Grandes capos de los cárteles mexicanos del narcotráfico han hecho de San Pedro Garza García su lugar de residencia. Sus hijos conviven con los ejecutivos de las poderosas empresas regiomontanas, situación que ahora preocupa a los directivos de exclusivos colegios quienes han puesto controles en los sistemas de inscripción. “Pero tampoco somos la CIA”, exclaman directores y representantes de asociaciones de padres de familias de escuelas privadas en este municipio.
Los filtros y procesos de investigación en la inscripción de un niño a un colegio particular no le da a la institución la forma de conocer si el padre de familia realiza actividades ilícitas, dice Cristina Sada Salinas, fundadora de dos de los colegios más prestigiados de San Pedro Garza García, el Instituto San Roberto.
“Estas personas no traen un carnet de identidad para que las puedas identificar. Llegan como cualquier otro padre de familia, piden la inscripción; los colegios hacemos un chequeo, pero tampoco están boletinados en ese momento y en ocasiones sí pueden infiltrarse a las filas de los colegios más prestigiosos de San Pedro Garza García. Cuidas lo más que se puede, pero tampoco eres la CIA”, refiere.
Localizado en el área metropolitana de Monterrey, capital neolonesa, el municipio de San Pedro Garza García, es el de mayor ingreso per cápita en el país; es el “paraíso” en el que habitan las familias más acaudaladas y pudientes, pero ha sido también en los últimos años, el lugar preferido de algunos capos de la delincuencia, para asentar sus residencias junto a sus familias. Aquí están creciendo sus hijos.
En repetidas ocasiones el ex alcalde, Mauricio Fernández, lo calificó como “municipio blindado” ante la inseguridad; las detenciones de algunos miembros de la mafia han dejado en evidencia sus negociaciones, operaciones y además, la convivencia con sus habitantes.
El pasado 17 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), señaló a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapito”, originario de Guasave, Sinaloa, como jefe de un nuevo grupo del narcotráfico contrincante del Cártel de Sinaloa.
El departamento del Tesoro norteamericano identificó a este cártel como “Organización de Tráfico de Drogas Meza Flores”, pero en México también se le conoció como el cártel “La Oficina”.
El gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones a este grupo criminal y en su informe, identificó a algunos de sus familiares, entre ellos su esposa y su madre, como operadores del mismo desde hace 12 años.
Los datos informan que su principal actividad es el trasiego de metanfetaminas, heroína, mariguana y cocaína hacia Estados Unidos y a niveles tan grandes que se ha convertido en franca competencia del Cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán.
Cuando la OFAC difundió la foto y datos de “El Chapito”, se desarrollaba un partido de básquetbol en el colegio Alfonsino, situado en el centro de esta localidad, en donde estudian dos hijas de éste.
El colegio Alfonsino es uno de los más exclusivos del área metropolitana y es propiedad de Ninfa Clariond Reyes Retana, pariente del ex gobernador Fernando Canales Clariond.
La esposa del “El Chapito”, Araceli Chan Inzuna y su mamá, Angelina Flores Apodaca, presenciaban el encuentro deportivo y fueron identificadas de inmediato por los demás asistentes.
Las declaraciones de los padres de familia señalan que Meza Flores tiene varios años viviendo en el municipio y que ha cambiado su residencia en diversas ocasiones, que lleva una vida normal y de convivencia con la sociedad sanpetrina.
Cristina Sada, hija de Irma Salinas Rocha, ha vivido en San Pedro la mayor parte de su vida, en las pasadas elecciones fue candidata al Senado de la República y cuenta con una amplia experiencia en el sector empresarial y educativo.
Sada narró cómo hace quince años, cuando estaba inmersa en el manejo de los colegios, se enfrentó a dos casos en que los padres de familia realizaban actividades ilícitas, momento en que tuvo que tomar la difícil decisión de apartarlos de las filas del plantel.
“Los padres de familia se pusieron a investigarlos y se dieron cuenta. Fueron dos familias y estuvimos debatiendo muchísimo con un cargo de conciencia enorme porque las criaturas son completamente inocentes. Consultamos con personas que nos guiaban en el criterio ético, incluyendo un sacerdote liberal de avanzada y finalmente decidimos aplicar el reglamento y no darle reinscripción a los niños, por el temor, no tanto para hacerlos a un lado, de que pudiera haber alguna situación de violencia”, recordó Cristina Sada.
