentas bancarias de Barrera Vite recibieron depósitos de origen desconocido y la dependencia solicitó al acusado que se hagan las aclaraciones pertinentes que justifiquen la procedencia de este dinero.
De acuerdo a su declaración patrimonial, de junio a noviembre de 2010 fue Fiscal Especial en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y su función principal era tratar asuntos relacionados con delitos contra la salud.
De 2005 al 2010 fue secretario de Estudio y Cuenta del Ministro Sergio Valls de la SCJN y del 2000 al 2005 fue secretario técnico de la consejera María Teresa Herrera Tello en el Consejo de la Judicatura Federal.
LOS ANTECEDENTES
Juan Carlos de la Barrera Vite fue detenido el 29 de julio de 2012, con base en una averiguación realizada por la SIEDO, cuyo titular era José Cuitlahuac Salinas, en la que señaló a Barrera Vite y otros seis funcionarios como parte de una red de corrupción que filtraba información al cártel de Sinaloa.
En ese entonces, el exfuncionario trabajaba en la Dirección de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue trasladado al penal federal de Matamoros y 7 de agosto, de ese año, le dictaron auto de formal prisión.
De acuerdo con la PGR, Barrera Vite proporcionó información de testigos protegidos y de expedientes penales a la célula del cártel, que era comandada por Felipe Cabrera Sarabia El Inge.
En 2013 los abogados del exfuncionario denunciaron anomalías y abuso por parte de los testigos protegidos, además que su cliente fue el único de los siete implicados que no fue citado a declarar.
Los testigos, identificados como “Libre” y “X” comparecieron ante la extinta SIEDO y el Ministerio Público acusaron a su Barrera Vite de filtrarles información y recibir un pago por 60 mil dólares y otro de 200 mil pesos.