El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), congeló las cuentas a diez empresas y a cinco personas vinculadas a la familia de los Sánchez Garza, una organización de lavado de dinero establecida en Guadalajara que comenzó a operar en beneficio de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, en los años ochenta. En un comunicado emitido hoy desde Washington, el gobierno estadounidense informó que conforme a la Ley Kingpin, la acción de hoy prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con estos individuos y empresas, y congela cualquier activo que puedan tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
“La designación de hoy se centra en un grupo cuyas operaciones inmobiliarias y enlaces aparentemente legítimos tienen su origen en las actividades ilícitas de las organizaciones de tráfico de drogas de Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno”, dijo el director de la OFAC del Departamento del Tesoro, Adam J. Szubin.
En junio de 2013, la OFAC designó a los miembros de la red de los Sánchez Garza, responsables del desarrollo de comunidades residenciales en Zapopan, Jalisco, en beneficio de Caro Quintero, y que también han invertido en una propiedad previamente designada Provenza Residencial de Esparragoza Moreno.
Los designados incluyen a Mauricio Sánchez Garza acusado formalmente en el Distrito Oeste de Texas (San Antonio), por un cargo de conspiración para lavar dinero y a la fecha se encuentra fugitivo por dicho cargo.
La designación de hoy incluye también a tres primos de los hermanos Sánchez Garza previamente designados: José Sánchez González, Fernando Sánchez González y Javier Sánchez González, quienes están involucrados en la construcción de varias propiedades con la familia Sánchez Garza y que tienen vínculos con las empresas previamente designadas de los Sánchez Garza.
La OFAC también designó hoy a los siguientes miembros de la familia Sánchez Garza por actuar en nombre de las previamente designadas: María Aurora Sánchez Contreras y Eva Luz Rosales Morfín, las respectivas esposas de Diego Sánchez Garza y José de Jesús Sánchez Garza. Las empresas designadas hoy incluyen nueve empresas de desarrollo inmobiliario y un restaurante, Bocados de Autor, SA de CV (alias Lucrecia Bar).
La OFAC ha designado a más de mil 300 empresas y personas vinculadas a 103 cabecillas del narcotráfico conforme a la Ley Kingpin desde junio de 2000. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta mil 075 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas.
El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas por violación criminal de la Ley Kingpin de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos.