La guerra contra el narcotráfico que se libra en México desde hace casi una década ha causado un serio problema, del que poco se conoce su magnitud: el reclutamiento forzado o voluntario de miles de adolescentes y niños para trabajar en las redes de tráfico de drogas.
Algunos casos han llamado la atención de los medios locales, como el de un adolescente recientemente liberado a quien se conoce como El Ponchis.
El joven fue enviado a su país de origen, Estados Unidos, para seguir una rehabilitación especial. Pero como él existen muchos más que no pueden tener esta oportunidad, señalan organizaciones civiles.
De acuerdo con el grupo Cauce Ciudadano actualmente unos 75.000 menores de edad están integrados a grupos de delincuencia organizada, y participan abiertamente en sus actividades. Un fenómeno que también se vivió en los años 90 en Colombia, cuando arreciaba la guerra del Estado contra el crimen organizado.
La mayoría, unos 24.000, se integraron al Cartel de Sinaloa y enseguida se encuentran los que participan con Los Zetas que suman 17.000. Otros 7.500 se ubican en las filas de La Familia Michoacana y el resto se distribuyen en otros carteles, según ha documentado esta asociación.
"Hay un uso indiscriminado de adolescentes y de jóvenes, chicos de 13, 14 o 15 años que trabajan como halcones (vigilantes), como sicarios, en el empaquetado de la droga, secuestro de personas o la vigilancia de las casas de seguridad", dice Carlos Cruz Santiago, director de Cauce Ciudadano.
Los menores se encuentran en la primera línea de violencia, pues incluso participan en combates entre carteles. Organizaciones civiles han documentado que entre el 1 de diciembre de 2006 y el último día de octubre pasado unos 1,873 adolescentes fueron asesinados.
Según el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), las agresiones son la primera causa de muerte entre los varones de entre 15 y 29 años de edad.
Para reducir el problema el gobierno mexicano emprendió un programa especial de prevención del delito, con énfasis en el rescate de espacios públicos tomados por la delincuencia, según Roberto Campa, subsecretario de Gobernación.
Razones
Las razones por las que tantos menores se encuentran en la delincuencia organizada son diversas, añade Cruz Santiago.
Muchos fueron víctimas de secuestros masivos; en otros casos sus familias recibieron amenazas para obligarles a trabajar para delincuentes, algunos más se unieron por miedo o porque era su única alternativa de empleo.
También hay casos, los menos, en que los adolescentes desean unirse a las bandas. Pero el común denominador es que son víctimas o victimarios que padecen la ausencia del Estado, cuya obligación es protegerles.
Así, padecen una vulnerabilidad extrema, incluso cuando pretenden cambiar de vida señala el director de Cauce Ciudadano.
"Los chicos pueden abonar a cambiar sus formas de actuar en las comunidades, ser menos violentos aún cuando sigan siendo criminales", explica.
"Es algo muy fuerte porque la gente quiere que se salga de la criminalidad. Nosotros decimos: dale empleo para que lo haga porque pedirle a los chavos (adolescentes) que se salgan cuando hoy la criminalidad les permite comer es cuando corren más riesgo".
Vacío legal
¿Por qué los carteles reclutan a menores de edad? Según especialistas pretenden aprovechar que en México antes de los 14 años las personas no son legalmente responsables de sus delitos, y después de esa edad hasta los 18 años reciben sentencias mínimas.
También es una forma de recuperar las tropas que perdieron durante los años más intensos de la guerra contra el narcotráfico, sobre todo porque el sector más abundante de la población mexicana es joven.
El problema es muy serio, afirma el diputado Ricardo Mejía Berdeja. "Se trata de un foco rojo que debe ser atendido como consecuencia de la falta de oportunidades", insiste.
Más allá de la polémica, el reclutamiento de menores por parte de los carteles revela el vacío legal que existe en el país para abordar el problema, señalan asociaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia.
Recientemente en la Cámara de Diputados se aprobó una enmienda legal para garantizar la protección del gobierno a niños y adolescentes que son víctimas de la delincuencia, pero la iniciativa se quedó en la antesala del Senado que no ha analizado aún el tema.
La ausencia de un adecuado marco legal es grave, coinciden especialistas, pues hace más difícil resolver el problema de estos menores.
Uno de los temas fundamentales es su reinserción social que debe efectuarse con varias estrategias a la vez: asegurar su participación en los planes oficiales dirigidos a ellos, ofrecer alternativas de desarrollo y empleo y garantizar su protección, señala Cauce Ciudadano.
Una ruta complicada, especialmente en el caso de los menores que han recibido entrenamiento paramilitar, insiste Cruz Santiago. "Esto es un desastre, se comieron al país y nadie se dio cuenta", concluye.