Felipe Calderón se salió con la suya y de la mano de Estados Unidos mantuvo en prisión el sexenio pasado a Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico". Pero al igual que en México, las acusaciones contra ella en aquel país se desvanecieron y sólo fue condenada a una pena que ya está dada por cumplida, lo que significa su libertad.
De acuerdo con Stephen G. Ralls, su abogado, Sandra Ávila quedará libre "sin haber cooperado jamás" con el gobierno estadounidense, como tampoco lo hizo el gobierno de Calderón, que se negó a entregar al Departamento de Justicia de Estados Unidos información que favorecía a la mujer.
El jueves 25 la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, dio a conocer la sentencia a 70 meses de prisión contra Sandra Ávila, luego de que el gobierno estadounidense desechara los cargos iniciales de narcotráfico, los que de haber sido reales le hubieran significado cadena perpetua. Estados Unidos decidió también que la condena corriera desde su detención en México, el 28 de septiembre de 2007, al inicio del sexenio calderonista.
La pena se dará por cumplida este domingo 28 de julio, cinco años y 10 meses después de su aprehensión en el Vips de San Jerónimo, en el sur del Distrito Federal.
Pero el regreso a México de la sinaloense de 52 años depende del proceso de deportación al que será sometida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), algo que puede tomar de dos a cuatro semanas, explicó a Proceso el abogado Ralls.
NINGÚN ARREGLO
De la prisión de Florida a la que fue confinada desde su extradición en agosto de 2012, pasará como retenida a las instalaciones del ICE en ese estado hasta que dicha instancia decida su salida del territorio estadounidense, donde se le acusó de conspirar en enero de 1999 y marzo de 2004 para traficar y distribuir cocaína, por lo que se le abrió la causa penal 04-CR-20154 en la Corte federal de Miami.
En entrevista, Ralls asegura que Ávila no llegó a ningún arreglo con la justicia estadounidense: "Nunca cooperó ni dio información al gobierno de Estados Unidos. Simplemente la acusación se cayó."
Exonerada de los cargos de narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos sólo la acusó de asesorar para cometer un delito. Dijo que ayudó a su ex novio, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, "El Tigre", a evadir a las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia argumentó que nueva información sustituyó las acusaciones que durante más de una década sostuvo contra Ávila, de traficar cocaína a Miami y Chicago en colaboración con los Cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle.
Uno de los principales cargos en su contra decía que en 2001 ayudó "Al Tigre" y al hermano de éste, Mauricio Espinosa Ramírez, en el intento de traficar 9 mil 291 kilos de cocaína a Estados Unidos en el barco Macel, asegurado en aguas del Pacífico mexicano. El gobierno estadounidense se apoyaba en la grabación de una llamada telefónica del 14 de septiembre de 2001 en la que supuestamente Ávila Beltrán reclamaba el dinero de la fallida operación.
La Fiscalía retiró los cargos en su contra porque su principal acusador, el colombiano Juan Carlos López Correa, fue acusado de perjurio por el propio gobierno estadounidense.
PRUEBAS ESCAMOTEADAS
Pero el gobierno de Calderón no le dio a Estados Unidos las pruebas que exoneraban a Ávila.
El 19 de diciembre de 2012, a unos días de terminado el sexenio calderonista, el Departamento de Justicia le envió una carta a Ralls para informarle que un año antes, en diciembre de 2011, el gobierno mexicano se negó a entregarle un testimonio que favorecía a la acusada: la declaración de Mauricio Espinosa Ramírez, quien inicialmente la había involucrado.
En esa carta, firmada por la fiscal asistente Cynthia R. Wood y en respuesta a una petición del litigante para que le informara sobre los alegados nexos de narcotráfico de Ávila con los hermanos colombianos, el Departamento de Justicia señala que Mauricio Espinosa fue entrevistado por agentes mexicanos y supuestamente firmó una declaración que exculpó a Ávila Beltrán.
Revela que aunque la entrevista ocurrió en las oficinas del gobierno de Estados Unidos en Miami, ningún agente de ese país participó en el interrogatorio. Más aún, "los agentes mexicanos rechazaron entregar una copia de la declaración al abogado de la Oficina de Asuntos Internacionales, perteneciente a la División Criminal del Departamento de Justicia, quien participó en la entrevista."
Los representantes del gobierno mexicano, a los que no identifica, "permitieron al abogado (de esa oficina)... revisar la declaración. De acuerdo con el abogado, tomó notas detalladas". Sin embargo, la oficina tampoco entregó la información a la fiscalía que llevaba el caso ante la Corte de Florida.
La carta de la fiscal menciona dos hechos que exculpaban a Ávila: una operación de tráfico y confiscación de 70 kilos de falsa cocaína en Nueva York, supuestamente enviada a "La Reina del Pacífico", y la declaración de un narcotraficante colaborador de Estados Unidos (no identificado), quien "aseguró haberla visto tres o cuatro veces y que no estaba involucrada en el negocio de las drogas, pero sí en la venta de joyería a narcotraficantes."
La misiva, sin embargo, menciona que algunas personas detenidas en Estados Unidos la señalaron como representante de Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", cuando éste formaba parte del "Cártel de Sinaloa."