El ejercicio de la función pública en México, o en casi todo México, sigue casi las mismas lógicas del crimen organizado. Cuando un político alcanza un puesto es como si ya fuera el líder de la plaza: desde el primer día en que entra a su oficina lo que sigue es lucrar.
Pero hay otros códigos que también siguen los supuestos servidores públicos de este país que son iguales a los de un criminal. Como ya ganó el puesto, la mayoría de las veces no por elección popular sino por sus propios “méritos”, servir a la gente no es parte de su ADN. Y quizá un caso de sobra sea el del Secretario de Salud del Estado de México, César Gómez Monge.
La bitácora que es Twitter claramente dejó el testimonio de que tanto él como el Gobernador Eruviel Ávila Villegas fueron avisados por un ciudadano, en este caso un reportero que estaba en el lugar de los hechos, de que un niño golpeado por los miembros de su propia familia estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Un médico alertó al periodista que el menor requería atención especializada. El funcionario dijo en público, como si se tratara de una campaña política, que le mandaran información a su DM o un mensaje directo en su cuenta de esa red social para hacer algo.
No hizo nada, de acuerdo con reportes. Horas después el niño estaba muerto.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga a los familiares que asestaron los golpes que provocaron la muerte de este inocente de apenas poco más de dos años. No dijo, por supuesto, que el funcionario, de acuerdo con la evidencia que existe en Twitter, actuó con negligencia criminal.
Lo del Edomex es muy alarmante. No sólo es relevante el tema de los feminicidios que tanto le molestan a Eruviel Ávila, que lo hacen sonrojar y abandonar conferencias sin dar respuesta. El de la indefensión de las niñas y niños mexiquenses es para que hubiera una acción de Estado. Y no se habla aquí de bullying. Esa es cosa, literalmente, de niños. Se habla de homicidios (sin minimizar el bullying, por supuesto).
De acuerdo con una investigación del periodista Humberto Padgett, el Edomex se mantiene desde tres años como líder nacional en feminicidios, sin que los gobiernos del entonces mandatario Enrique Peña Nieto y el ahora Gobernador Ávila Villegas hayan decretado la alerta de género.
Además, desde 1990 y hasta 2012, nunca ha descendido de la séptima plaza como el peor sitio en México para la vida de las niñas. “Es relevante que el Estado de México que con excepción de dos años, 2008 y 2011, en que ocurrió un empate, siempre ha mostrado más tendencia feminicida de niñas que su vecino de mayor tamaño, el Distrito Federal”, destacó el reportero.
Es probable que una buena parte de la prensa no publique el caso de este niño muerto por negligencia de un funcionario. El Estado de México ha tenido durante años derecho de picaporte con directivos de los medios de comunicación tradicionales. Pero eso no quita que se deba señalar que ese individuo pudo haber salvado la vida de un niño de por sí víctima de una sociedad podrida. No quita que la Procuraduría mexiquense no abra una investigación de oficio por negligencia en el servicio de la función pública en contra de un hombre clave en un gabinete: La Constitución dice que el gobierno tiene obligaciones fundamentales que cumplir: garantizar la educación, la alimentación, la seguridad, la salud y el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos, entre las más importantes.
¿Cuántos muertos se necesitan para conmover a un gobierno?
Muchos. Si se sigue la lógica del crimen organizado, de los “dueños de la plaza”, ya lo vimos el sexenio pasado y lo estamos viendo en éste: miles y miles y miles de muertos.