Todos estudiaban en el Instituto Tecnológico de Acapulco y eran bien vistos en su escuela y en sus círculos sociales, pero formaban una banda de secuestradores y asesinos que demostró una crueldad extrema y una absoluta falta de escrúpulos. Secuestraban a sus compañeros de la universidad y, aun cuando cobraban el rescate, los mataban para que ellos no pudieran identificarlos. Vienen de familias con influencias, por lo cual los padres de las víctimas temen que pronto queden en libertad… y busquen vengarse.
La noche del 4 de enero de 2013 la señora Elisa recibió una llamada telefónica de unos desconocidos quienes le dijeron que tenían secuestrado a su hijo Arturo Ríos Ceballos, de 18 años y estudiante de ingeniería del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA). Le pedían un rescate de 800 mil pesos.
Doña Elisa sólo pudo reunir 45 mil pesos. Los secuestradores aceptaron esa suma. Le pidieron que se vistiera de blanco y fuera a dejar el dinero –en una bolsa de plástico– a una calle solitaria que le indicaron. Cumplió las instrucciones, pero jamás le devolvieron a su hijo.
Tres días después, el 7 de enero, fue hallado el cadáver del muchacho. La madre fue a identificarlo al Servicio Médico Forense. Lo habían ahorcado con una cuerda después de haberlo torturado.
Doña Elisa recordó la última conversación telefónica que tuvo con su hijo, el mismo día de su secuestro: él dijo que una amiga del ITA, Leslie Cahori Jiménez García, lo había invitado insistentemente a su casa. La madre de Arturo levantó una denuncia penal y ahí mencionó ese hecho.
La policía localizó e interrogó a Cahori y descubrió en su teléfono celular videos de jóvenes siendo sometidos a tortura. Ella confesó que pertenecía a una banda de estudiantes del ITA dedicada a secuestrar y asesinar a sus propios compañeros. Entre sus víctimas estaba Arturo Ríos.
Pronto se capturó a los nueve integrantes de la banda homicida. En los celulares de todos ellos había videos de jóvenes torturados que enviaban a los familiares de las víctimas para amedrentarlos; también había registro de las llamadas en las cuales pedían los rescates.
Todos ellos, estudiantes del ITA, tenían buenas calificaciones, su conducta era irreprochable y no tenían vicios… Parecían buenos muchachos.
Entre 2010 y enero de 2013 la “Banda de los Cahori” –como se conoce en el puerto– secuestró y asesinó a unos 39 jóvenes acapulqueños, según cálculos de familiares de las víctimas.
Su modus operandi era el siguiente: primero escogían a alguno de sus compañeros, lo invitaban a salir, lo llevaban a una casa de seguridad y ahí lo secuestraban. Luego de obtener el rescate lo ahorcaban con un cable de luz y lo descuartizaban con un hacha. Tiraban sus restos en algún lugar. Solían ir a los funerales de sus víctimas para dar el pésame a las familias.
Doña Elisa –cuya denuncia hizo caer a la banda– comenta en la sala de su casa, junto a la foto enmarcada de su hijo: “Leslie Cahori era muy amiga de mi hijo, seguido venía aquí a la casa. Nunca imaginé que ella y otros amigos de la universidad cometieran ese crimen tan perverso. Ya después, conforme avanzaron las investigaciones, hemos calculado que mataron a unos 39 jóvenes. Mi hijo fue el último. Filmaron su tortura en uno de sus celulares. Todavía no doy crédito. Es algo espantoso”.
–¿Pertenecían a algún cártel del narcotráfico?
–No. Actuaban por cuenta propia. Y ellos mismos declaran que el dinero de los rescates lo usaban para darse buena vida: comprar ropa, buenos carros, irse de vacaciones y cosas así. Su objetivo era obtener dinero. Y se veían obligados a matar porque sus secuestrados los conocían.
–¿Gracias a su denuncia se detuvo a la Banda de los Cahori?
–Sí. Era una banda que llevaba unos tres años operando. Mi denuncia hizo que dieran con ella y arrestaran a sus integrantes, quienes fueron soltando los nombres de algunas de sus víctimas y los familiares de éstas empezaron entonces a poner denuncias penales.
–¿Se conocen entre sí las familias de las víctimas? ¿Están actuando en conjunto?
