Mujeres y niñas, desde los seis años de edad, son secuestradas o enganchadas para después ser vendidas una y otra vez hasta que dejan de ser un negocio para sus captores.México, D.F.- La trata de personas en México ha cambiado su rostro. Es más cruel. Organizaciones civiles aseguran que, desde que los cárteles del narcotráfico diversificaron sus “fuentes de ingreso” y comenzaron a dedicarse también a la explotación de personas, las víctimas de trata crecen numéricamente en el País y son cada vez más jóvenes.
Mujeres y niñas, desde los seis años de edad, son secuestradas o enganchadas para después ser vendidas una y otra vez hasta que dejan de ser un negocio para sus captores.
Si se resisten o si traicionan a su explotador, son asesinadas. Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico y la Explotación de Niñas y Mujeres en América Latina y el Caribe, asegura que de los casos anuales que atiende por año —de agosto de 2012 a agosto de 2013 fueron 205—, en 70% estuvieron involucradas bandas dedicadas originalmente al trasiego de drogas y en 5%, las víctimas fueron asesinadas.
“Las mujeres que son sometidas a esclavitud sexual por parte de jefes de plaza, por lo regular, son asesinadas”. Indica que las víctimas son enganchadas a través de las redes sociales en Internet, concursos de belleza o directamente en sus lugares de origen, donde son enamoradas o, en el peor de los casos, privadas de su libertad y llevadas por la fuerza en manos de sus captores.
Norma Negrete, directora en México de la organización internacional ECPAT (Fin a la Explotación Sexual Comercial Infantil, por sus siglas en inglés), explica que otras de sus presas son seleccionadas de entre los migrantes que atraviesan el País.
Bajo amenaza
En cualquiera de los casos, las mujeres son obligadas a ejercer la prostitución. Se les mantiene cautivas y bajo amenaza.
“Ahora también las embarazan y las amenazan con quitarles o hacerle algo a su hijo para que sigan trabajando para ellos”, dice Ulloa. La mayoría son explotadas en lugares con fachadas de negocios lícitos como restaurantes o bares, dentro de los cuales se ofrece a los clientes diversos servicios sexuales, cuyo costo varía dependiendo de la edad y la condición de la víctima. En todos esos casos, indica, los verdaderos dueños, entre los que se encuentran narcotraficantes, famosos empresarios y políticos o servidores públicos de alto nivel, utilizan prestanombres para ocultar este delito.
Negrete añade otra práctica de explotación que se ha generalizado en los últimos años: el servicio de prostitución al que son forzadas niñas y mujeres en los reclusorios del País, donde están presos los capos o integrantes del narco. “Todo esto ocurre sin que nadie haga nada. Ante esto hemos sido miopes”.
¿Y de qué sirve?
El Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cita que de diciembre de 2012 a agosto del 2013 se detectaron 199 víctimas de pornografía infantil y se iniciaron 162 averiguaciones previas por abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual, corrupción de menores, violencia intrafamiliar, pornografía infantil, privación ilegal de la libertad, pederastia, trata de personas y violación. De este universo, se consignaron 21 averiguaciones previas en los que se relacionan a 27 personas como probables responsables.
En 2007 entró en vigor en el País una ley federal contra la trata, la cual fue reformada y promulgada el 1 de junio de 2012 como una ley general para que todas las entidades la acataran. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas obliga a las autoridades de todos los estados a tomar cartas en el asunto, pero hasta ahora, no ha sido reglamentada.
Además, 18 estados de la República tienen leyes específicas en la materia y en todos, el delito está incluido en el Código Penal. “El problema es que todas las legislaciones manejan conceptos distintos de trata, no hay una armonización y esto ayuda a que el delito quede impune”, considera Javier Benítez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tampoco hay datos sistematizados sobre el número de personas que han sido consignadas y sentenciadas.