En los primeros días de este año Michoacán vuelve a ser la noticia principal por los nuevos enfrentamientos entre los Caballeros Templarios, grupos de autodefensa ciudadana y el Ejército en uno de los puntos clave para el tráfico de la droga, Parácuaro, que ha sido controlado por el crimen organizado desde hace años sin que el gobierno federal y estatal hayan hecho algo para arrebatárselo.Michoacán es el estado donde hay el mayor número de grupos armados en todo el país –junto con Guerrero–, lo que convierte a esa entidad en un polvorín que podría explotar en cualquier momento con las consecuencias fatales para la población que está indefensa y en vilo ante esta situación de ingobernabilidad.
En esta entidad donde surgieron en el siglo XIX las primeras leyes que dieron orden legal al país con la Constitución de Apatzingán, hoy no existe más ley que la de las balas. Y esta ley es la que hacen valer los principales grupos armados.
Si hoy se diera una situación de enfrentamiento armado veríamos que hay al menos diez grandes grupos que tienen armas de grueso calibre que podrían verse involucrados en una batalla campal: soldados, marinos, Policía Federal, policía estatal, policía municipal, grupos de autodefensa ciudadana, policías comunitarios, Los Caballeros Templarios, Familia Michoacana y EPR.
La situación en Michoacán es de descontrol e ingobernabilidad en la mayor parte de la entidad, sobre todo en las regiones Costa, Tierra Caliente, Meseta Purépecha y en los linderos con Guerrero y el Estado de México.
A pesar de la presencia de más de 8 mil soldados y policías federales enviados desde el año pasado por orden de Enrique Peña Nieto, la ley que priva en esas zonas es la de la violencia impuesta por el crimen organizado, el cual ahora es combatido de manera frontal por los grupos de autodefensa ciudadana y las policías comunitarias de la Meseta Purépecha.
En los hechos son las autodefensas ciudadanas y los policías comunitarios los que están realizando las funciones de combate al crimen organizado que deberían realizar las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas. La orden presidencial que tienen estas últimas es sólo de disuasión y de resguardo de las vías de comunicación. Por eso es que existe la idea de que el gobierno federal está auspiciando la formación y expansión de los grupos de autodefensa ciudadana para que sean éstos los que se enfrenten a las bandas criminales, sufriendo el desgaste y las bajas ante la mirada complaciente de policías y soldados.
Sin embargo, esta estrategia de autodefensas armados aunada a la presencia masiva de policías y soldados en Michoacán no ha dado frutos hasta el momento y la violencia sigue, la ingobernabilidad se mantiene, mientras que la ley de las balas es la que se impone con el mayor peligro de que la mecha se prenda y se expandan los enfrentamientos por toda la entidad.