–Mire, hay familias que no denuncian por temor, prefieren mantenerse al margen; algunas hasta huyeron de Acapulco. Respetamos su decisión. Pero ya hemos logrado juntarnos las familias de seis víctimas. En grupo estamos exigiendo justicia pues vemos que los miembros de la banda todavía no reciben sentencia, a pesar de que ya confesaron sus crímenes. Los detuvieron hace año y medio y aún siguen en proceso.
Una de las familias que se atrevió a denunciar fue la del joven Martín Ríos Chávez, estudiante de comunicación secuestrado en mayo de 2012. La familia pagó 350 mil pesos de rescate. Al cadáver del joven lo tiraron atrás de una gasolinera de la colonia Las Cruces.
Su madre, la señora Leonor, cuenta su drama: “Mientras tenían secuestrado a mi hijo recibimos un telefonazo de los secuestradores que nos dijeron: ‘Salgan afuera de su casa, ahí van a encontrar un chip de celular’. El chip contenía un video donde estaba mi hijo amarrado y con los ojos vendados. Alguien le ponía un cuchillo al cuello. Mi hijo gritaba de miedo. Pagamos el rescate pensando que nos lo entregarían con vida. Pero no. Lo mataron con una saña brutal; de nueve puñaladas en el corazón.
“En sus funerales estuvo Leslie Cahori. Nos dio el pésame como lo hacía con las demás familias de sus víctimas. Ocho meses después, una conocida me habla por teléfono y me avisa: ‘Ya detuvieron a la banda que mató a tu hijo y a otros más. Acaba de confesar sus crímenes. Chécalo en internet’. Me llevé la gran sorpresa al ver ahí a Cahori, la amiga de mi hijo. Resultó ser la principal enganchadora del grupo.”
–¿Sabían los directivos del Instituto Tecnológico de Acapulco que ahí había una banda de secuestradores?
–Corren versiones de que algo sabían pero no se atrevían a denunciar porque se echarían de enemigos a los Cahori y se desquitarían con los maestros. De por sí hubo el caso de un maestro quien logró impedir que le secuestraran a un hijo, pero no quiso denunciarlos por temor. No sabemos realmente el número de víctimas ni el de familias afectadas.
“Modus operandi”
Además de Leslie Cahori –la única mujer–, la banda estaba compuesta por otros ocho jóvenes: Luis Gerardo Gálvez Orihuela, El Güero; Marco Antonio de la Sancha Orihuela, El Marco; Josué Méndez Orozco, El Tío; Luis Enrique Abaunza Salazar, El Cuajo; Seth Jaramillo Romero, El Zetín; José Roberto Juárez del Carmen, La Cuija; Fernando Arizmendi Cruz, El Chiche; y Alexis Monsalvo Jaramillo, El Lalas.
Varios de ellos se conocieron desde que estudiaban bachillerato en el CETIS 116. La mayoría ingresaría después al ITA, donde se consolidaron como banda. Según sus declaraciones, contenidas en la averiguación previa FECIS/004/2013, cada uno tenía asignada una función específica en el grupo:
La función de Cahori era “poner a sus conocidos que tengan dinero para poder pagar un rescate”. También “darles de comer a sus víctimas una vez que las tienen en la casa de seguridad”.
El Güero –considerado jefe de la banda– decidía “qué hacer con los secuestrados y la cantidad de dinero que se va a pedir”. También negociaba con las familias. El Marco recogía el rescate. El Tío se encargaba de matar a las víctimas. El Chiche, El Zetín y La Cuija disponían de los cadáveres.
En su declaración ministerial, El Marco relató cómo operaban y ejemplificó con el secuestro de Érika Lizbeth Chávez Victoria, en octubre de 2010 y uno de los primeros crímenes del grupo.
Cuenta: “Cahori llevó bajo engaño a Érika a una casa de seguridad… Como en todos los secuestros, era llevar bajo engaño a las personas a la casa de seguridad y ya en el interior las amarrábamos. Y como las víctimas eran conocidas de nosotros las teníamos que matar. Érika era una estudiante del tecnológico. También a Érika decidimos matarla… (por su rescate) únicamente dieron la cantidad de 30 mil pesos… yo nada más vigilaba o halconeaba al momento del rescate”.
En sus declaraciones por separado los jóvenes detallaron los casos de otros secuestrados a quienes también asesinaron: entre otros Brian Moisés Dorantes, Alder Uriel así como “un homosexual de apellido Gervasio”, e incluso “un niño y una muchacha” cuyos nombres no proporcionaron.
