Veracruz.- Pese a las promesas del gobernador Javier Duarte de dar seguimiento al caso de una joven desaparecida hace un año, lo único que le han dicho a su madre es que un traficante “la mandó pedir”. Es 7 de septiembre de 2012 y Fernanda Rubí llega al Bulldog Bar de Orizaba, a las 22:30 horas, cuando la fiesta apenas inicia. “Estoy bien –le dice en ese momento a su madre, Araceli, por teléfono–, en un rato voy para la casa, bye mami, te amo…”
Quince minutos después, cuatro sujetos entran al negocio y se llevan a rastras a esta joven de 21 años; ella pide auxilio, pero nadie la asiste, ni siquiera los vigilantes del bar. Durante ese fin de semana, otras siete personas son también secuestradas en este municipio de Veracruz, y al cabo de un año, nada se sabe de ellos.
Por ninguna de estas víctimas se pidió un rescate. Simplemente fueron raptadas y desaparecidas, algunas en lugares públicos, como el caso de Fernanda, o el de Joshua, un niño de 14 años plagiado en la alameda central de Orizaba un día después, el 8 de septiembre.
Sus captores nunca se comunicaron ni pidieron dinero por devolverlos con vida y, de hecho, los únicos que pretendieron medrar económicamente con estas desapariciones fueron las autoridades municipales de Orizaba que, en enero pasado, intentaron cobrar 990 pesos a los padres de estas víctimas, por cada manta de búsqueda que quisieran colocar en la vía pública.
“Las autoridades de Veracruz dicen que mi hija le gustó a algún narco –narra Araceli–, dicen que, como era bonita, alguien la mandó pedir… ¿Se vale que le digan eso a una madre? No, no se vale, porque ni siquiera de eso pueden estar seguros en la procuraduría estatal, ya que, en realidad, no han investigado nada.”