Vestidos de negro y encapuchados, los integrantes de esta corporación utilizan armas de alto poder y participan en los operativos con camionetas blindadas.
El Grupo de Armas y Tácticas Especiales (Gates) de Coahuila, creado para realizar operativos contra el crimen organizado —en coordinación con las autoridades federales y militares— será acusado ante la Organización de Estados Americanos por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura.
Este grupo, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CEDH), se convirtió en el principal violador de garantías individuales de la entidad en los primeros meses de este año, debido a que acumula 15 quejas.
En el informe 2013 de la CEDH, el mayor número de quejas se presentaron contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (273), seguida de la Policía Preventiva (235), la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad Estatal (151).
A esta última instancia pertenece el Gates, que tuvo 100 quejas.
Orgullo del gobernador Rubén Moreira, la creación del Gates en 2009 fue impulsada por el entonces procurador del estado, Jesús Torres Charles. Ahora es cuestionada por organizaciones civiles; su argumento es que la ley estatal establece que un grupo especial de esta naturaleza debe estar bajo el mando del director de la Policía Operativa.
Vestidos de negro y encapuchados, integrantes del Gafes utilizan armas de alto poder, como fusiles G3 FAL, y participan en operativos con camionetas blindadas, es decir, que el gobierno de Coahuila los equipó como los grupos SWAT de Estados Unidos.
Desde el inicio de sus operaciones se han presentado quejas por las violaciones de derechos humanos contra de la población del estado, mientras que las autoridades locales no han logrado que ese grupo especial se apegue a la ley en la materia, de acuerdo con la CEDH.
Ese abuso de autoridad generó que el pasado 11 de marzo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, Xavier Diez de Urdanivia Fernández, denunciara que elementos del Gates amenazaron, hostigaron y golpearon a personal de esa comisión.
El ombudsman calificó esos hechos de “intolerables e inadmisibles”, por lo que demandó que se efectúen “las diligencias procedentes, a fin de que este infausto acontecimiento sea sometido a los procesos jurídicos que resulten procedentes”.
El visitador general de esa comisión, Javier Roque, destacó que las quejas en contra del Gates incluyen amenazas, allanamiento de morada, detención arbitraria, prestación indebida del servicio público, incomunicación, desaparición forzada, robo, retención ilegal, ejercicio indebido del servicio público, intimidación y lesiones.
Por estas quejas se emitió una recomendación y se solicitó a las autoridades estatales capacitar a sus elementos en materia de derechos humanos para que “sean respetuosos al ejercer un acto de autoridad”.
Ariana García, abogada de la organización Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, explicó que los elementos del Gates “no ponen a disposición de las autoridades a las personas que detienen; los mantienen dos o tres días ocultos y los torturan, después los presentan ante el Ministerio Público lesionados.
“Justifican las detenciones diciendo que son personas que se dedican a la delincuencia o que tienen alguna participación en el crimen organizado.”
Pero al margen de su supuesta responsabilidad, consideró la abogada, debe existir un protocolo para la detención y presentación inmediata de esos detenidos ante la autoridad.
Hasta ahora la organización que dirige Ariana García ha documentados 11 casos de desaparición forzada, aunque la autoridad federal se hizo cargo de seis.
La abogada explicó que el Gates “es una corporación que no se encuentra legitimada, porque cuando el juez del distrito pide informes a la corporación ésta responde que no puede recibir nada. La Secretaría de Gobierno ha señalado que el superior inmediato es la Comisión de Seguridad del Estado y ésta contesta que ellos no son los superiores, por lo que no se tiene definida bien su autoridad”
A diferencia de las policías estatales y municipales, los elementos del Gates “no están obligados a elaborar partes informativos, por eso no hay un registro de detenidos”.
Ante la constante violación de los derechos humanos por parte de los Gates, familiares de las víctimas enviaron cartas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar su intervención; sin embargo, esta instancia aseguró que “no podía atender los casos” y las canalizó a la comisión estatal.
MILENIO solicitó en varias ocasiones información a la CNDH sobre las cartas enviadas, pero aseguró que no tiene ninguna información al respecto.
La abogada Ariana García detalló que la Procuraduría General de la República realiza una investigación de quejas por tortura y éstas serán las que se presentarán ante la OEA en los próximos días.
Entre los casos denunciados por Familias Unidas está el de Martín Durán Martínez, de 20 años, detenidos por elementos del Gates en Piedras Negras, en septiembre de 2013.
Julieta, esposa de Martín, comentó que elementos del Gates lo detuvieron “durante dos días; después lo llevaron a las instalaciones de la PGR y no me lo dejaban ver. Después lo trasladaron a Hermosillo, Sonora, y desde ahí me envió una carta en la que me dijo cómo lo torturaron; de hecho tiene una fractura en el cráneo. Me decía que en la SEIDO los meten al baño, les dan toques y les dicen que si no se declaran culpables los van a matar. Por eso firmó una declaración.
“Ahora es acusado de contrabando, delincuencia organizada y portación de armas, pero no tiene antecedentes; está limpio de todo.”
Señaló que envió una carta a la CNDH, en la que explicó la situación de su esposo. “Me dijeron que no me pueden ayudar, porque esa corporación no existe.”
Dijo que visitar a su esposo cada 40 días, cuando le dan permiso, representa 48 horas de viaje: se traslada en auto pirata por 200 pesos a Torreón y luego a pedir aventones para Hermosillo, porque “no tengo para pagar el transporte, que cuesta más de mil pesos”.
Otro caso es del policía municipal José Cuevas Sánchez, de 27 años, quien el 13 de julio de 2009 desapareció cuando iba a su trabajo. Rosa María, su pareja, comentó que las autoridades no quisieron levantar denuncia por la desaparición, únicamente le tomaron una declaración.
“En varias ocasiones iba a preguntar a las autoridades y les llevaba pistas de lo que me decían, pero solo decían vamos a ver.” Los familiares de los desaparecidos enfrentan abandono.
Rosa María comenta que “a la entonces delegada Patricia Rivera le solicitamos ayuda económica; nos dijo a mí y a otra esposa de un policía desaparecido que éramos unas lagartonas, que todavía no sabíamos si estaban vivos y ya estábamos pidiendo el dinero que les correspondía” por indemnización.
La corporación policiaca donde laboraban los dos agentes “no quiere darnos apoyo económico; hablé con el nuevo alcalde de Piedras Negras le pedí una pensión para ayudar a mis hijos y me contesto que la pensión no es para toda la vida; lo único que podía hacer era pagarme su seguro de vida, porque el municipio no otorga pensiones a nadie”.
MILENIO solicitó a través de la Dirección de Comunicación Social del gobierno de Coahuila entrevistas con el secretario de Gobierno y con el responsable del Gates, pero no fueron concedidas.