Solían ahorcar a sus víctimas con un cable de luz o una soga. A veces las descuartizaban. Usaban un hacha para cortar la cabeza y un machete para desmembrar el resto del cuerpo. Usualmente metían los cuerpos descuartizados en bolsas de plástico para luego tirarlos.
El Zetín contó que a Brian Moisés lo tuvieron “cuatro días secuestrado”. Luego decidieron que “lo íbamos a despedazar”. Pero primero El Cuajo y Cahori “lo ahorcaron con cables”, mientras lo mantenían amarrado de manos y pies con una cinta industrial gris. Después “El Tío lo descuartizó con un hacha”. El cuerpo lo fueron a tirar a “la colonia Libertad en tres costalillas, mientras yo les echaba aguas”.
La casa de seguridad donde tenían en cautiverio y mataban a sus víctimas está en la calle Gabriel Cruz Díaz, lote 1, manzana 2, de la colonia Balcones de Costa Azul, en Acapulco. Pagaban 6 mil pesos mensuales de renta.
Influyentes
En el expediente también aparecen los informes de los peritos en criminalística de campo que inspeccionaron la casa, así como los estudios de química forense y dactiloscopia. Con la prueba de luminol detectaron diferentes rastros hemáticos en las recámaras, la cocina, el baño, los lavabos, las tuberías y especialmente en el “hacha con mango de madera” que encontraron en el lugar.
También se les hicieron estudios psicológicos a los detenidos. El de Leslie Cahori –de 20 años, estudiante de ingeniería en gestión empresarial en el ITA– dice textualmente:
“Posee una preocupación por sí misma, ansiedad, dependencia, inseguridad, aislamiento, agresión, preocupación ambiental, persona con defensas sanas, con angustia y con sentimientos de inferioridad, timidez y de desvalorización, teniendo una actitud atenta, participativa ante la entrevista, coherente y congruente, con lenguaje adecuado.
“Persona que viene de una familia disfuncional, actualmente vive con su mamá, ocupa el cuarto lugar de cinco hijos; no toma ni se droga.”
Con excepción de Luis Gerardo Gálvez Orihuela, quien ocasionalmente bebía alcohol, los demás integrantes del grupo no consumían tabaco, alcohol ni drogas, y todos se declaraban creyentes, según sus fichas criminales. A algunos de ellos los avalaban constancias de buena conducta expedidas por la universidad y grupos de vecinos.
Incluso el pastor Ricardo Bibiano le expidió una “carta de buena conducta” –fechada el 14 de enero de 2013 y con el membrete de la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Mexicana– a Luis Enrique Abaunza, de quien dice: “Es un joven honesto y de buena conducta al cual conozco desde su niñez, y no tengo inconveniente en declarar que es un joven respetuoso de la doctrina y ha crecido dentro de los lineamientos del evangelio”.
Los familiares de las víctimas coinciden en que, en efecto, los muchachos eran estudiantes responsables y sin vicios, algunos provienen de respetables familias acapulqueñas. Y a Leslie Cahori la veían como una “jovencita tierna y cariñosa” que solía ir a visitarlos a sus casas.
La Banda de los Cahori está detenida en el Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco y sujeta a un proceso que se ha ido demorando.
Los familiares de las víctimas sospechan que el retraso obedece a que los Cahori ya lograron comprar a las autoridades judiciales guerrerenses. Por ello hacen gestiones para que el caso lo atraiga la Procuraduría General de la República (PGR).
Comenta la señora Elisa: “Algunos miembros del grupo son hijos de gente con influencias, incluso tienen abogados en la familia. Sabemos que en prisión gozan de privilegios. No se les ha dictado sentencia siendo que son asesinos confesos y todas las pruebas los inculpan. Las autoridades de Guerrero están retrasando el proceso sólo para favorecerlos”.
–¿Qué maniobras utilizan para provocar este retraso?
–Llevan meses diciéndonos que todavía les falta reproducir y analizar los videos y los mensajes que la banda tenía guardados en sus celulares. Nos prometen que pronto vendrán unos peritos a realizar esa prueba pericial. Son puros pretextos para bloquearnos. Pedimos un proceso justo. Por eso ya realizamos gestiones para que la PGR atraiga el caso.
Doña Leonor comenta: “Así como son de corruptas las autoridades de Guerrero, existe el riesgo de que los Cahori queden libres. ¿Y sabe qué nos pasará entonces a nosotros? Esos muchachos vendrán a matarnos, como ya lo hicieron con nuestros hijos”.