De manera "muy cautelosa" el gobierno de Enrique Peña Nieto investiga la gestión de Marisela Morales al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) en el último año de gobierno de Felipe Calderón.Esta aseveración proviene de dos funcionarios de la administración peñanietista que aceptaron hablar con Proceso a condición de mantener el anonimato, a fin de no entorpecer una investigación en marcha, y quienes agregan que la designación de Morales como cónsul general de México en Milán es parte de una estrategia.
"Se tomó la decisión de sacarla del país para poder hacer una investigación exhaustiva dentro de la PGR y proteger su integridad", explica uno de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto vía telefónica desde la Ciudad de México.
"Lo que el gobierno evitó fue que ella se enterara de las investigaciones y comenzara a hacer declaraciones sobre asuntos de seguridad nacional y de inteligencia que pudieran afectar la nueva estrategia de seguridad", apunta el funcionario consultado, muy cercano a las pesquisas.
En colaboración con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación, la PGR revisa diversos asuntos relacionados con la corrupción por narcotráfico en la fase final del sexenio calderonista.
"Estamos concentrados sobre todo en lo que concierne a la corrupción por narcotráfico dentro de la hoy desaparecida Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)", explica a Proceso el otro funcionario peñanietista.
La ahora cónsul en Milán encabezó la SIEDO de 2008 hasta marzo de 2011, cuando sustituyó al frente de la PGR a Arturo Chávez Chávez.
Los entrevistados sostienen que la procuraduría investiga asuntos relacionados con la filtración de información de inteligencia a los cárteles del narcotráfico por parte de funcionarios de la SIEDO y el uso indebido y con objetivos personales de testigos protegidos por parte de personal de muy alto nivel en la PGR durante la administración pasada.
También se indagan las acusaciones infundadas contra militares y exfuncionarios de la procuraduría.
SÓLO ‘VENDETTAS’
Este semanario ha dado cuenta de las irregularidades cometidas por la PGR durante el sexenio de Calderón y bajo la conducción de Morales, sobre todo respecto al uso de testigos protegidos para justificar venganzas personales y desviar la atención de las autoridades sobre grupos específicos dedicados al trasiego de drogas (Proceso 1905 y 1918).
"La infiltración de cárteles, como el de Sinaloa, Los Zetas y el de los Beltrán Leyva, en la SIEDO y la PGR el sexenio pasado fue de una magnitud sorprendente", destaca uno de los dos funcionarios entrevistados.
"Estamos desarrollando unas investigaciones muy delicadas y complicadas, especialmente en el caso del uso indebido de declaraciones no fundamentadas ni corroboradas por parte de informantes como Jeniffer (Roberto López Nájera). Con lo declarado por éste, la PGR acusó y procesó indebidamente a gente como el subprocurador Noé Ramírez Mandujano, el general Tomas Ángeles Dauahare y a otros cuatro militares.
"Por lo que estamos descubriendo, estos casos podrían ser resultado de una vendetta de ex funcionarios de alto nivel del sexenio pasado", abunda la fuente del gobierno mexicano.
Aun cuando las investigaciones no se centran exclusivamente en Morales, el gobierno de Peña Nieto quiere aclarar hasta qué punto la ex procuradora pudiera estar implicada (incluso por negligencia) en la penetración del narcotráfico en la SIEDO y en la PGR.
Uno de los asuntos que sigue la Procuraduría es la posibilidad de que Morales autorizara el uso de declaraciones infundadas de testigos protegidos e informantes, como Jeniffer, para acusar y procesar a ex funcionarios y militares.
"Dentro de la PGR en el sexenio pasado", apunta uno de los funcionarios entrevistados, "eran un rumor a gritos las diferencias y el odio que tenía la entonces procuradora contra varios militares y sobre todo contra Ramírez Mandujano por asuntos personales".
Según los funcionarios peñistas, un hecho que se debe tomar en cuenta para explicar el trato y manejo que el gobierno le ha dado a la ex procuradora, aseguran, es lo que describen como "inestabilidad emocional" de Marisela Morales.
"En un año como procuradora general de la República (Morales) cambió en cinco ocasiones de oficial mayor sólo porque no le decían las cosas como ella quería", afirma uno de los funcionarios entrevistados.
Agrega que Morales incluso podría ser bipolar: "Funcionarios que aún trabajan en la PGR la recuerdan por sus rabietas y los gritos que pegaba cuando no salían las cosas como ella deseaba. Le aventaba documentos en la cara a los ministerios públicos porque no le decían lo que ella quería escuchar sobre algunas investigaciones e incluso llegó a lesionar a alguno. Le arrojó una silla".
Según las fuentes, no está muy clara la finalidad de las investigaciones iniciadas por el gobierno de Peña Nieto y que implican a Marisela Morales, pero lo que sí es seguro, señalan, es que la determinación de mandarla como cónsul a Milán fue una táctica con dos vertientes:
"Se buscó proteger su integridad física. No descartamos la posibilidad de que quedándose en México pudiera haber sido blanco de un ataque orquestado por una organización criminal.
"Se hizo un cálculo político para mandarla a Milán tomando en cuenta sus problemas emocionales", añade uno de los funcionarios, quien agrega: "Se elaboró un plan para manejarla y evitar que soltara todo lo que sabe y con ello afectara los procesos de investigación. Incluso por lo arrebatada que es podría revelar secretos de seguridad nacional e inteligencia".
--¿Qué pasa si se demuestra que es culpable de algún delito? --se le pregunta a uno de los entrevistados.
--Se le mandó lejos precisamente para poder hacer con mayor facilidad las investigaciones. Si es culpable, primero la acusas, le quitas la inmunidad diplomática y el nombramiento, y por último la regresas al país. Aunque también en Italia podría solicitar asilo político, argumentando que es víctima de una vendetta del Gobierno Federal