Advirtió que los padres de familia que están dentro de algún cartel de la mafia, no necesariamente están dentro del estereotipo que se tiene de una persona inculta, o con apariencia de menor posición económica, ya que muchos de ellos son profesionistas, refinados y cultos.
“Yo, cuando conocí a las damas, madres de familia de estos niños, me quedé sorprendida; tanto, que si hubiera estado en una piñata con ellas no lo habría notado; eran mujeres con una apariencia muy fina y son personas que aparentan tener los mismos valores”, dijo.
Señaló que la idea de que a los colegios sólo les importa cobrar una cuota sin importar la procedencia del dinero, es falsa. A su ver, San Pedro tiene como ventaja ante otros municipios, la gran cantidad de dinero del que dispone.
Respecto al caso de “El Chapito”, el procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza declaró que las autoridades estatales no tienen una orden de captura en México y que no hay registros por faltas federales o del fuero común en el país.
El mismo procurador declaró que tienen conocimiento de que algunas de estas personas tienen registrados su domicilios en San Pedro. “Puede salir y entrar libremente a Nuevo León ya que de acuerdo a nuestras bases de datos no tiene ninguna orden de captura vigente, ya sea del estado o por una solicitud del orden federal”, agregó el funcionario.
En San Pedro ha habido otros habitantes “incómodos” conocidos, que ya sea por el alto nivel económico y opulencia con que ahí se vive o por la facilidad con la que se pueden mover en un auto de lujo y vivir en una mansión sin desentonar, han elegido este paraíso como guarida. El 24 de marzo del 2009 fue detenido Héctor Huerta Ríos, alias “La Burra”, presunto operador del Cartel Beltrán Leyva, durante un operativo realizado en el sector conocido como “Centrito Valle”.
Los informes de las autoridades señalaron que la captura se hizo en un lote de autos de su propiedad, ubicado en el cruce de las calles Río Grijalva y Río Missisippi, de ese municipio.
Este supuesto jefe del Cartel Beltrán Leyva era considerado uno de los capos más buscados por las autoridades, que ofrecían una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.
En su momento, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que junto con él, se detuvo también a otros cuatro sujetos. Se les decomisaron armas de alto poder, granadas, así como 18 vehículos de lujo, ocho mil pesos y 12 mil 840 dólares americanos.
“La Burra” ha sido acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Marcelo Garza y Garza, ultimado el 5 de septiembre del 2006 y quien fungía como director de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Prueba de que Huerta Ríos llevaba una vida normal en San Pedro, son las declaraciones del ex alcalde, Mauricio Fernández: afirmó que el operador de los Beltrán Leyva llevó en algunas ocasiones al colegio, a la hija de uno de los empresarios del “Grupo de los 10”.
Ese grupo está integrado por los presidentes de las corporaciones más importantes de Nuevo León y cuentan con gran poder de decisión en el tema empresarial y político.
El ex alcalde afirmó que “La Burra” se turnaba con otros padres de familia, que tenían a sus hijos en el mismo colegio, para llevarlos o traerlos del plantel, entre ellos, la hija del empresario, quien desconocía la verdadera identidad del jefe de la plaza.
Cuando la noticia de que el líder de los Beltrán Leyva vivía en San Pedro salió a la luz, la sociedad se sorprendió al saber que en la escuela, en el parque y en las fiestas infantiles, convivieron con él y su familia.
“Imagínate el susto de que todos los lunes o el día que fuera, pasaba Héctor Huerta por su hija para llevarla al colegio, y el día que le tocaba a Héctor el turno, y otro día iban a la casa de Héctor Huerta por los hijos de él”, declaró Fernández.
A “La Burra” lo sustituyó Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito”, quien también llegó a San Pedro a vivir a lado de su familia y fue capturado en mayo del mismo año.
López Ibarra, es hijo de Rodolfo “El Zurdo” López Amavizca, ex comandante de Policía Federal y Policía Judicial del Estado, quien fue ejecutado en el año 2000 en una habitación de hospital CIMA, en San Pedro.
