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El 14 de marzo de 1972 fue secuestrado Cuauhtémoc García Terán, hijo del cafeticultor Carmelo García Paniagua por la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres que comanda Lucio Cabañas. Los guerrilleros solicitaron 3 millones de pesos de rescate, no dar aviso a las autoridades y publicar el ideario de la agrupación. El 8 de junio de ese mismo año García Terán recuperó su libertad una vez que su familia pagó 500 mil pesos en efectivo y 800 mil pesos en documentos.
El siguiente reporte de la Dirección Federal de Seguridad da cuenta de cómo se operó el rescate. Es, también un indicio del supuesto manual de operaciones para la captura de los comunistas. Un ex agente del servicio secreto mexicano explicó que las técnicas del secuestro en México devienen de las tácticas empleadas por la Dirección Federal de Seguridad.
El informe, fechado en Acapulco el 15 de abril de 1972. Está firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, director de la DFS y hombre de todas las confianzas de Fernando Gutiérrez Barrios. De la Barreda fue un hombre a quien el primer –o penúltimo–gobierno panista intentó llevar a prisión por la desaparición del activista Jesús Piedra.
El texto se transcribe a continuación:
Con motivo de que los secuestradores de Cuauhtémoc García Terán dirigieron a la familia de éste el cuarto comunicado, la Comandancia de la 27 Zona Militar elaboró la siguiente directiva:
Misión.
Efectuar operaciones a partir de las siete horas del 15 de abril de 1972 sobre el camino de Atoyac de Álvarez-El Paraíso con el fin de localizar a los secuestradores y proceder a su captura o exterminio y rescatar al joven.
Concepto de la operación.
a) La efectuará el persona del 50 Batallón de Infantería, reforzado con personal de los 27 y 48 Batallones de Infantería ayudados por el personal de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial del Puerto de Acapulco.
b) A partir de las 7 de la mañana del 15 de abril se despacharán diez patrullas motorizadas en el tramo comprendido entre San Andrés de la Cruz-El Paraíso, con cinco patrullas en cada uno de los sentidos de dicho camino con el fin de hacer presión sobre los elementos maleantes obligándolos a colocar señalas o actuar en el tramo comprendido entre Atoyac de Álvarez-San Andrés de la Cruz.
c) Las patrullas se moverán en cada sentido con un intervalo de tres kilómetros entre cada patrulla a partir de las siete de la mañana del 15 de abril de 1972 hasta las tres de la tarde del 17 de abril de 1972.
d) El tramo entre Atoyac de Álvarez-San Andrés de la Cruz deberá quedar totalmente despejad9o de toda vigilancia ya sea por parte de las tropas como de otras fuerzas de seguridad.
e) Una vez que salga de Atoyac el coche VW color amarillo, el cual irá equipado con una estación de radio PRC77, le precederá a una distancia de un kilómetro un vehículo civil con un pelotón de fusileros vestidos de civiles manteniendo una velocidad igual a la que se desplaza el VW.
f) La retaguardia del coche VW a una distancia de un kilómetro se desplazará a otro vehículo civil y con otro pelotón de fusileros en la misma forma que antecede al coche.
g) Cada uno de los vehículos que transporte a los dos pelotones deberá ir equipado con una estación de radio PRC77 manteniendo la comunicación con la estación que se transporte en el coche VW.
h) Una vez que el coche durante su recorrido llegue al lugar en donde se encuentra la señal convenida de inmediato lo reportará el personal que se transporte tanto a su vanguardia como a su retaguardia mediante una señal convenida.
i) Al recibir el personal la señal del coche de inmediato desmontará de su vehículo e iniciará su desplazamiento hacia la dirección en que se encuentre el coche, moviéndose a campo traviesa como eje de la carretera y desplegados.
j) A partir de las 9 horas del 15 de abril se establecerá una vigilancia discreta con personal de la Policía Judicial sobre el domicilio de Carmelo García con la misión de interceptar cualquier otro comunicado que pudieran enviar los secuestradores.
