En agosto del año pasado en Huitzilac, Morelos, cuatro vehículos manejados por policías federales persiguieron y tirotearon una camioneta de la embajada de Estados Unidos en la cual viajaban dos diplomáticos de ese país y un marino mexicano. Un gran escándalo en lo que se dio en llamar el caso Tres Marías. Los 14 agentes de la PF implicados –a quienes incluso se acusó de tener nexos con el crimen organizado– llevan ya un año en prisión y ahora dan su versión de los hechos. En síntesis, sostienen que su proceder en ese episodio se ajustó a órdenes superiores.
MÉXICO, D.F.- “¡Sabemos que están relacionados con los Beltrán Leyva. Hablen, porque se los va a cargar la chingada. Pongan a quien tengan que poner!”, les ordenaron los agentes del FBI y Victoria Pacheco Jiménez, entonces subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.La amenaza era –dice el abogado Víctor Manuel Barrera Alcántara– para Ivonne Moreno Romero y José Ortega Ortega, dos de los 14 policías federales acusados de participar en una “emboscada” contra dos diplomáticos estadunidenses y un capitán de la Marina mexicana, quienes viajaban a bordo de una camioneta Toyota negra blindada el 24 de agosto de 2012 en las inmediaciones de Fierro del Toro, en Huitzilac, Morelos.
Por primera vez los policías federales dan a conocer su versión del evento que a un año de ocurrido los mantiene en penales de máxima seguridad de Jalisco, Nayarit y Chihuahua.
En su declaración Ortega narró: “Los agentes del FBI platicaban en inglés, decían que había que intimidarnos. Hablaban de convertirnos en testigos protegidos y extraditarnos a Estados Unidos. ‘Entiendo lo que hablan’, les dije. Sorprendidos, se justificaron: ‘¡Hablas inglés! A ver, ¿cómo se dice broma en español? porque lo que estás escuchando es eso, un chascarrillo’”.
Ortega se negó a declarar porque no lo asistía un abogado. “Si te pones pendejo vas a valer madre. ¡Ya fírmale!”, le dijeron. “Escuché que decían: ‘¡Pégale, pégale las de la pinche vieja!’ Se referían a que pusieran como mía parte de la declaración de Ivonne Moreno. Intimidado, firmé”, señaló Ortega.
“¡Te dije que me iba a encargar de refundirlos. Van a pasar más de cien años en la cárcel, hija de..!”, amenazaba por otra parte Pacheco a Moreno mientras los agentes del FBI la apremiaban para que aceptara ser testigo protegido: “Si confiesas nos llevamos (a Estados Unidos) a tu hija y a tu familia. Acepta. ¿Qué va a decir tu hija? ¿Que eres una delincuente?”
El 28 de septiembre de 2012 Moreno y Ortega fueron detenidos por Asuntos Internos de la Policía Federal (PF). Los llevaron a las instalaciones del Centro de Mando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Iztapalapa, donde estuvieron 24 horas durante las cuales “ilegalmente” los obligaron a declarar ante diferentes mandos. Al día siguiente los pusieron a disposición del Ministerio Público (MP), el cual permitió que en el interrogatorio estuvieran presentes agentes del FBI y empleados de la embajada de Estados Unidos.
Barrera Alcántara, abogado de Moreno y Ortega, explica a este semanario que el 24 de agosto del año pasado fueron aprehendidos 12 de los policías federales participantes en los hechos de Paso del Toro y Tres Marías. El 28 de septiembre siguiente detuvieron a sus clientes –los únicos que no dispararon ese día– y el 15 de noviembre a tres mandos (Juan Manuel Pacheco Salgado, Pedro Hernández Hernández y José Rigoberto Peña Cárdenas) que no estuvieron en Tres Marías pero a quienes la PGR consideró “implicados” y ahora están en prisión.
La persecución
Según las declaraciones de los policías detenidos –contenidas en el expediente que forman las averiguaciones previas AP/PGR/MOR/CV/611/2012 (que se abrió en Morelos) y AP/PGR/DGCAP/ZCB/-IV/174A/2012 (de la PGR) y al cual este semanario tuvo acceso–, la mañana del 24 de agosto de 2012 el subinspector de la PF Uriel Garrido Franco les ordenó continuar la búsqueda –interrumpida la noche anterior– de los secuestradores de Salvador Vidal Flores Pérez, funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia retenido el día previo en la zona de Huitzilac.
En la carretera México-Cuernavaca, después de cargar combustible en la gasolinera La Covadonga, vieron una camioneta Toyota negra y un automóvil rojo –en vehículos similares viajaban los secuestradores de Flores Pérez– internarse por el camino a Fierro del Toro y decidieron seguirlos.
Barrera muestra el parte informativo 042/12, enviado al entonces comisario general de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, fechado el 23 de agosto. En ese parte se explicaba que tras ser liberado, a las 13:15 horas, Flores Pérez pidió auxilio a la PF.
Se informó a “la Unidad Operativa de Seguridad Preventiva, Estación Tlalpan” de la PF para “implementar un operativo conjunto” con los policías federales destacados en Morelos, “lo cual le fue comunicado vía telefónica a Ramiro Alanís, oficial de guardia de la Estación de Cuernavaca”. El parte está firmado por el subinspector Jorge Vargas Camacho y el suboficial Francisco Humberto Segovia Domínguez.
Barrera muestra la tarjeta informativa 1288/12, también del 23 de agosto, en la cual Garrido Franco le comunica al inspector general Juan Manuel Pacheco Salgado que en relación con el parte informativo 042/12, se continuó el operativo de búsqueda de los delincuentes en coordinación con el comisario Sergio Licona Gómez, coordinador estatal de Morelos y 40 “elementos de Fuerzas Federales”. Ese operativo se suspendió a las 23:00 horas y se reanudaría a las 6 de la mañana del 24 de agosto.
En este punto el abogado explica que a los 14 policías y tres mandos se les dictó auto de formal prisión por “coparticipación delictiva empresarial”; es decir: el Ministerio Público da por hecho que todos ellos se pusieron de acuerdo para atacar a los funcionarios de la embajada, cuando en realidad la participación de cada uno de los agentes fue “fragmentada” y “fortuita”.
En su declaración el policía federal Raúl Sánchez Fonseca dice que el 24 de agosto de 2012 se presentó a trabajar uniformado a las 6 de la mañana para reiniciar el operativo, pero él y sus compañeros recibieron la instrucción de Garrido de vestirse de civiles –aunque conservando el chaleco y la chamarra de la PF– y usar autos particulares.
Los automóviles en los que se desplazaban los policías federales fueron una camioneta Voyager verde, un Altima gris, una camioneta Xterra amarilla y un Chevy azul.