El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) buscar y entregar a un particular el soporte documental de las causas penales y delitos que se imputan a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán.
La PGR también deberá entregar registros o documentos sobre la difusión de sus acciones o de control de los asuntos a su cargo, como boletines de prensa e, incluso, las resoluciones judiciales en las que se adviertan las sentencias por las que El Chapo se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, antes de fugarse de ahí, en enero de 2001.
Cuando el particular solicitó información sobre las causas penales y delitos en contra de Joaquín Guzmán Loera, la PGR respondió que la información estaba reservada, sin embargo, señaló que turnó la solicitud a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Esa área refirió al particular que las averiguaciones previas en trámite, en reserva, o en las que se haya determinado la consignación del presunto responsable, así como todos aquellos documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, que se encuentren relacionados con éstas, “son de carácter reservado”.
Además, advirtió que la información podía ser proporcionada por el Poder Judicial de la Federación, ya que éste debe hacer públicas las sentencias cuando hayan causado estado o ejecutoria.
Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el Ifai, mismo que fue turnado al comisionado Ángel Trinidad Zaldívar.
Durante los alegatos, la PGR reiteró la clasificación de la información al argumentar que Guzmán Loera es uno de los principales líderes de la delincuencia organizada, quien aún se encuentra prófugo de la acción de la justicia.
Dar cuenta de las causas abiertas o cerradas instruidas, abundó la PGR, “es ponerlo en alerta de las investigaciones en su contra”.
Al realizar el análisis jurídico del caso, Trinidad Zaldívar señaló que “es del conocimiento público” que El Chapo se encuentra prófugo de la justicia, ya que existen boletines de prensa oficiales en los que se informó sobre los procesos o causas penales en los que se le sentenció a más de veinte años de prisión.
Además, refirió que en el sitio electrónico del “Programa de recompensas” se difunden los delitos por los que se le busca y existe un acuerdo a través del que se ofrece una recompensa a quien proporcione información útil para su captura.
El comisionado ponente demostró así que no se requiere acceso a una o varias averiguaciones previas, o a los documentos que obran en los expedientes de éstas para proporcionar al particular la información solicitada.
Se trata, dijo, de actuaciones efectuadas por la PGR en relación con hechos pasados, a constancias de indagatorias que incluso la propia dependencia ha dado a conocer, por lo que “no se afectan las atribuciones del Ministerio Público de la Federación”.
Por ello propuso al pleno revocar la clasificación general invocada por la PGR e instruirla a entregar la información relacionada con las causas penales y los delitos que se le imputan a El Chapo Guzmán.