k) El comandante del 50 Batallón de Infantería mantendrá una reserva móvil en condiciones de acudir al punto que se requiera en el menor tiempo posible.
l) Se establecerá en forma escalonada y a una distancia convenientes estaciones de radio fijas para complementar la comunicación entre los elementos participantes.
m) En caso de haber detenciones, los detenidos serán interrogados por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, capitán Acosta Chaparro y agente Bravo, así como por el comandante de la Policía Judicial de Acapulco, Wilfrido Castro y el jefe de grupo Isidoro Galeana Abarca.
El anterior instructivo es firmado por el general de división Joaquín Solano Chagoya.
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Ya nada se escribió de la suerte de los guerrilleros secuestradores. La rutina era torturarlos, golpearlos.
Y los hombres de la DFS sabían golpear. Los entrenaba el hombre mejor preparado para esto, quizá el mejor karateka en la historia de México, un médico que se volvería, décadas después, en un funcionario crucial en el tema de las drogas.
Quizá el destino de los “subversivos” fue el del avión Aravá, perteneciente a la Defensa Nacional y desde el cual en los setenta se lanzaron al mar guerrilleros sin vida. Hablaría de la aeronave el general Francisco Quirós Hermosillo, jefe de la Brigada Especial, dependencia dedicada a trabajos contrainsurgentes, y mancuerna de Acosta en los asuntos de la Guerra Sucia y del narcotráfico también:
“Estaba a disposición de la brigada (Blanca) que comandaba”. La tripulación del Aravá fue detenida en noviembre de 1979 por transportar droga de la base militar de Pie de la Cuesta, Guerrero, a Laredo, Texas.
El primero de diciembre de 1984, la DFS estaba particularmente atenta a los rumores relacionados consigo misma. Se discutía en corredores y se insinuaba en columnas periodísticas la sustitución de su director, José Antonio Zorrilla Pérez, ya sujeto de sospechas por su colaboración con Rafael Caro Quintero y el asesinato del periodista Manuel Buendía.
Los rumores tomaron forma en un memorándum redactado por el agente de la DFS adscrito a Acapulco, Guerrero, quien redactó:
“En el Hotel Las Brisas –cuartel y despacho de uso frecuente de Acosta– de este puerto, el teniente oficinista encargado del departamento de seguridad de dicho hotel manifestó que debían prepararse para trasladarse a la Ciudad de México ya que el coronel paracaidista Mario Arturo Acosta Chaparro será próximamente director Federal de Seguridad (…)”.
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El Frente Estatal contra la Represión en Guerrero acusó a Acosta Chaparro de ser responsable de dos desapariciones en las que intervino personalmente. El organismo, apoyado por investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero ofreció en julio de 1981 un listado de oficiales y civiles integrantes de la Brigada Blanca responsables de secuestros y detenciones ilegales en ese estado, Oaxaca y Morelos. Fueron mencionados los hermanos Tarín Chávez, Francisco Barquín y el policía estatal Isidro Galeana Abarca al que acusaron del “secuestro de 10 personas”.
Guerrero estaba demasiado harto de Arturo Acosta Chaparro, a quien el cambio de sexenio, a favor de Miguel de la Madrid, no le llevaría hacia arriba en su carrera política. Los propios reportes de la DFS señalaban su enriquecimiento inexplicable, la extorsión como forma habitual de comportamiento de sus policías y los constantes señalamientos de su protección al narcotráfico.
Al siguiente año, ya fungía en Veracruz, en similares tareas antiguerrilleras.
El 7 de julio de 1982 fue nombrado como director de la policía de Coatzacoalcos, Veracruz, al mayor Gustavo Tarín Chávez por orden del director de Seguridad Pública de Veracruz, el teniente coronel Mario Arturo Acosta Chaparro. Tarín fue nombrado además delegado del Quinto Distrito, que comprendió la supervisión de todas las policías preventivas del sur del estado.
