En territorio mexicano agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y fiscales del Departamento de Justicia se reunieron y negociaron, en secreto, con miembros de cárteles del narcotráfico para obtener información de organizaciones rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país, concluye una investigación.
La DEA, el Departamento de Justicia, así como otras agencias estadounidenses consultadas por este medio sobre las reuniones de sus agentes con narcotraficantes, declinaron hacer comentarios al respecto.
Durante un año, este diario obtuvo documentos oficiales y judiciales de México y de Estados Unidos, entrevistó a más de un centenar de funcionarios en activo o retirados de ambos países; a detenidos, familiares de detenidos, especialistas, aunque sólo se incluye aquí a los que aceptaron ser identificados.
Ninguna autoridad mexicana reportó al Congreso de la Unión esos encuentros. Hasta ahora tampoco se ha abierto en México alguna investigación sobre dichas reuniones en territorio mexicano.
Documentos judiciales, cuya copia tiene este medio, indican que el gobierno de Estados Unidos conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de cárteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa, para obtener información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Coincidiendo con los dos sexenios panistas, fiscales de Estados Unidos como Steve Fraga, así como agentes de la DEA como Manuel Castañón, David Herrod y Carlos Mitchem, quien era asistente del director regional, se reunieron con traficantes de droga en México.
David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en EU, autorizaron que sus agentes se reunieran con miembros de cárteles sin informarlo al gobierno mexicano y permitieron, bajo acuerdos por escrito, que los narcotraficantes siguieran operando.
"En gran parte porque estamos ahí [México] en operación para recabar datos de inteligencia para apoyar las investigaciones en Estados Unidos. En ese sentido, he entrevistado a varios miembros de cárteles y narcotraficantes como Zambada-Niebla en México. No es como entrevistar a un fugitivo que camina en mi oficina en San Diego. En San Diego puedo arrestar al fugitivo. En México no puedo", afirmó el agente de la DEA Manuel Castañón en su declaración por escrito integrada al proceso de Vicente Zambada Niebla en Chicago.
Al respecto, Rusty Payne, vocero de la agencia antidrogas de Estados Unidos señaló que "la DEA no hará comentario sobre estos reportes en curso. El señor (David) Gaddis no trabaja ya para la DEA".
En Colombia la DEA así como otras agencias estadounidenses obtuvieron información de organizaciones rivales en contra de Pablo Escobar, trabajando de manera cercana con la policía colombiana, un trabajo que fue calificado como muy importante y un gran éxito por Myles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia.
"El problema del narcotráfico sigue en Colombia, pero se logró la reducción del tráfico de cocaína y otras drogas", agregó Frechette en entrevista con éste medio.
La DEA ha operado de la misma manera en Colombia desde los ´80s, en Cambodia, en Thailandia, y desde hace más de 10 años también en Afganistán es el estándar modus operandi de la agencia, explicó Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia.
"Claro que este modus operandi implica una violación del derecho internacional público, además de representar más gasolina al fuego de la violencia, con violaciones al debido proceso y a derechos humanos", destacó Buscaglia.
En éste sentido, agregó que lo hecho y deshecho por la DEA viola la convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada "ya que exige que toda investigación transnacional de un Estado, dentro del territorio soberano de otro Estado, siempre se sujete al marco jurídico vigente en el territorio en donde la técnicas de investigación se implementen".
Al respecto, el penalista Juan Velázquez destacó que los tratados internacionales celebrados por México y otros países permiten que los agentes extranjeros estén, en México, supeditados a los nuestros y simplemente como cooperantes recabando información, entre otros, sin que puedan actuar independientemente.
"Ni los acuerdos bilaterales de cooperación ni otras 'cosas' están por encima de la Constitución, que es la ley suprema. Si nuestras autoridades permiten lo contrario actúan ilegalmente y son sujetas de responsabilidad, pero ¿cómo se les exigiría si tales acuerdos y el actuar de todos es secreto y por eso nada se sabe al respecto?", expresó.
La guerra secreta
Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto en el gobierno de Estados Unidos se sucedían las críticas sobre el temor de que la nueva administración priista pudiera negociar con los cárteles del narcotráfico, entre otras razones, para acabar con la violencia. Sin embargo, el gobierno estadounidense ya había negociado con los cárteles.
Entre el año 2000 y el 2012, coincidiendo con los sexenios panistas, pero en especial entre el 2006 y 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón el gobierno de Estados Unidos estableció con el gobierno mexicano convenios de colaboración, sin precedentes en la historia del país, para el combate al narcotráfico; y en paralelo creó una guerra secreta en México a través de sus agentes que se reunieron directamente con miembros de los cárteles.
Las reuniones de los agentes de la DEA, de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como de los fiscales del Departamento de Justicia con narcotraficantes en México fueron autorizadas desde Estados Unidos, de acuerdo con documentos judiciales.
En junio de 2009 un acuerdo entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos permitió que agentes de la DEA como del ICE tuvieran autoridad para investigar a sospechosos de narcotráfico en la frontera como a nivel internacional, terminando con ello una disputa de años entre esas agencias.
Sin la presencia de alguna autoridad mexicana, como lo establecen los acuerdos binacionales; sin informar al gobierno de México, los agentes de la DEA se reunieron con los miembros de los cárteles, en territorio mexicano, para obtener información de sus rivales y al mismo tiempo construyeron una red de informantes de narcotraficantes quienes firmaban acuerdos de cooperación, sujetos a resultados, para que pudieran obtener beneficios futuros, entre ellos la cancelación de cargos en Estados Unidos.
