Enrique Peña Nieto llega a su Primer Informe de Gobierno con al menos 13 mil 775 ejecuciones. Los decapitados, desmembrados, colgados, encajuelados, desenterrados de narcofosas con el tiro de gracia o caídos en enfrentamientos entre los cárteles y policías están a la vista de todos, pese a la estrategia del gobierno peñista de ocultar la información.
A principios de marzo de 2013, cuando Peña Nieto cumplía 100 días de gobierno, Zeta advirtió sobre su estrategia de silencio y desinformación.
Pese al candado informativo, para documentar las 13 mil 775 ejecuciones Zeta recurrió a los instrumentos gubernamentales –incluyendo los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República (PGR) y el IFAI– y se contrastó la información oficial con los servicios forenses de diversas entidades, con funcionarios que proporcionaron datos –a condición de mantener su anonimato–, asociaciones civiles y medios locales.
Como parte de la estrategia federal, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pronunció un discurso triunfalista el 8 de febrero de 2013 y anunció una imaginaria disminución en el número de asesinatos: “En lo que respecta a homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada se registró una disminución de 35 casos, al pasar de mil 139 en diciembre pasado a mil 104 en enero”.
El discurso siguió con las estadísticas de febrero: “En lo que respecta a los homicidios dolosos relacionados con delitos federales, se registraron 914”. El pasado 12 de abril la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que “en lo que respecta a los homicidios dolosos relacionados con delitos federales, se registraron mil 101” en marzo. La misma dependencia dio los datos preliminares del periodo del 1 al 30 de abril de 2013: “Mil 47”.
Después expuso que en mayo pasado hubo 954 “homicidios dolosos relacionados con delitos federales” y que en junio fueron 869.
En total el gobierno de Peña Nieto reconoció nada más 7 mil 128 “homicidios dolosos relacionados con delitos federales” entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013.
Se esperaba que el 9 de agosto la Segob difundiera sus estadísticas de asesinatos del narco, pero el subsecretario de Normatividad de Medios y vocero del Gabinete de Seguridad, Eduardo Sánchez Hernández, advirtió: “No vamos a continuar haciendo la diferenciación de homicidios que están vinculados a delitos federales”.
Los punteros
Los 7 mil 128 homicidios dolosos contabilizados por el gobierno federal están lejos de la realidad. Zeta hizo un recuento de homicidios relacionados con el crimen organizado. Los datos documentados por el semanario muestran que en ocho meses de gobierno peñista –del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013– hubo en el país al menos 13 mil 775 ejecuciones de ese tipo.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, Chihuahua fue la entidad más violenta. En el de Peña Nieto, Guerrero se erige como el que más ejecuciones registra en los primeros ocho meses de gestión federal: mil 441.
Y cuando parecía que en Chihuahua disminuían las ejecuciones, en el sexenio peñista esa entidad llegó al segundo lugar, con mil 277 homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado.
El tercer lugar lo tiene el Estado de México con mil 217. En el cuarto puesto está Jalisco, con mil 94. Y en el quinto escaño se ubica Sinaloa con 924 ejecuciones.
En el sexenio de Calderón, Guerrero había ocupado el tercer lugar nacional en cuanto a ejecuciones, con 7 mil 313. Hoy encabeza la lista de estados violentos debido a que diversos cárteles se disputan la plaza.
Según la PGR, Joaquín El Chapo Guzmán (cabeza del Cártel de Sinaloa) pelea ahora Guerrero, donde también tienen presencia grupos criminales o individuos como La Barredora, El Comando del Diablo, Guerreros Unidos, El Indio, La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, El Güero Huetamo, Los Pelones, Los Marquina, El Rey, Santa Ríos Bahena, Iguana, El Pelos, El Mudo, Irving Eduardo Solano Vera, Los Granados, Los Rojos, Nuevo Cártel de la Sierra, Los Zafiros, El Tigre, Los Ardillos, el Cártel del Golfo, Los Zetas, los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana.
En cuanto a ciudades, el gobierno de Calderón convirtió a Juárez en la más sangrienta. En este sexenio el puerto de Acapulco ya es la plaza más violenta.
