Michoacán.- Policías que llegaron a Michoacán para formar parte de las filas de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia algunos son ex convictos, otros tienen un largo historial delincuencial, sin embargo, para ellos no hay exámenes de confianza y ni siquiera han pasado por el Instituto de Formación Policial para ser Acreditables.
Estos delincuentes con “charola”, ocupan cargos importantes como en el caso de Carlos Alberto Cedano Filippini, quien de acuerdo a fuentes allegadas a la Secretaría de Seguridad Pública, causó alta el 16 de enero de este año 2014 como Coordinador de Regiones.
Este sujeto fue comandante de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría General de la República, y estaba destacado en Mexicali, Baja California, de donde desertó para huir al vecino país del norte donde, posteriormente, sería detenido por la DEA en poder de 600 mil dólares de los que nunca pudo acreditar su procedencia.
Junto con él cayó el también policía de la AFI y que era su subalterno Víctor Manuel Juárez Cruz. Las autoridades norteamericanas implementaron un operativo en la ciudad de West Covina en el mes de julio del 2008, por lo que en aquella ocasión la PGR dio a conocer, a través de un boletín de prensa, que ambos sujetos fueron señalados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/070/2009.
La información revela que los ahora ex policías de la AFI habían sido entregados a la PGR en México el 7 de abril del mismo 2008, una vez que obtuvieron su libertad tras cumplir una condena por narcotráfico, ya que ambos sujetos se confesaron responsables de tener en su poder cientos de miles de dólares que obtuvieron en el tiempo que trabajaron para el crimen organizado y que llevó a las autoridades de Estados unidos al aseguramiento de 600 mil dólares.Primero, el entonces comandante de la AFI se escondió en la capital mexicana debido a que era buscado por grupos contrarios del narcotráfico al que trabajaba, para matarlo, ya que sus elementos Gerardo Durán Treviño y Gerardo Antonio Mendoza Reyes, el sábado 26 de julio del mismo 2008, cayeron acribillados por un comando armado cuando salían de un restaurante de comida china. Se presume que iban por Cedano Filippini, quien les había prestado su vehículo.
Estuvieron presos durante ocho meses en una cárcel de Estados Unidos, hasta que se los entregaron a la PGR y posteriormente el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, dictó auto de formal prisión contra los ex agentes federales de investigación Carlos Alberto Cedano Filippini y Víctor Manuel Juárez Cruz, acusados de enriquecimiento ilícito.
El proceso penal es el número 10/2009, quedando señalado que tanto el comandante como su elemento están implicados en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir por sí bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de impedir conocer el origen de dichos recursos, y enriquecimiento ilícito.
Las pesquisas que realizó el fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, permitió esclarecer que durante el tiempo en que Cedano Filippini y Juárez Cruz se desempeñaron como agente federales de investigación adscritos a la subsede de la AFI en Mexicali, Baja California, protegieron a sicarios al servicios de los cárteles de la droga y obtuvieron fuertes sumas de dinero por sus servicios, según los antecedentes que aún existen en la PGR y que están sustentadas también en notas periodísticas.
También se sabe que Carlos Alberto Cedano Filippini, en el año 2007, se desempeñó como supervisor operativo de los agentes AFI en el estado de Jalisco y Víctor Manuel Juárez Cruz era su brazo derecho, además de que por igual estuvieron destacados en Veracruz, Tabasco y Baja California.
El día de la detención del comandante Carlos Alberto, iban con él su esposa Julisa López y su cuñado Héctor Manuel López, quienes también quedaron detenidos y de ello se derivó el expediente BA 344339 que permitió a las autoridades estadounidenses iniciar una investigación sobre conspiración para tráfico de estupefacientes que involucra directamente a Cedano Filippini y a su inseparable escolta Juárez Cruz, quienes no pudieron comprobar la posesión de los cientos de miles de dólares.
El 19 de mayo del 2009, la PGR en la ciudad de México emitió el comunicado número 535/09 que revela que el agente del Ministerio Público de la Federación de la entonces SIEDO, ahora SEIDO, dentro de la averiguación previa penal número UEIORPIFAM/AP/070/2009, obtuvo del Juzgado Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, la ampliación de arraigo por 40 días en contra de Carlos Alberto Cedano Filippini y Víctor Manuel Juárez, para continuar con las investigaciones que los relacionan con la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, Cedano Filippini es Coordinador de Regiones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y fue dado de alta el 16 de enero del 2014, lo que claramente deja marcada la impunidad con la que “trabajan” los policías que llegaron a Michoacán procedentes del Estado de México y otros puntos del país, ex convictos y con largos historiales delictivos.
Por su parte, publicaciones periodísticas del Estado de México del 6 de octubre del 2011, revelan que un sujeto de nombre Oscar Osvaldo García Montoya, quien era el líder de la organización criminal “La Mano con Ojos”, a quien le apodan El Compayito, declaró ante las autoridades de la entonces Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada, tras ser detenido en un operativo, que los policías que le catearon su casa, entre éstos el entonces Coordinador General de la Policía Ministerial de la procuraduría mexiquense, Rogelio Arredondo Guillén, robaron 500 mil dólares y dos millones de pesos así como 18 kilogramos de cocaína.
Por esta situación, la PGR había iniciado las investigaciones, e incluso, iban a solicitar al entonces procurador, Alfredo Castillo Cervantes, actual comisionado para la seguridad de Michoacán, que presentaran a varios de los elementos involucrados en estas acciones.
Rogelio Arredondo Guillén fue policía municipal en Tijuana, Baja California y, a invitación de José Martín Godoy, ex fiscal de Netzahualcóyotl, actual procurador de Justicia de Michoacán, llegó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México con el grado de primer comandante.
Arredondo Guillén fue dado de baja en Tijuana, Baja California, por haber ayudado a dos “polleros” a escapar, los cuales estaban detenidos en la población de Mesa de Otay en marzo del 2006, incluso, fue consignado por el Ministerio Público Federal por el delito de evasión de traficantes de personas.
Durante su estancia en la procuraduría mexiquense, Rogelio Arredondo fue acusado de brindar protección a sicarios al servicio de los grupos criminales autodenominados La Familia Michoacana o Caballeros Templarios, además de conseguir fuertes sumas de dinero a manera de extorsión con supuestos operativos en los que les sembraban droga a los dueños de los bares.
Rogelio Arredondo Guillén, actualmente ocupa un cargo de primer comandante de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y la forma de trabajar en esta entidad es igual a la que realizó en el estado de México, es decir, con siembra de drogas a empresarios de los bares y extorsiones, sin que existan registros de las detenciones, pues todo lo arreglan y les resuelven la situación jurídica de los inculpados, ante los ministerios públicos de la misma institución que representan.
Para no variar, como titular de la Subprocuraduría General de Justicia con sede en la ciudad de Zamora, Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes invitó a Liliana Guadalupe Rosillo Herrera, quien se desempeñara como Fiscal de Feminicidios de Tlalnepantla y también como Delegada de la PGR en Tlaxcala con un negro panorama.
La funcionaria, quien también trabajó como directora de Gas en la Procuraduría Federal del Consumidor en la ciudad de México, se ha caracterizado por su prepotencia con el personal a su cargo.
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