Tlajomulco, México— Estados Unidos considera que Hugo Cuéllar Hurtado trafica desde hace tiempo con cocaína que viene de Sudamérica y trabaja con uno de los hombres que se cree comandan el cártel más grande de la droga en México, ahora que su líder, Joaquín Guzmán Loera, fue capturado.Sin embargo, aunque Guzmán —conocido como ‘El Chapo’— pasó 13 años fugitivo y en algunas ocasiones logró escapar por túneles subterráneos que se encontraban debajo de los baños de su casa, Cuéllar camina libremente por Guadalajara, asiste a comidas y platica con diplomáticos.
Ha comentado que hasta obtuvo un subsidio del gobierno para una granja de avestruces que posee en este lugar.
“Que vengan y me investiguen”, dijo tranquilamente mientras desayunaba un bistec de avestruz con longaniza en su rancho, con superficie de 57 acres, el cual ha sido designado por el Departamento del Tesoro como un lugar en el que se lava dinero del Cártel de Sinaloa de Guzmán.
“No tengo nada qué ocultar”, insistió.
Si arrestar al líder del Cártel demostró ser un desafío durante 13 años, que requirió una amplia cooperación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas, entonces, destruir la red financiera que protege el dinero del cártel de Sinaloa, estimado en varios billones de dólares, podría ser igualmente difícil.
Muchas de las personas y empresas de las que se sospecha forman parte de la amplia red de lavado de dinero del Cártel siguen operando, aún cuando aparecen, al igual que Cuéllar, en la lista del gobierno estadounidense de los llamados operadores de la agrupación delictiva y sus socios.
Al igual que Cuéllar, los empresarios acusados de trabajar para el Cártel viven libremente en este lugar y en otras partes de México, a pesar de lo que afirman los estadounidenses de que están ayudando a ocultar billones de dólares de ganancias ilícitas a través de una intrincada red de ranchos, tiendas de empeño, joyerías, casas de cambio, hipódromos y hasta una guardería infantil en donde una tarde reciente se escuchaba el bullicio de los niños que entraban y salían.
Este lugar fue incluido en la lista negra hace siete años.
Aunque las autoridades estadounidenses y mexicanas han realizado investigaciones conjuntas y decomisos, la cercana colaboración que dio lugar a la captura de Guzmán el mes pasado usualmente se desmorona cuando se trata de desmantelar la columna financiera del Cártel.
Oficiales estadounidenses aseguran que han identificado a los sospechosos en base a la inteligencia que han aportado agentes de las oficinas Antidrogas (DEA) y Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE), pero que su frustración más grande es que en México se le da muy poco seguimiento a esos turbios negocios y a sus propietarios.
“No se le pone el suficiente énfasis como para convertirlo en una prioridad”, comentó Alonzo Peña, ex subdirector de ICE.
“A Estados Unidos le tomó mucho tiempo enfocarse en el dinero. Durante un largo tiempo sólo se concentró en la droga. Aunque Estados Unidos ya evolucionó” agregó. “Mientras que México está rezagado y no ha cambiado mucho de las drogas al dinero”.
México ha promulgado nuevas leyes para luchar contra el lavado de dinero, sin embargo, un funcionario mexicano de alta jerarquía comentó que la evidencia que presenta Estados Unidos usualmente no llega a un nivel que pudiera permitir el decomiso de propiedades o arrestos de acuerdo a las leyes de su país.
“Una cosa es señalar y otra es proporcionar una prueba”, dijo el funcionario, quien habló de manera anónima para poder ir más allá de lo que puede decir oficialmente.
Michael S. Vigil, ex jefe de Operaciones Globales de la Agencia Anti-Drogas de Estados Unidos, señaló que cuando México ha incautado propiedades y bienes, usualmente han sido regresados por orden de un juez, a través de los huecos legales que son aprovechados por los abogados del cártel.
“Tiene que haber una motivación y voluntad para trabajar juntos e ir tras esos bienes”, aseguró Vigil.
“Lo único que les afecta a los narcotraficantes es cuando uno les quita el dinero y sus propiedades”, dijo.
Pocas personas han ido a prisión o les han cerrado sus negocios como resultado de las sanciones estadounidenses.
En lugar de eso, dicen los analistas, funciona más como una letra escarlata que puede complicar las finanzas prohibiéndoles a los bancos, empresas y ciudadanos estadounidenses que hagan negocios con ellos, lo cual dificulta las operaciones bancarias al otro lado de la frontera y ahuyenta a algunos inversionistas legítimos.
“Los operativos y señalamientos de Estados Unidos son unilaterales”, comentó Eric L. Olson, investigador del Instituto México del Centro Wilson.
Sin embargo, hizo notar que los funcionarios mexicanos “no tienen que ir a la par” de las acciones estadounidenses para aplicar la ley.
Aún cuando colaboren los dos países “es muy difícil afectar las finanzas de una operación global”, aseguró Olson.
“Una cosa es ir tras una empresa individual como un taller de reparación de calzado en Querétaro, pero desmantelar toda la organización como las operaciones del Cártel de Sinaloa es algo global”.