Tarín, pues, era un hombre cercano a Acosta, lo suficiente como para decir, 18 años después, que su general era un hombre del Cártel de Juárez.
EL KARATEKA
El 27 de julio de 1977, Manuel Mondragón aparecía en los informes de la Dirección Federal de Seguridad como presidente de la Federación Mexicana de Karate. El médico cardiólogo e internista era seguido desde años atrás por la policía secreta.
En esa fecha, el actual Comisionado Nacional de Seguridad envió una carta a la propia DFS en que expuso su preocupación por la falta de regularización de algunas escuelas de karate.
Escribió a Fernando García Paniagua, en ese momento director Federal de Seguridad, y dueño de otro dato interesante en su biografía: fue hijo del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en medio de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
Mondragón fue al grano en la misiva: “El propósito de esta comunicación es reiterar a la Dirección federal de Seguridad nuestro vivo deseo de continuar otorgándole la colaboración y asesoría técnica en materia de karate, tae kwon do, kung-fu y artes marciales semejantes y afines y, en consecuencia, recibir el apoyo de ese prestigiado organismo para el mejor cumplimiento de los estatutos, normas y reglamentos de nuestra Federación”.
Dicho de otra manera: el cardiólogo e internista Mondragón y Kalb enseñaba cómo golpear y defenderse a algunos de los agentes responsables de cientos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos por delitos del orden político, secuestros, violaciones y torturas ocurridas durante la Guerra Sucia de los setenta.
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Dos años después, en 1984, Mondragón lucía un nuevo sombrero. El procurador general de la República, Sergio García Ramírez, lo designó coordinador social.
Eran años en que la función pública y, en particular, la administración de la justicia, acumulaba un claro rechazo social. El narcotráfico estaba asentado en Guadalajara y la nómina de agentes de la DFS y de la Policía Judicial Federal pertenecía, en buena medida, a los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Tanto, que ambas corporaciones desaparecieron años después por esta causa. El retrato documental más puntual de la connivencia de autoridades hacia criminales organizados de esos días está plasmada en el libro Desperados. Los caciques de la droga, los agentes de la ley y la guerra que Estados Unidos no puede ganar, de Elaine Shannon (Lasser Press, 1989).
El médico aseveró el 12 de mayo de 1984:
“El procurador general de la República se ha preocupado por hacer valer la justicia y aplicarla con neutralidad y honor por medio de la consulta popular (…) En México ya se inició la reforma de la justicia y demanda social, pues se han preocupado las autoridades competentes de quitar los velos de misterio a las policías del Ministerio Público Federal, como son la Policía Judicial Federal y como auxiliares a los policías judiciales de los estados, ya que se ha puesto un hasta aquí a los malos representantes de la ley sea cual fuere su jerarquía. Las puertas de la inconformidad de las injusticias están abiertas para el diálogo y pueden exponerse con libertad los atropellos en la importación de esta”.
El período que contiene las palabras del funcionario público es considerado, junto con el sexenio de Felipe Calderón, como el de mayor abuso a los derechos humanos cometido por las policías en su persecución o simulación de esta a la delincuencia.
La administración de Enrique Peña Nieto mantiene la misma política de combate al crimen organizado: poca atención al factor social del problema, perseverancia en la prohibición del consumo y construcción de resultados en función de detenciones y abatimientos de capos.
Mondragón, el mismo hombre que enseñó a los viejos perseguidores de comunistas y fundadores del narcotráfico moderno, es uno de los primeros responsables de la política antinarco.
CONSEJO DE GUERRA II
Arroyo López llegó el domingo 13 de octubre de 2002 a la Oficina de Inteligencia Antinarcóticos, en el sexto piso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Llevaba una mochila negra con un fólder con pagos y una agenda electrónica Olivetti.
Súbitamente, se encontró rodeado por hombres vestidos como él. Sólo él gesticulaba la sorpresa. En su propio lenguaje, el compartido con militares infiltrados, ex militares volcados con franqueza al narco y simples narcos se lo estaban “chupando”.
