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| MALOVA Y TOLEDO, Las sombras del narcotrafico |
Había asistido a la fiesta por invitación de un amigo, también sinaloense, avecindado en Tamaulipas desde muchos años antes, empresario y político. El convivio era en una de las fincas de Tomás Yarrington Ruvalcaba, que acababa de asumir la gubernatura de la entidad. Apenas intentaba acomodarse en una de las mesas, cuando miró que alguien le llamaba con las manos. Era Juan José Esparragoza Moreno, el Azul. Se sorprendió. “¿Quiúbole compadre, que andas haciendo por aquí?” Trabajando compadre, trabajando.
Eran los tiempos en que dominaba la entidad el cártel del Golfo, al mando de Osiel Cárdenas Guillén, sin que todavía estuvieran confrontados con el cártel de Sinaloa. Por distintos puntos de la frontera de Tamaulipas con Texas pasaba droga de Ignacio el Nacho Coronel, del Azul, de Vicente Carrillo Fuentes, y había que garantizar la continuidad del negocio.
Yarrington, se supo después, se comprometió, a cambio de dinero, con todos los grupos que se le acercaron. Gobernó de 1999 a 2004; ahora es un perseguido de la justicia y hasta ha sido acusado por la DEA de ser el autor intelectual del asesinato del candidato a la gobernatura Rodolfo Torres Cantú, en junio de 2010.
Priista de cepa, Tomás Yarrington parece tener fuero, pues, a pesar de que en la PGR existe la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, las pesquisas contra el ex gobernador no avanzan o, al menos, eso parece. El gobierno norteamericano lo declaró prófugo de la justicia y ha empezado a embargar sus bienes, mientras en México la PGR parece inmovilizada.
No es el único; su sucesor, Eugenio Hernández Flores, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010, también ha sido señalado por la DEA de haber recibido sobornos de los Zetas, que emergieron como cártel en ese periodo y con su base principal en esa entidad. Y acaban de revelarse acciones en los estados Unidos —no en México— contra el ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Y se supo, hace algunas semanas, que un hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, aparece en una fotografía con Servando Ramírez, la Tuta, jefe de Los Templarios.
Lo que llama la atención en esta vorágine de información relacionada con la narcopolítica, es que no se haga público ningún elemento que tenga que ver con lo que ocurre en Sinaloa, la cuna de este negocio. Si los capos sinaloenses hacen negocios con gobernadores de Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Morelos… sería ingenuo pensar que no los hacen con los gobiernos, estatales y municipales de Sinaloa. A menos que lleguemos al grado de asumir como un hecho que, en realidad, los que gobiernan aquí son ellos y no los hombres y mujeres que se eligen en las urnas.
El gobernador que más sintió la lumbre en los talones fue Antonio Toledo Corro, cuando el embajador de Estados Unidos en México, con información de la DEA, sugirió, todavía siendo gobernador, que era amigo de Manuel Salcido Uzeta, el Cochiloco, y que aviones cargados de cocaína bajaban en Las Cabras. Pero nada pasó.
En 2004, cuando asesinaron en Culiacán a Rodolfo Carrillo Fuentes, se destapó la cloaca en que se había convertido la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, y se ventiló la especie de que el entonces gobernador, Juan Millán Lizárraga, estaba siendo investigado por la DEA. Uno de sus hombres de más confianza, Luis Pérez Hernández, asesinado al iniciar el Gobierno de Mario López Valdez, se reunía seguido con narcotraficantes, entre ellos Vicente Zambada Niebla, con quien compartía su gusto por los animales exóticos. Tampoco pasó nada.
Ninguno de los gobernadores, de Toledo para acá ha escapado a la sospecha, ni Francisco Labastida Ochoa. Hasta que detuvieron a Miguel Félix Gallardo, en 1989, Ismael Zambada García despachaba por la calle Vallarta, donde ahora es un jardín de niños boletinado por el Tesoro de los Estados Unidos, a doscientos metros de la Policía Ministerial. El jefe de la corporación, Arturo Moreno, fue detenido como parte de la operación contra el Padrino, pero nunca se actuó contra el gobernador.
Junto a los gobernadoreso impulsada por ellos, se ha desarrollado en Sinaloa una clase política ligada estrechamente al narcotráfico. Diputados locales y federales, regidores, jefes policiacos, agentes del Ministerio Público, senadores, se han beneficiado y han estado bajo el manto del narco. Del actual gobernador, por ejemplo, lo menos que se ha dicho es que ganó la elección con los votos del cártel de Sinaloa. Pero aquí nunca ha pasado nada.