Una carta firmada por una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos unos días después del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar se convirtió en el documento clave que permitió la liberación del narcotraficante Rafael Caro Quintero, con el argumento de que fue indebidamente procesado por la justicia federal por dicho homicidio.
El 15 de marzo de 1985, ante una solicitud de la PGR para aclarar las funciones que desempeñaba Camarena, la Jefa de Personal Interino de la Embajada respondió que Camarena era agente de la DEA acreditado ante el Gobierno de México y con pasaporte oficial, pero consideró necesario agregar un párrafo que, 28 años después, decidió el destino del caso:
"Aun cuando el señor Camarena no tenía título diplomático o consular, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas ratificada en Diciembre 13 de 1972, en particular el artículo 37, párrafo 2, es aplicable al mencionado señor Camarena y a otros miembros de esta misión diplomática quienes no tienen específicamente títulos diplomáticos o consulares".
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Guadalajara, que el jueves pasado ordenó la liberación de Caro Quintero en una sentencia de 2 mil 256 fojas, consideró que esa carta fue "ambigua", porque no aclaró a qué se dedicaba Camarena, "confusa", porque no es lo mismo personal diplomático que consular, y lo más importante, los magistrados resolvieron que la propia Embajada admitió que Camarena no entraba en estas categorías.
El artículo 104 de la Constitución señala que son competencia de los tribunales federales "los casos concernientes al personal diplomático y consular", y como Camarena no era ni uno ni otro, su homicidio fue resultado de sus "actividades como particular" y por tanto debió ser procesado por los tribunales del fuero común de Jalisco.
El Tribunal colegiado intentó cuadrar el estatus de Camarena en la Convención de Nueva York sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, que busca castigar actos de terrorismo contra jefes de Estado o cualquier representante de un país que tenga derecho a protección especial en el extranjero.
Sin embargo, los magistrados volvieron a embestir contra la carta de la Embajada, porque no aclaró a con precisión a qué se dedicaba Camarena.
"Aun admitiendo que Camarena formaba parte del personal administrativo o técnico de la misión diplomática de los Estados Unidos en nuestro país, la aplicación de la Convención de Nueva York exigiría que los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado hubieren sido cometidos con motivo de las funciones que ejercía en nombre de esa nación, las cuales no están definidas en modo alguno en los documentos con los que se demostró su legal estancia y acreditamiento en nuestro País, y por ende, se carece de elementos probatorios que permitan determinar con certeza que gozaba de la calidad de persona internacionalmente protegida", dice el fallo.
Agrega que tampoco hubo evidencia de que Camarena contaba con autorización del Gobierno de México para llevar a cabo funciones de investigación, policía o vigilancia, ni de que el Gobierno de su país lo hubiera comisionado para realizar tareas lícitas de intercambio de información sobre narcotráfico.
"Debe enfatizarse", sigue la sentencia, "que de acuerdo con las conclusiones acusatorias (de la PGR), los delitos cometidos en perjuicio (de Camarena) no se perpetraron con motivo del ejercicio de sus funciones como miembro de una misión diplomática, sino a causa de las investigaciones que al parecer, y sin una justificación legal probada en autos, llevaba a cabo sobre las actividades ilícitas de Caro Quintero".
La funcionaria de la Embajada que firmó la carta se llamaba Jeanne B. Witt. No existen sobre ella mayores referencias, y aparentemente no sigue activa al servicio del Departamento de Estado.
Los magistrados José Félix Dávalos Dávalos, Rosa Isabel Moreno Ruiz y Lucio Lira Martínez también rechazaron jurisdicción federal sobre el secuestro y asesinato de Alfredo Zavala Avelar, piloto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que era informante de Camarena, pues su auxilio al agente de la DEA no tenía qué ver con sus funciones como empleado federal.
Disgusta liberación a jefe de Camarena
James Kuykendall, quien fue supervisor del agente Enrique Camarena, quien fue asesinado por orden de Rafael Caro Quintero en 1985, señaló estar muy "enfadado" y "muy disgustado" desde que se enteró de la liberación del narcotraficante.
"Quiero pensar que no hay nada extraño detrás de su liberación. Necesito pensar que no ha habido (un soborno o corrupción) pero realmente no lo sé y la verdad es que me gustaría saberlo porque no entiendo el motivo (de su liberación)", afirmó en entrevista telefónica en Washington.
Insistió en que el argumento técnico esgrimido por el Tribunal mexicano es "inaceptable" y que no tiene sentido después de haber pasado tantos años.
Caro Quintero, condenado a 40 años de prisión, fue liberado el pasado viernes en México tras haber cumplido 28 años de su sentencia.
El argumento técnico del Tribunal que invalidó la condena del narcotraficante es que éste fue juzgado a nivel federal cuando tendría que haber sido juzgado a nivel local, ya que no estaba demostrado su estatus diplomático.
Kuykendall, quien ahora vive en Texas, aseguró que Camarena trabajaba en México como personal autorizado de Estados Unidos, y el Gobierno mexicano estaba al tanto, cuando fue raptado y asesinado por Caro Quintero.
"Puedo confirmar que su estatus estaba reconocido por el Gobierno de México y que sus documentos estaban en regla", dijo Kuykendall al ser cuestionado sobre si Camarena tenía estatus diplomático.
"Él (Camarena) era parte del consulado y su estatus estaba aceptado por el Gobierno mexicano", insistió.
En la DEA, en tanto, no están seguros de cuál era el estatus oficial de Camarena en México en el momento de su asesinato, dijeron fuentes de la agencia que remitieron una solicitud de información al respecto al Departamento de Estado o el Gobierno de México.
El viernes pasado, la Agencia Antidrogas se declaró "profundamente consternada" por la decisión de dejar en libertad a Caro Quintero e indicó que buscará asegurar que sea procesado en Estados Unidos.
Consultado sobre el estatus diplomático de Camarena, el Departamento de Estado no ha ofrecido una respuesta hasta el momento.