Cuando en 2007 la empresa Evolution Market Group (EMG), constituida en Panamá, comenzó a operar varias páginas de internet para captar personas que invirtieran a corto plazo con rendimientos extraordinarios, parecían un negocio inofensivo.
Los incautos que le confiaron sus ahorros ignoraban que terminarían siendo parte de un complejo esquema de lavado de dinero del narcotráfico y fraude financiero ideado por los empresarios Daniel Fernandes Rojo Filho (brasileño) y Pedro Benevides (de origen portugués), a quienes un informe ordenado por el Pentágono vincula con el Cártel de Sinaloa.
En 2008 la DEA y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) iniciaron en la Corte de Distrito de Arizona una acusación criminal contra Fernandes Rojo Filho, Benevides y decenas de empresas creadas en Florida y Panamá, relacionando sus cuentas bancarias y bienes con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
Los documentos oficiales de la indagatoria en curso de la DEA y el IRS –a los que se tuvo acceso– así como expedientes abiertos en Bélgica y Francia, testimonios de víctimas y análisis de campo, revelan la ingeniería criminal que operó en Estados Unidos, Panamá, España, Austria, Francia y Bélgica y las extraordinarias capacidades del narcotráfico trasnacional mexicano.
Fernandes Rojo Filho y Benevides, junto con el español Germán Cardona, promovieron a través de EMG pirámides de inversión fraudulentas, conocidas como “esquemas Ponzi”. Y con DWB Holding Company, abierta en Florida, solicitaron capital para plantas de energía renovable inexistentes. Todo para ocultar el dinero del tráfico de drogas.
En la parte civil del caso hay confiscaciones definitivas ordenadas por jueces contra Fernandes Rojo Filho y Benevides, incluyendo fondos relacionados con el narcotráfico. Pero en el aspecto penal la investigación continúa y aun así, ambos siguen libres.