Un coronel le tronó en la cara:
“¡Usted ya chingó a su madre!”.
El sargento segundo escribiente había declarado antes de la instauración del consejo de guerra en su contra: “Efectivamente he recibido dinero a cambio de información que sustraía de la Oficina de Inteligencia Antinarcóticos donde laboro para hacerla llegar a una organización dedicada a dar seguridad a narcotraficantes”.
Tras su juicio, el 10 de julio de 2006, se instauró el Consejo de Guerra en su contra.
“¿Es el sargento segundo escribiente Marcelino Alejo Arroyo López culpable de que perteneciendo a la Oficina de Inteligencia Antinarcóticos de la SEDENA haberse incorporado a la organización criminal Cártel de Juárez (…) con la intención de realizar labores de contrainteligencia (…)?”.
Los militares, al menos un general y ninguno con menor rango de coronel, se respondieron a sí mismos. El rostro perfectamente rasurado. El tono invariablemente marcial. En quince letras resumieron que el narcotráfico había tomado por asalto no a todo al cuerpo del ejército, sino su parte más delicada, su inteligencia:
“Sí, por unanimidad”. *
EPÍLOGO
Arroyo López dijo en su defensa que fue entregado a autoridades civiles de la UEDO, mismas que oficialmente aparecen como responsables de su detención. Aseguró que, bajo la supervisión de un coronel de Artillería de Diplomado de Estado Mayor y un mayor de Zapadores, fue torturado mediante asfixia y amenazas de muerte o daños a su familia durante días en las mismas instalaciones del Ejército.
Pero el sargento segundo escribiente Arroyo López fue condenado por un juez militar a 23 años y 4 meses de prisión el 11 de julio de 2006 por delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento y delincuencia organizada. Un juzgado civil lo dejó a salvo de las acusaciones de lavado de dinero.
También se le impuso una multa de 11 mil 922 pesos, se le dio de baja y se le inhabilitó para pertenecer al ejército durante los siguientes diez años. Fue preso en la prisión federal de Almoloya de Juárez, hoy llamada del Altiplano, a donde también llegó El Chaky.
A mayor jerarquía, más impunidad, parece ser la lección del caso de los infiltrados. El Chaky fue absuelto en definitiva por narcotráfico y una acusación por delincuencia organizado. Otra acusación por este último delito continúa en trámite y fue condenado con 10 años de cárcel por lavado de dinero. No hay más en su contra.
En septiembre de 2000, los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro fueron encarcelados en el Campo Militar número acusados de narcotráfico, asociación delictuosa, por presuntos vínculos con el Cártel de Juárez.
Atravesaron su consejo de guerra con cinco generales. También del asesinato de un número no determinado de guerrilleros, entre 1975 y 1979. Se presume que pudieron ser alrededor de 143 víctimas. Fueron de sentenciados el Día de Muertos de 2002 a 15 y 16 años de prisión por el delito de narcotráfico. En el deshonor, se les arrancaron las insignias que maravillaran al Chaky.
Quirós Hermosillo murió de cáncer y en el deshonor. Acosta Chaparro fue exonerado de todas las imputaciones en 2007 y quedó en libertad. El 23 de abril de 2008, vivió su ceremonia de retiro. Fue condecorado por 45 años de servicio “con patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Murió hace un par de años de un tiro que le dieron en el abdomen en la colonia Condesa del DF. En el ambiente de los servicios de inteligencia se decía que Acosta Chaparro había vuelto a la operación, ahora en asistencia a un gobierno surgido del PAN.
Y sigue libre El Mayo Zambada, dueño de militares y asesinos. Un capo por cuya entrega el gobierno mexicano ofrece 30 millones de pesos y el estadounidense 5 millones de dólares. Un hombre que infiltró la inteligencia militar, cuyos agentes le dieron la libertad a cambio de mil dólares.*