La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende cebarse en algunos de sus efectivos para pagar culpas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército durante la “guerra al narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.Ni la Sedena ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni la justicia federal están interesadas en determinar hasta dónde llegan las responsabilidades en la detención, tortura y desaparición de tres presuntos narcotraficantes en Ojinaga, Chihuahua, en 2008, a manos del “pelotón de la muerte”, que actuó durante el Operativo Chihuahua ordenado por el ex presidente.
La justicia federal se opone a que Calderón sea citado; la Sedena, a que comparezcan su ex titular, el general Guillermo Galván, y otros mandos, y la PGR, de la mano de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), ha obstruido a la defensa de los inculpados.
Uno de los acusados es el teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga, en la que operó el “pelotón de la muerte”, bautizado así por la propia justicia militar.
La justicia castrense pretendió involucrarlo en esos delitos de lesa humanidad, pero ante la falta de pruebas le enderezó acusaciones por posesión de mariguana, acopio de armas y robo agravado dentro del mismo caso. Con 29 años de servicio en el Ejército hasta su detención en septiembre de 2009 y egresado de cursos de instrucción militar en Estados Unidos, México y Chile, Juárez Ramírez está bajo proceso penal en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa.
Su defensa se complicó cuando decidió citar a Calderón, Galván y otros generales de división. Su argumento: que a finales de 2008 fue testigo de una reunión de generales en la que Galván mandó actuar con mano dura contra los narcotraficantes por órdenes de Calderón, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
La instrucción del Alto Mando del Ejército fue “innovar los métodos de trabajo contra los narcotraficantes”. Sin más precisión, el cumplimiento fue a discreción de los jefes militares y comandantes. El resultado, en Chihuahua, fue “el pelotón de la muerte”, al que se le atribuye la tortura, muerte e inhumación clandestina de los restos de los presuntos narcotraficantes Esaú Samaniego Rey, ‘El Cholo’ o ‘El Azteca’; Heriberto Rojas Lemus, ‘El Michoacano’; y Erick Campos Valenzuela, ‘El Campitos’.
Las órdenes, incuestionables
El defensor del teniente coronel, Víctor Alonso Tadeo Solano, asegura en entrevista que, pese a ser imprecisa, la instrucción a los jefes militares fue dar resultados. “Esa fue la orden que transmitió Galván y que atribuyó a Calderón”.
Es la misma razón que da uno de los principales acusados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”, el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón. En sus declaraciones ministeriales, además de reclamar inocencia, ha insistido en que las actuaciones del Ejército en Chihuahua en el sexenio pasado fueron conforme a las órdenes salidas de Los Pinos y de la Sedena.
En una audiencia que tuvo lugar el 8 de agosto pasado, Rodas Cobón, segundo comandante de la CINE, declaró: “Todas las órdenes que se recibían deberían ser cumplidas (pues) venían directamente del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Calderón)”.
Añadió: “Cuando se me da una orden y estoy consciente y tengo conocimiento de que es ilegal, no estoy obligado a cumplirla; sin embargo, cuando las órdenes vienen desde el Mando Supremo en ninguno de los casos es cuestionada”.
Para esclarecer ese señalamiento, el litigante solicitó al juez segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Carlos Zamora Tejeda, la comparecencia en calidad de testigo de Felipe Calderón Hinojosa, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que fue entre 2006 y 2012.
El juzgador se negó a citar al expresidente. Argumentó que los delitos imputados a Juárez Ramírez no se corresponden con las órdenes que Calderón dio para combatir al narcotráfico y que no hay pruebas de su participación en los hechos que se le atribuyen al acusado, por lo que no consideró “pertinente” citar al ex funcionario como testigo.
El abogado se inconformó con esa decisión, pero en una rápida resolución, adoptada el 31 de octubre pasado, a un mes de haber interpuesto el recurso de inconformidad, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Distrito, con sede en la ciudad de Chihuahua, ratificó la negativa del juez Zamora Tejeda a citar a Calderón.
“Tal determinación se considera acertada si se toma en cuenta que el oferente de la prueba no explicó de qué manera la testimonial de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa puede dar luz sobre los hechos” o conducir a resultados concretos respecto a los ilícitos que se le imputan, estableció el Tribunal Unitario en el toca penal 258/2013-IV.
Según el nuevo fallo, la decisión de la justicia federal de no citar a Calderón no le causa ningún agravio ni deja en indefensión a Juárez Ramírez, quien ha solicitado la comparecencia del ex presidente para que declare respecto a las órdenes que dio al titular de la Sedena durante su sexenio, el general Guillermo Galván, quien se encuentra en retiro, respecto a la manera en que se debía tratar a los narcotraficantes.
El abogado sostiene que el teniente coronel participó en una reunión de Galván con jefes militares responsables del Operativo Chihuahua, en la que transmitió las órdenes de Calderón. El encuentro castrense tuvo lugar en septiembre u octubre de 2008 en la base área militar de Chihuahua.
Para comprobar ese dicho, el litigante también ha pedido el testimonio de otros de los generales participantes en esa reunión: empezando por el entonces comandante de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, el general de división Marco Antonio González Barrera.
También ha pedido la presencia de quien en ese momento era el jefe de la Quinta Zona Militar con sede en la ciudad de Chihuahua, pero con mando en todo el estado, el general de división Felipe de Jesús Espitia Hernández. Además, del jefe de la guarnición militar de Ojinaga, el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien también está bajo proceso penal por los hechos atribuidos al “pelotón de la muerte”.
Antes de que el caso trascendiera en la opinión pública, la PGJM entregó a la Policía Judicial Militar (PJM) “un anónimo” que daba cuenta de la existencia del pelotón. Desplegó a Chihuahua un grupo de agentes e investigadores judiciales militares que entre agosto y septiembre de 2009 tomaron las instalaciones de la CINE.