Y aunque el puerto del Pacífico cerró 2012 con mil 170 homicidios dolosos –según la Segob– en los primeros ocho meses de gobierno de Peña Nieto es la ciudad con más ejecuciones: 625, de acuerdo también con la dependencia que encabeza Osorio Chong.
En segundo lugar está la Ciudad de México, que con 8 millones 851 mil 80 habitantes registró en los primeros ocho meses de gobierno federal 521 ejecuciones.
En tercer lugar figura Tijuana, con 1 millón 619 mil 282 habitantes, que contabilizó 389 ejecuciones en el mismo periodo. Culiacán, con 884 mil 601 habitantes, se situó en cuarto lugar con 334 asesinatos. Ciudad Juárez –1 millón 339 mil 648 habitantes– sigue entre las más violentas, con 295.
Estado accidentado
Pese a las balaceras, la toma de pueblos enteros, los enfrentamientos entre narcotraficantes y entre éstos y policías federales, que se ven todos los días en Michoacán, según la estadística nacional la entidad ocupa el décimo lugar en la tabla de la violencia con 560 ejecuciones los primeros ocho meses de gobierno de Peña Nieto.
La razón: Michoacán es el estado con más “accidentes” en el país.
De acuerdo con la Segob, esa entidad encabeza las estadísticas de homicidios, con mil 647 entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2013, pero de ellos mil 161 son clasificados como culposos y sólo 486 como dolosos.
En medio de la guerra de cárteles no hay ninguna entidad que supere a Michoacán en cuanto a “accidentes”. En comparación, en la Ciudad de México la Segob reporta sólo 390 homicidios culposos en el mismo periodo.
La manipulación de las estadísticas relacionada con homicidios dolosos en México es sistemática, una práctica común en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre todo en los últimos años, independientemente de la administración federal en turno. Concretamente, la alteración de las estadísticas en el Centro Nacional de Información (CNI) es el común denominador, especialmente en estados donde los muertos se cuentan por miles.
Ejemplo de esto es Chihuahua: La Fiscalía General de aquella entidad informó en noviembre de 2011 que entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de octubre de 2011 ocurrieron 16 mil 456 “homicidios dolosos”. No obstante el CNI sólo reportó 11 mil 588: El gobierno federal omitió 4 mil 868 asesinatos.
Esta cifra la obtuvo Zeta al confrontar los datos del gobierno de Chihuahua con las estadísticas del CNI, validadas y presentadas en el “nuevo formato” del Secretariado Ejecutivo dado a conocer el pasado 9 de agosto por Sánchez Hernández.
Si bien los informes del CNI llevan la leyenda “datos preliminares” desde noviembre de 2011, éstos se mantienen actualmente y ahora son oficiales; es decir que nunca se actualizaron.
INEGI contra Segob
Mientras el CNI (dependiente de la Segob) registra averiguaciones previas relacionadas con homicidios dolosos, el INEGI clasifica las muertes en “características de la defunción” (11 categorías), “características del fallecido” (11 categorías) y “muertes accidentales y violentas” (cinco categorías).
El CNI reconoce en su página de internet que entre 2007 y 2011 hubo 83 mil 63 homicidios dolosos (en realidad son averiguaciones previas que pueden implicar más de una muerte). El INEGI desmiente las estadísticas del gobierno federal y reporta para ese lapso 95 mil 646 asesinatos.
Es decir que los “datos duros” preliminares de la Segob y que están sujetos a “modificaciones periódicas” (según su página de internet) desconocen 12 mil 583 asesinatos.
El pasado 31 de julio el INEGI detalló que en 2012 hubo 26 mil 37 homicidios dolosos en México. La Segob reconoce sólo 21 mil 700.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública explicó recientemente a Zeta que no le interesa registrar número de víctimas sino averiguaciones previas:
“En cuanto a las diferencias entre las fuentes, el formato CIEISP (Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública de la Segob), que se ha utilizado para compilar una estadística de incidencia delictiva desde 1997, no recopila el número de víctimas sino el número de denuncias que se convierten en averiguación previa, a fin de aproximar tanto la incidencia denunciada en la entidad, como el nivel de actividad en materia de procuración de justicia. Algunas averiguaciones previas refieren a más de una víctima en un solo evento”.