La zozobra diaria, la balacera de hoy, la suspensión de clases y los narcobloqueos, se han convertido en el presente de muchos de los municipios de Tamaulipas, donde la ingobernabilidad y la falta de voluntad política mantienen a sus habitantes en una angustia permanente.
Escenas de ciudades vacías, vehículos circulando impunemente con sujetos armados a bordo, enfrentamientos a tiros y persecuciones entre criminales, con una autoridad ausente, son la constante que viven, desde un tiempo a la fecha, los tamaulipecos.
Ese es el sombrío panorama de un estado grande y vigoroso por el que aún cruza más del 50 por ciento del comercio de mercancías hacia los Estados Unidos, y que cuenta con importantísimos yacimientos de petróleo y gas.
La guerra existente entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, en la que el gobierno estatal y los municipales son meros espectadores. Es la presunta causa del deterioro y la violencia que agobian a Tamaulipas. En tanto, las autoridades, a través de voceros han asegurado una y otra vez “estamos en paz”.
Números y posiciones
El fenómeno que ya han vivido otras entidades fronterizas, pero que en Tamaulipas se ha agudizado por el mismo combate que narcotraficantes hacen de organizaciones rivales, es la extorsión, con el consabido cobro de “derecho de piso” o de paso. Quienes se resisten a pagar desatan los enfrentamientos, los levantones y los homicidios.
Las cifras de los crímenes ocurridos en la entidad surgen de diferentes fuentes, principalmente a través de las redes sociales, pues muchos de los medios de comunicación tradicionales de esa región han optado por no informar de los hechos ni de las estadísticas.
Tan solo en abril de 2014 se contabilizaron 72 asesinatos producto de las más recientes balaceras, que han marcado la escalada en este tipo de delitos.
Sin embargo, las autoridades ya no “maquillan” los números como en antaño. Ahora los borran materialmente. Así, en la página web de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas ya no aparecen ciertos rubros en lo que la dependencia denomina: “Averiguaciones Previas Iniciadas sobre los Delitos de Mayor Incidencia en el Estado Durante el Periodo de…”.
Se reportan las estadísticas del primer trimestre de 2014, desglosadas por mes, solo que no aparecen homicidio, secuestro ni extorsión, entre otros ilícitos graves o de alto impacto. El ilícito más grave que se difunde en el portal es el robo de vehículos, el resto es sobre otro tipo de robos, lesiones, amenazas, violencia familiar y abandono de obligaciones alimenticias, entre otros.
De ser el primer productor nacional de sorgo, y el tercer lugar nacional en producción de carne, Tamaulipas ahora resalta en otras primeras posiciones, pero en aspectos negativos y deshonrosos. Ocupa el primer lugar en desempleo en el país, primero en extorsiones vinculadas al tráfico de drogas, y también es campeón de la ordeña de ductos de combustible de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en su territorio.
Balaceras y muertes
A mediados del mes de marzo último, Rafael Lomelí Martínez renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública estatal. Llegó al relevo el General Brigadier retirado, Arturo Gutiérrez García, con quien se pensó que, por su experiencia castrense, se estaría reforzando al esquema policiaco en la entidad.
Sucedió lo contrario. Al iniciar abril se agudizó la problemática y reaparecieron las balaceras y asesinatos múltiples.
Desde el primer día de mes se reportaron enfrentamientos en Reynosa, entre miembros del Cártel del Golfo y elementos del Ejército Mexicano y la Marina. Hubo bloqueos en las vialidades y la alerta en Tamaulipas y Nuevo León para que la gente no viajara hacia la zona. El motivo de la reacción de los narcos: la captura de Jesús Alejandro Leal “El Simple”, líder de la organización criminal en esa plaza.
Autoridades federales informaron que una serie de acciones en los últimos días de marzo permitió la detención de “El Simple” y de otras 33 personas, el aseguramiento de 28 armas de fuego, más de 3 mil cartuchos, 41 vehículos y 6 mil litros de combustible robado.
