DURANGO, Dgo.- Luego de que al menos dos de sus empleados fueran amenazados y sufrieran un intento de extorsión, el gobierno de Durango decidió cerrar temporalmente sus oficinas de la Dirección de Transportes para la región Laguna, en el municipio de Gómez Palacio.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado precisó que la decisión fue tomada para “salvaguardar la integridad de los servidores públicos de Subdirección General de Transporte”.
La decisión se toma pese a que elementos del Ejército detuvieron a los dos presuntos responsables de los intentos de extorsión y amenazas contra los funcionarios estatales, identificados con los nombres de Juan Bernardino Agüero Santos, de 18 años de edad, y Jaime Hernández Valverde, de 40.
Según el informe ministerial, ambos acudieron a las oficinas de la dependencia, en Gómez Palacio, y le exigieron a un servidor público –cuyos datos no fueron revelados- la entrega de cuatro permisos para que un igual número de taxis circulen sin placas; al negárselos, según se relata, le amenazaron con privarle de la libertad.
Casi a la par, los criminales realizaron una segunda advertencia a otro funcionario, a quién le avisaron que acudirían al día siguiente por los documentos; ambos fueron capturados 24 horas después al llegar a la propia dependencia para concretar la transacción.
En el mismo comunicado, la Fiscalía precisa que la oficina para La Laguna de la Dirección General de Transportes se instalará en un lugar por definir en la ciudad de Durango, a 209 kilómetros de distancia, mientras que el pago de multas se podrá realizar en cualquiera de las sedes de la Secretaría de Finanzas y la entrega de prendas y vehículos asegurados, en la Vicefiscalía del Estado en Lerdo.
Durante agosto, delincuentes atacaron en un par ocasiones unidades del transporte público que siguen la ruta Durango-Torreón: dos camiones fueron incendiados en Lerdo, lo que provocó la suspensión temporal de rutas en algunas colonias a la zona conurbada que se ubica en los límites de Durango y Coahuila. El chofer del autobús incendiado el 3 de agosto murió días después de ataque, víctima de las quemaduras sufridas.
Es la primera vez que el gobierno de Durango decide el cierre completo de una oficina a causa de amenazas de la delincuencia; previamente, había tomado medidas como la restricción en el acceso a la Vicefiscalía de La Laguna, en el año 2012.