Tanto Guadalajara como Culiacán, la capital del Estado de Sinaloa, dependen de los centros agrícolas y de las rutas de contrabando de la droga: son lugares en donde se cree que Guzmán tiene oculto su dinero.
“La ciudad se mantiene a flote por el dinero del narco”, comentó Javier Valdez Cárdenas, fundador de Riodoce, un periódico en Culiacán.
“La cantidad de bistros, restaurantes, spas, centros comerciales, distribuidoras de autos de lujo, condominios no corresponden a la vida diaria de los sinaloenses. Todo se debe a la presencia del narco”.
El Departamento del Tesoro afirma que Cuéllar ha sido narcotraficante durante décadas y es el encargado de organizar los envíos de cocaína para Juan José Esparragoza —conocido como ‘El Azul’— uno de las dos o tres personas que se cree encabezan el Cártel después de la captura de Guzmán.
El funcionario mexicano de alto rango rechazó comentar directamente sobre el caso de Cuéllar, rehusándose a decir si se están investigando sus propiedades.
No se tiene conocimiento de que Cuéllar enfrente cargos criminales en México o en Estados Unidos, aunque tales cargos podrían ser mantenidos lacrados y posteriormente podrían hacerse públicos.
La pista de carreras de Culiacán fue incluida en la lista del 2011 del Departamento del Tesoro como propiedad del Cártel.
Sigue operando y una noche reciente contó con un gran número de espectadores en sus “arrancones” semanales.
Joel López, quien comentó que abrió la pista de carreras en el 2006, afirma que el Departamento del Tesoro lo tiene identificado erróneamente como el lugarteniente de Ismael Mario Zambada —conocido como ‘El Mayo’, otro hombre que se cree es uno de los dos o tres posibles sucesores de Guzmán—, como el que controla las inversiones detrás de todo esto.
“Yo soy un empresario y no tengo nada qué ocultar”, comentó López. “Lo poco que tengo lo he obtenido con mucho trabajo y me preocupa mucho que pueda ser involucrado en una situación desafortunada”.
“Se presumen muchas cosas aquí en Sinaloa”, agregó, “así que, todos los empresarios como yo, estamos expuestos a la posibilidad de ser vinculados al crimen organizado”.
Usualmente, es difícil discernir la exacta propiedad y rentabilidad de los negocios.
Una lechería llamada Santa Mónica, que EU afirma es un lugar que sirve como depósito del dinero sucio del Cártel y es controlada por miembros de la familia de un importante líder, no tiene productos disponibles en la cadena de supermercados más grandes de Culiacán, que es en donde se encuentra su sede.
En un supermercado en donde fue encontrada esa marca, sólo un producto —leche entera— estaba a la venta, comparado con una serie de lácteos, quesos y yogurts de otras marcas.
En una planta que no tiene ningún anuncio, situada fuera de una carretera en Culiacán, los trabajadores dijeron que no había ningún representante disponible con el que se pudiera hablar.
En una pequeña oficina administrativa en la ciudad, al otro lado de una planta abandonada de Santa Mónica, una recepcionista dijo que ningún propietario o encargado se encontraba en el lugar.
Nadie contestó un mensaje que se dejó.
Cuéllar fue incluido en la lista de sanciones cinco días después de la captura de Guzmán, parte de lo que oficiales estadounidenses catalogan como un renovado esfuerzo para ponerle la soga al cuello al cártel y a sus principales líderes.
Cuéllar se quejó de que podría perder a clientes estadounidenses y tal vez a algunos mexicanos, sin que haya un debido proceso.
Aunque sus 30 trabajadores se mantuvieron ocupados, atendiendo a los caballos frisones que son de su propiedad, alimentando a una nueva cría de avestruces y cortando carne en una planta procesadora del rancho.
Un subsidio que le otorgó la Secretaría de Agricultura mexicana en el 2011, lo ayudó a modernizar sus instalaciones, de acuerdo a Cuéllar y a los reportes de un periódico.
Cuéllar, nacido en Colombia, quien ha vivido en México 24 años, asegura que es la víctima por haber sido socio de un amigo de la infancia, Leónidas Vargas Vargas, un dirigente de un cártel colombiano que fue asesinado en el 2009 mientras purgaban una sentencia de 19 años por el tráfico de narcóticos en España.
“Eso es lo único que se me ocurre pensar, que ellos piensan que tengo algún vínculo con él”, dijo.
Cinco de los parientes de Cuéllar enfrentan sanciones de la Tesorería, incluyendo a su hijo, John Fredy Cuéllar, y su nuera Gabriela Amarillas López.
Amarillas es hija del subsecretario de Finanzas del Estado de Sinaloa, Gildardo Amarillas López.
En un comunicado, el subsecretario negó que él o sus parientes tuvieran negocios o conexiones ilícitas con el narcotráfico.
Si el rancho de Cuéllar es afectado por las sanciones estadounidenses, dijo, probablemente lo venderá y se dedicará a otra cosa. Señaló que estaba considerando vender algunos de sus bienes.
“Yo creo que tendré que encontrar otro negocio al cual dedicarme”, agregó.