A partir de entonces no ha habido tregua. Cinco días después, una balacera entre criminales armados y militares en el poblado de Los Guerra, municipio de Miguel Alemán, arrojó saldo de cuatro muertos y dos lesionados. Soldados detuvieron a cinco presuntos sicarios y aseguraron veinte armas de fuego.
El 6 de abril se conocía de seis asesinatos más a balazos en los municipios de Madero y Tampico. Tres de las víctimas se hallaban en un hotel de dos estrellas de la primera ciudad, cuando pistoleros arribaron para abrir fuego contra dos de los huéspedes y una empleada del lugar.
Ráfaga de declaraciones
Tras ese fin de semana trágico, el gobernador tamaulipeco Egidio Torre Cantú se reunió con su homólogo de Nuevo León y citó a rueda de prensa a los medios de comunicación para declarar: “Estos hechos de violencia son como resultado de las acciones que estamos obteniendo en la lucha por regresar la tranquilidad a la entidad”.
Mientras el Gobierno del Estado aseguraba que todo estaba bajo control y no era necesaria la presencia del Gobierno Federal, el 9 de abril, el alcalde de Ciudad Mier, Roberto González González, hizo pública su exigencia al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al gobernador Torre Cantú, para que se atendieran los graves problemas de inseguridad y violencia, con la instalación de puestos de control militar en los accesos al municipio.
El Gobierno Federal envió refuerzos a Tampico y Madero. Un día después, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, se lavaba las manos sobre la violencia de la frontera y declaró que el incremento en los homicidios se debe a “ajustes de cuentas entre grupos delincuenciales”.
Por su parte, el 11 de abril, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, expuso a los medios informativos que Tamaulipas no está abandonado y ya se estaba preparando una estrategia integral, brindándose todo el apoyo. “La estrategia se está midiendo con toda precisión”, dijo el primer fiscal.
A los días siguientes, cansados de la inseguridad y el terror desatado en las calles por grupos criminales, unos mil 500 habitantes de Tampico vestidos de blanco marcharon por la paz en su ciudad, con demandas plasmadas en pancartas y lonas en las que reclamaban una vida digna para ellos y para sus hijos.
Entre el 10 y 18 de abril hubo mayor tranquilidad en la entidad. El día 16, militares rescataron a una persona secuestrada y detuvieron a nueve de los plagiarios en el municipio de Llera de Canales. Y el día 18, elementos de la Marina acabaron con la vida de tres civiles armados que los atacaron en Ciudad Victoria.
Homicidios al “mayoreo”
Fuerzas federales informaron el 22 de abril que en el municipio de Padilla detuvieron a un líder “Zeta”, Iván Eduardo Hernández Ramírez, y a cinco de sus colaboradores en poder de drogas, armas de fuego y otros implementos.
Horas más tarde, en dos balaceras de la Marina contra presuntos sicarios en San Fernando y Matamoros, murieron siete personas, seis de ellas vinculadas a grupos criminales y un civil ajeno a los hechos.
La noche del 26 de abril, sujetos armados que viajaban a bordo de dos camionetas sembraron el pánico en Tampico al rafaguear con armas largas, las fachadas de diversos establecimientos comerciales. Una persona fue alcanzada por las balas y resultó con lesiones regulares.
Durante la última semana del mes pasado, un descomunal enfrentamiento en calles de Reynosa entre militares y civiles armados dejó un saldo de 17 personas muertas, dos de ellos agentes federales, 13 presuntos narcotraficantes y dos víctimas inocentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja oficiosa para investigar presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los fallecidos ajenos al conflicto.
Este suceso detonó toda la atención nacional que tenía sus ojos puestos en lo que ocurre en el Estado de Michoacán con los grupos de autodefensas y su guerra contra el cártel de Los Caballeros Templarios.
