Contra su voluntad, el Gobierno mexicano ha tenido que actuar ante las crecientes evidencias de una posible matanza de civiles perpetrada por el Ejército, pero se encamina a culpar a "soldados desobedientes" para evadir cualquier responsabilidad política.
Sin explicar aún qué pasó la madrugada del 30 de junio en el poblado San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, ya dirigió la atención a militares de infantería de bajo rango participantes en lo que cada vez más toma la forma de una ejecución sumaria de 21 presuntos delincuentes que se habían rendido, más el abatimiento de otro que habría muerto en condiciones de enfrentamiento, según los testimonios e imágenes publicadas por la prensa nacional e internacional.
La noche del pasado jueves 25, luego de que Proceso diera a conocer en su portal electrónico que ese día un grupo de soldados rasos más un teniente habían sido consignados ante un juez castrense, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado Sexto militar.
La Sedena agregó que sus elementos quedaron "internos" en la prisión del Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar —sin explicar en qué consistió ésta—, desobediencia e infracción de deberes. Precisó que el último de los cargos sólo aplica para el oficial. Los acusados están recluidos en un sector conocido como "las negras", por lo reducido y oscuro del espacio.
El reportero Arturo Rodríguez había adelantado la información y pronto fue reproducida en distintos medios, ante el silencio inicial del Ejército. La Sedena se vio obligada a informar, tal y como había ocurrido una semana antes, luego de que la administración de Barack Obama hiciera una declaración pública en la que le pidió al gobierno de Peña Nieto una investigación verídica de lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México.
Sedena, que se había empeñado en sostener que el abatimiento de los presuntos delincuentes ocurrió a raíz de un enfrentamiento durante un patrullaje militar, indicó que la intervención de la justicia castrense era independiente de las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero el comunicado de la Sedena amplió las dudas.
DEBIÓ HABER UNA ORDEN
Según el abogado Félix Garza, litigante ante la justicia militar, la Sedena debe demostrar el motivo de la presencia de los soldados en el lugar de los hechos y especificar si se trató de un patrullaje rutinario u obedeció a una orden específica.
La diferencia es importante porque en el primer caso, un pelotón —integrado por 11 elementos y un mando— sería suficiente. Pero si se trató de un operativo, entonces fue necesaria la participación de más de un pelotón y ante todo debió existir la orden de un mando, dice Garza en entrevista telefónica.
Asegura que ante su insistencia de que se trató de un enfrentamiento, el Ejército tendrá que demostrar cómo y quién inició la agresión para acreditar que en realidad repelió; respecto a la desobediencia, tiene que demostrar cuáles fueron las órdenes y de quién.
"En una orden, por muy orden que sea de un superior, si mi sentido común me dice que me estoy pasando, no estoy obligado a respetarla, a menos que demuestre que mi superior por vía de hechos me amenazó con lastimarme o privarme de la vida. En estos casos, los insultos a los subordinados son muy comunes", dice.
A la tropa se le ha estado capacitando respecto a los mínimos exigidos en materia de derechos humanos a fin de que evite problemas. "No es que se pongan en contra de su superior, sino de que se protejan, que no pasen de determinada línea".
La situación es peor si los presuntos delincuentes ya se habían rendido. Según una testigo de los hechos, quien dio su versión a la revista Esquire, los militares habrían ejecutado a 21 de las 22 personas después de que habían depuesto las armas tras un tiroteo con los militares. La agencia estadounidense de noticias AP, diez días después de los hechos, reportó la existencia de indicios de lo que describió como un fusilamiento.
"Si el teniente que está presentado ante la justicia militar dictó esa orden, se trata de abuso de autoridad con el agravante de homicidio en cualquiera de los grados. Pero como esto es muy difícil de demostrar, el Ejército tiene que abrir a la Procuraduría General de la República (PGR) los reportes elaborados el mismo día de los hechos, empezando por el que hizo el teniente", explica Félix Garza.
DELITOS AGRAVADOS
Sobre la posible identificación de responsabilidades, dice que además de ése, debe haber otros reportes elaborados por mandos de la 22 Zona Militar, a la que pertenecen el oficial y los soldados detenidos.
Como comandante del grupo involucrado, el teniente debió informar a sus superiores. La prueba de que eso ocurrió es que la propia Zona Militar fue la que elaboró el comunicado de prensa difundido el 30 de junio, el mismo día de los hechos.
La 22 Zona Militar tiene sede en Toluca, Estado de México, y está al mando del general de brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM) José Luis Sánchez León. Está adscrita a la I Región Militar, con sede en el Distrito Federal, bajo la comandancia del general de división DEM Jaime Godínez Ruiz. La región abarca además del Distrito Federal, al Estado de México, Morelos e Hidalgo.
Garza explica que los delitos por los cuales están presentados los militares tienen penas de hasta ocho años. Pero como consecuencia de lo que para la Sedena fue una infracción, en el caso del teniente el delito se agrava y alcanza una máxima de 60 años, por tratarse de un servidor público.
En el caso de la tropa, en el Código de Justicia Militar la máxima es de 20 años, que es la sustitutiva de la pena de muerte, pero la justicia civil puede aumentar la condena. Por lo pronto, a todos se les suspende la mitad de sus haberes.
Señala que la Procuraduría General de Justicia Militar puede actuar independientemente de las indagatorias de la PGR. "Si como procuraduría militar tiene conocimiento de que hombres del Ejército pueden estar involucrados en hechos delictivos, su obligación es comenzar la indagatoria. Posteriormente, por competencia se entrega el caso a la autoridad del fuero común o federal. Por lo pronto, detiene a los implicados. Siempre ha sido así, sobre todo en casos de derechos humanos y delincuencia organizada".
Aunque no hay reportes de que los familiares de las víctimas se presentaran a reclamar los cuerpos, el abogado dice que se pueden presentar en el juicio como víctimas secundarias.
DESCRÉDITO
El caso Tlatlaya acompañó al presidente Enrique Peña Nieto a su reciente viaje a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde el lunes 22 aseguró que la PGR "responderá" a lo ocurrido. Habían pasado apenas 72 horas desde que el gobierno estadounidense le había pedido públicamente al de México que aclarara el caso luego de casi tres meses de silencio.
Con un gobierno que a fuerza de revelaciones periodísticas ha tenido que reaccionar en un caso que pretendía superado, Peña Nieto anunció en las Naciones Unidas que los militares mexicanos estaban dispuestos a participar en operaciones de mantenimiento de la paz, con labores humanitarias donde los Estados miembros de la ONU afectados lo soliciten.
La paradoja es la crisis de imagen en la que se encuentra el Ejército Mexicano por los señalamientos de Tlatlaya. El caso dio un giro el jueves por la noche con la detención de los militares de rango inferior. A las pocas horas surgieron nuevos elementos de una posible masacre. En su edición del viernes 26, el diario La Jornada publicó que 14 de las 22 personas muertas a manos del Ejército habrían sido colocadas a menos de un metro de una de las paredes de la bodega donde la Sedena asegura que se dio el enfrentamiento. Después de esa formación, los militares les habrían disparado a corta distancia.
A partir del análisis forense de las fotografías entregadas por la agencia MVT, que a su vez dice haberlas recibido de forma anónima, el diario señaló que para que las balas de un fusil M-1 dejen perforaciones como las que se ven en las fotografías, debieron haber sido disparadas a menos de 30 centímetros del blanco. Aseguró que todos los cuerpos presentan disparos a la altura del pecho y el abdomen.