En algunas ocasiones los agentes de la DEA o el gobierno de Estados Unidos proporcionaron datos obtenidos de esas reuniones, sin citarlas, al gobierno de México para que los policías o militares mexicanos realizarán detenciones. En el sexenio de Calderón 12 de las importantes detenciones de narcotraficantes fueron producto de la DEA, esto último de acuerdo con reportes de la agencia antidrogas.
Uno de los casos que comenzó a delatar las negociaciones entre agentes estadounidenses y cárteles mexicanos se registró a finales de noviembre del 2006, finales del sexenio de Vicente Fox, cuando el cuerpo de un hombre fue arrojado en el parque "El Chamizal" ubicado cerca del puente internacional Córdoba-Las Américas que comunica Ciudad Juárez, Chihuahua con El Paso, Texas.
En la cara del hombre fueron pegadas, con cinta adhesiva, las tarjetas de presentación de los agentes antinarcóticos del ICE Raúl Bencomo y Tod Johnson, así como un dedo índice en la boca del difunto.
Los dos agentes del ICE fueron señalados durante el proceso, en Estados Unidos, de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, ubicado como informante pagado del ICE así como miembro del cártel Juárez, quien condujo a una residencia del fraccionamiento Las Acequias en Ciudad Juárez donde se encontraron 12 cadáveres en enero de 2004, la cual fue conocida como "la casa de la muerte", reportó en su momento éste medio.
En marzo de 2010, Jesús Manuel Fierro Méndez miembro del cártel de Sinaloa y ex capitán de la policía de Ciudad Juárez, testificó en El Paso que fue portavoz" del Chapo Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en reuniones personales con agentes del ICE.
"Había dos de nosotros que éramos, digamos, como portavoces. Nosotros pasábamos toda la información. Pero esta información la recibíamos, obviamente, de niveles más altos", declaró Fierro Méndez, quien afirmó que fue "El Chapo" quien le autorizó reunirse con el ICE e informar de las actividades de los cárteles rivales.
La Oficina de Inmigración y Aduanas abrió una investigación sobre manejo inapropiado de fuentes por parte de agentes del ICE que se reunieron y negociaron con miembros del cártel de Sinaloa para obtener información de grupos rivales. No se hicieron públicos los nombres de los agentes.
Entre 2009 y 2011 agentes de la DEA en la oficina de Houston establecieron contactos directos con miembros importantes del cártel del Golfo y de "Los Zetas" para obtener información de organizaciones rivales, pero los nombres de los agentes y de los informantes no se han hecho públicos tampoco.
"El gobierno de Estados Unidos y sus varias agencias tienen una larga historia de proporcionar beneficios, permisos, e inmunidad a criminales y sus organizaciones para cometer crímenes, incluyendo asesinato, en pago por recibir información en contra de otros criminales, y otras organizaciones", destacó la defensa de Zambada Niebla en el documento 94.
Dicha táctica, menciona, ha sido extensivamente usada por el Departamento de Justicia y su varias agencias en "la guerra contra las drogas" sin preocupación por la pérdida de vidas tanto en México como en Estados Unidos, y sin preocuparse por el continuo tráfico de drogas a territorio estadounidense o que se termine su consumo.
"Esta estrategia, la cual ellos llaman ´Divide y conquista´ usando una organización del narcotráfico en contra de otras, es exactamente lo que el Departamento de Justicia y sus varias agencias han implementado en México", indicó la defensa de Zambada-Niebla.
En opinión Edgardo Buscaglia la estrategia de inteligencia de un país donde sus tácticas apunten a usar a un grupo criminal para eliminar a otro, no es inapropiado en la medida en que esa estrategia se implemente desde un Estado que posea controles judiciales, patrimoniales y de corrupción política medianamente efectivos.
"Pero si Estados Unidos intenta aplicar ésta estrategia en un país como México, en donde los tres tipos de controles antes dichos brillan por sus vacíos de Estado, entonces lo que resultará será que el grupo criminal ´usado´ para eliminar a otros se transformará de facto en la principal concentración de fuerza de poder. Me temo que sea el caso de la organización criminal de Sinaloa", resaltó.
El caso que ha establecido a detalle las tácticas de los agentes de la DEA para reunirse en México y negociar con miembros de los cárteles del narcotráfico es el proceso judicial que se le sigue en una corte en Chicago, Illinois a Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.
Las declaraciones y documentos que se han exhibido desde el 2009 en el proceso contra Zambada Niebla han generado la presión de autoridades de Estados Unidos sobre su principal informante, la solicitud de la información sobre las reuniones de los agentes de la DEA con narcotraficantes en México, sobre los acuerdos a los que han llegado, la profundización de parte del Congreso de Estados Unidos sobre la operación de "Rápido y Furioso" y la negativa del gobierno estadounidense a dar conocer los detalles de los operativos en México.
Lo que ha quedado claro es que las reuniones de los agentes de la DEA con miembros de alto nivel del cártel de Sinaloa se realizaron en más de 50 ocasiones en territorio mexicano, de acuerdo con documentos de la Corte en donde se incluyen declaraciones de los propios agentes y funcionarios estadounidenses.