Egidio Torres Cantú ya no salió a declarar, pero el primero de mayo, a través de su vocero Guillermo Martínez, mandó decir “estamos en paz, en calma”. Nuevos enfrentamientos en Miguel Alemán un día después desvirtuaban el exabrupto oficialista: tres muertos de organizaciones delictivas que zanjaron sus diferencias a balazos. Varias fachadas de casas quedaron con las cicatrices de proyectiles de armas de fuego.
Para el 3 de mayo, la Marina amplió su cobertura de sobrevigilancia a los municipios de Victoria, Mante, Río Bravo, Nuevo Laredo, Valle Hermoso y Reynosa. En esta última localidad fue descubierto un túnel donde se encontraron tres camionetas blindadas, doce cargadores para armas largas, más de mil balas y tres radios de comunicación.
La paz no llegó con estas acciones, ya que el lunes 5 de mayo, en dos confrontaciones de las fuerzas federales y personas armadas, en Matamoros y Reynosa, hubo cinco muertos, todos ellos civiles. Esa misma noche, pero en Ciudad Victoria, otra balacera tuvo saldo idéntico de cinco defunciones, solo que una de las víctimas fue el recién nombrado director de Investigaciones de la Policía Estatal Acreditable, Salvador de Haro Muñoz. Hubo cinco detenidos.
Medios como rehenes
Envalentonado por la muerte del Comandante de Haro, el martes último reapareció públicamente el gobernador Egidio Torre Cantú para decir que se le dará batalla a la delincuencia “en todos los rincones de Tamaulipas”, y aceptó que el Gobierno Federal ya tiene presencia en diversos municipios.
Con un discurso diferente, por fin, el miércoles 7 de mayo, nuevamente el vocero Guillermo Martínez reconoció que el Estado tiene un problema “como en muchas partes de la República”, pero negó que la administración esté siendo omisa o se encuentre cruzada de brazos.
Por su parte, el senador Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los mayores críticos del gobierno y las políticas de seguridad de Torre Cantú, ha declarado que cuando se registran hechos violentos como los ya descritos, las autoridades municipales y estatales no dan aviso inmediato a las instituciones federales, sino hasta varias horas después, denotando la complicidad de algunos alcaldes con la delincuencia organizada.
García Cabeza de Vaca, que denunció el presunto intento de levantón del que fue objeto el 28 de abril cuando circulaba en su camioneta con logotipos del Senado de la República hacia el aeropuerto de Reynosa, compartió la percepción de que algunos medios de comunicación en Tamaulipas están sometidos informativamente por los gobiernos municipales y el estatal, pues son sus mejores clientes en la venta de publicidad.
Antes que el senador panista diera a conocer el intento de levantón del que salió bien librado gracias a las maniobras de su chofer, la también senadora del mismo partido, Maki Ortiz, señaló hace algunos meses que en el tramo carretero de Ciudad Victoria a Reynosa, sujetos armados intentaron interceptarla.
Investigan a policías
Tras la muerte del director de Investigaciones de la Policía Estatal Acreditable, Salvador de Haro Muñoz, la Procuraduría General de la República detuvo precautoriamente a diez elementos de esa corporación, quienes podrían estar coludidos con la delincuencia organizada y vinculados al homicidio.
En un escueto comunicado y curándose en salud, antes de la que dependencia federal informara del asunto (lenta para dar a conocer sus acciones), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas les “madrugó”.
Se informó que los policías estatales fueron localizados a bordo de dos unidades de la corporación, en un sector fuera del área de vigilancia que tenían en sus consignas.
Sin abundar en el caso específico, la SSP tamaulipeca señaló que hay indicios de que los policías acreditables podrían estar vinculados a un grupo delincuencial, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. No más.
En tanto, el miedo para los habitantes y los propios policías municipales y estatales continúa en calles y caminos del gran estado colindante con la frontera de Texas, entidad norteamericana que también se muestra preocupada por la situación que se vive en territorio mexicano.