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Garibay
De la banda de Los Garibay identifican como liberados a uno de los hermanos, José Luis Garibay Espinoza “Chuy Señor”, preso del 9 de abril de 2012 al 3 de mayo de 2013.
Joshua Torres López “El Chore”, capturado el 10 de septiembre de 2012, y puesto en libertad el 25 de septiembre de 2013. Junto a él aprehendieron a José Ramón López Trejo “El Chemón”, quien salió el mismo día. Sus cómplices también fueron liberados: Abraham Rodríguez López el 4 de julio de 2013, y José Adán Curiel López “El Adancillo” el 11 de julio del mismo año. Y José Luis Mora López ““El Chinito”, detenido el 26 de septiembre de 2012, fue liberado el 13 de marzo de 2013. Todos en Mexicali.
Otros objetivos policiacos reciclados que están en la lista, por lo menos de Baja California, son Juan Luis Potenciano Higuera “El Rayo”, del 21 de mayo de 2010 al 26 de octubre de 2013; Luis Francisco Lozano Beltrán, apresado el 25 de septiembre 2009 y liberado el 1 de octubre del mismo año; y Arturo Gómez Herrera “El Giros”, del 14 de abril de 2011 al 13 de diciembre de 2013. Estos hombres fueron detenidos mínimo en posesión de droga, algunos hasta toneladas, también los consignaron con armas; en algunos casos los presentaron como responsables de asesinato, después sus cómplices se echaban la culpa, los acusadores se retractaban, ellos cambiaban sus declaraciones originales, las pruebas periciales desaparecían, o “sospechosamente” salían a su favor, según criterios de los jefes de las policías.
Pero al final, fueron dejados en libertad por “falta de elementos”, incluso, algunos acusaron públicamente a las autoridades de haberlos torturado, sembrado droga, armas, e inventado cargos. Sin embargo, al día de hoy, las policías operativas los siguen considerando parte del organigrama criminal y objetivos de búsqueda, aunque las procuradurías estatal y federal siguen sin fincarles cargos.
Denuncia opacidad en queja contra policías municipales
La queja de Francisco Antonio Nogueda Hernández por abuso de autoridad de policías municipales, está en Sindicatura Municipal desde el 20 de enero de este año, se presentó dos días después de los hechos. El director de Responsabilidades, Omar Durán, informó que aún se encuentra en etapa de integración, pues faltan elementos probatorios que recabar.
Aproximadamente a las once de la mañana del sábado 18 de enero, Nogueda Hernández lavaba ropa en el patio de su casa, ubicada en el callejón 20 de Noviembre, colonia Tanque en el Aguaje de la Tuna (en la carretera libre Tijuana-Tecate), cuando entre insultos y gritos, dos oficiales le ordenaban salir de la vivienda.
El joven de 23 años se negó, y uno de los policías abrió la puerta con una patada. De esta forma, Francisco Alejandro Jacobo Muñoz y Juan Miguel Aguirre Díaz, entraron a la vivienda exigiéndole que “sacara armas o drogas”.
“Mi hijo trabaja en una maquiladora, no tiene vicios, ni siquiera cigarros fuma, yo meto las manos al fuego por él”, dice su padre, Francisco Nogueda Navarrete, un policía comercial, durante el relato.
Dentro de la casa, los policías amagaban con tomar sus armas mientras gritaban: “Danos el arma y la droga, ya te pusieron dedo”, según quedó establecido en la declaración hecha por el denunciante ante Sindicatura, con el número Q/066/2014.
Aguirre Díaz lo toma del cuello y Jacobo Muñoz trata de esposarlo, aun dentro de su casa y frente a su madrastra, Rosa Méndez Montejo, Francisco era azotado contra la pared y golpeado en el rostro.
“Mi papá es policía”, insistía el joven, y Rosa Méndez intentaba darles un celular donde ya esperaba en la línea su padre, “y yo para qué quiero hablar con él”, respondió uno de ellos.
El padre del agredido asegura que una bolsa con marihuana le fue puesta a su hijo para poder presentarlo ante el juez municipal de la delegación Margarito Saldaña. Después de tomarle fotografía con el enervante, fue turnado a la Agencia del Ministerio Público para Delitos de Narcomenudeo.
“Algo no estaba bien con el papeleo, por lo que regresaron dos veces a los oficiales, me presentaron, me llevaron al médico y me pasaron a las celdas, ahí me quedé hasta el domingo, mi papá pagó una fianza y por eso salí”, reza el documento firmado por el denunciante y por la entonces directora de Responsabilidades de Sindicatura, María Verónica Zavala Hermosillo.
Francisco Nogueda pagó 5 mil pesos de fianza por su hijo, lo que para él y su familia es una injusticia que no ha sido atendida por el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alejandro Lares, y en Sindicatura no avanza.
Omar Durán, actual director de Responsabilidades dentro de la dependencia, explica que la etapa de integración de la investigación aún no termina, por lo que no es posible determinar si efectivamente los oficiales ya identificados, incurrieron en una irregularidad.
Los elementos que faltarían para cerrar esta etapa del proceso, son copias certificadas de la averiguación iniciada por el Ministerio Público, y el fallo del juez al que habría sido turnado por la institución investigadora; documentos que, según el funcionario, ya fueron solicitados.
“Nosotros desconocemos ahora cual fue la resolución del Ministerio Público en su momento. Presumimos que en su momento fue consignado a un juez penal, pero esos elementos de prueba no los tenemos”, argumentó.
Sobre los seis meses que la investigación lleva en integración, Durán dijo que depende directamente de la rapidez con la que se vayan consiguiendo los elementos, “las personas que ahora denuncian, tienen personalidad jurídica frente al Ministerio Público y pueden pedir copias certificadas de sus expedientes, cuando lo solicitamos nosotros a través de oficios, es un poco más tardado”.
Una vez integrada, Sindicatura emite un fallo resolviendo con la invalidez de la denuncia o con una sanción administrativa a los elementos municipales señalados. Después depende de la Comisión de Desarrollo Policial ratificar, modificar o dejar sin efecto una sanción.
En caso de que se compruebe que los policías ingresaron ilegalmente a la casa y que sembraron la droga, ameritaría una suspensión definitiva, y la turnación del caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado, manifestó el director de Responsabilidades.
“La misma normatividad nos obliga a dar vista al Ministerio Público, y nosotros lo hacemos de oficio. La normatividad nos marca la pauta a seguir, pero nosotros de oficio sí damos vista al Ministerio Público cuando consideramos que se incurre en un delito, aunque nuestras atribuciones son para sancionar de forma administrativa”.
Por último, sin precisar cifras, Omar Durán expuso: “(Hay) Diversas quejas en las que los ciudadanos alegan que los policías se introducen a su domicilio. Eso está muy penado por el código penal, y el código que rige a los policías”.