“El Nito” llegó a establecerse como el jefe de la plaza, pero fue detenido a los cuatro días junto a otras 12 personas, siete hombres y cinco mujeres, entre las que se encontraba, su hermana, María de Jesús López Ibarra.
Elementos del Ejército, en tres operativos distintos hicieron las detenciones, el primero en un domicilio en la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro, el segundo en el lujoso departamento del piso 28 de la Torre Avalanz antes conocida como Dataflux, en la colonia San Agustín, de la misma ciudad y el tercero, en el que capturaron al capo, en el Aeropuerto del Norte.
El jefe de la plaza venía en una avioneta procedente de Acapulco, a donde asistió, junto a un bautizo invitado por Arturo Beltrán Leyva.
El lujoso departamento en el que vivía “El Nito” en la Torre Avalanz, le era rentado por el entonces Sub Procurador de Justicia del estado, Gerardo Montes.
Otra detención ocurrida en San Pedro fue la de la familia comprendida por Felipe Mendívil Ibarra, Olga Patricia Gastélum Escobar y sus hijos Felipe Carlos de 14 años y Felipe de Jesús de nueve, el 16 de agosto del 2001, en la exclusiva colonia Hacienda del Rosario.
En la captura les fueron decomisados seis millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos diez dólares, así como diez mil setenta y dos pesos en moneda nacional, un lote de joyas con valor aproximado de cincuenta y cinco millones de pesos, una pistola calibre 9 mm. y dos camionetas blindadas.
El aseguramiento se realizó gracias a una llamada anónima de que Felipe Mendívil estaba escandalizando y realizaba disparos al aire; al llegar las autoridades lo encontraron bajo los efectos de droga y alcohol.
Información proporcionada en su momento por el ya fallecido periodista, Jesús Blancornelas, es que los hermanos Arellano Félix, también vivieron en esta ciudad “blindada”.
Para Tatiana Clouthier, educadora, activista social y ex diputada federal, la vecindad de la sociedad de San Pedro con los miembros de la delincuencia organizada, es una situación que a la larga afecta a la célula familiar. “(Creen) que mientras no se metan con ellos no pasa nada, sin darse cuenta que sí pasa.
“Porque pasa en el colegio, pasa que algún día se van a casar con tus hijos o que los mandaste a la piñata con ellos, pasan muchas cosas, entonces sí hay consecuencias”, señaló Clouthier.
Señaló que en su mayoría, las familias de San Pedro han desconocido que conviven con los capos o con los hijos de los capos, por su exceso confianza en las autoridades.
“No lo saben, como tenían a “superman” defendiéndolos la administración pasada, pensaron que era suficiente; es una manera de vivir con el problema sin darte cuenta”, expresa Clouthier, quien ha sido vecina de San Pedro desde los 18 años.
Las autoridades escolares tienen la responsabilidad, dijo, de investigar a quienes aceptan en los planteles privados.
“Y las autoridades civiles necesitan dejarse de hacer tontos; las policías y el sistema de justicia necesitan acabar con la impunidad, en pocas palabras, dejarnos de hacer pendejos”, señala la ex diputada federal e hija de Manuel “Maquío” Clouthier.
Por su parte, la Presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, Luz María Ortiz Quintos, confirmó que los colegios sí cuentan con filtros e investigaciones al momento de la inscripción, pero aclaró que es muy difícil conocer cuáles son las actividades reales del padre de familia.
“Dentro de los colegios sí se hace una solicitud acompañada de papelería como comprobantes, etc., se hace una investigación, pero yo creo que es algo complejo, es un servicio finalmente que se presta y cómo vas a identificar de dónde vienen”, señaló.
La función de esta asociación, que fue creada hace más de 50 años, es la de brindar atención y enseñanza de valores y convivencia a los padres de familia de los más de 60 colegios afiliados.
“El problema se está viviendo en todos los ámbitos –añade Ortiz Quintos- ya que tanto en las empresas, en los negocios y en cualquier parte se pueden infiltrar personas que trabajan para la delincuencia”.