Han pasado casi tres años desde que la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada, el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. La activista buscaba justicia por el asesinato de su hija de 16 años de edad, Rubí Marisol Frayre Escobedo, ocurrido en 2008, pero al final lo que encontró fue la muerte.
Apenas hace un mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación 44/2013 en la que “encontró evidencias de violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad, en contra de la defensora de derechos humanos y tres víctimas y ofendidos del delito derivado de las irregularidades atribuibles a servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua y de la actual Fiscalía General de esa entidad federativa”.
El caso de Marisela es uno más de la impunidad que campeó durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón y la llamada guerra contra el narcotráfico, que dejó más de 70 mil muertos, según cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob); también 26 mil desaparecidos y mil 800 muertes violentas de menores, en hechos vinculados con la estrategia de seguridad lanzada por el ex mandatario federal.
Presentamos aquí seis de esas miles de historias que, por desgracia marcaron –y siguen marcando– uno de los periodos más trágicos de la historia de México.
EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA
La pesadilla de Marisela Escobedo Ortiz se originó cuando su hija Rubí empezó una relación sentimental con Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien la había contratado para que lo ayudara en una pequeña empresa de carpintería.
En septiembre de 2008, Marisela fue a buscar a su hija al domicilio que compartía con su pareja, pero no la encontró. Sergio estaba solo con la pequeña hija de ambos y le aseguró que Rubí había huido con otro hombre, hecho que la mujer nunca creyó.
Tras este encuentro, el joven huyó de Ciudad Juárez. En enero de 2009, Escobedo Ortiz presentó un reporte por la desaparición de su hija. Tres meses más tarde, Sergio fue detenido.
El que fuera su yerno confesó que había golpeado a Rubí hasta matarla, todo ocurrió en un presunto arranque de celos cuando supuestamente la encontró en “los brazos de otro hombre”, y pese a que la adolescente ya estaba muerta su pareja le prendió fuego. La confesión y pruebas declaraban culpable a Barraza Bocanegra, pero los jueces, sorpresivamente, no pensaban lo mismo. El 30 de abril de 2010, el joven fue absuelto de manera unánime por los magistrados Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, quienes renunciaron a su cargo en marzo de 2011.
Marisela comenzó una búsqueda de justicia y rastreó a Barraza hasta Zacatecas, donde cayó muerto en manos del Ejército durante una enfrentamiento con presuntos sicarios.
“El Piwi” –como era conocido el homicida– comandaba una célula de la organización criminal de Los Zetas. La activista buscó por todas las formas que el agresor fuera detenido y murió en manos de las fuerzas armadas. Marisela no encontró justicia en el hecho y un mes después perdió la vida frente al Palacio de Gobierno.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chihuahua, el autor del homicidio responde al nombre de José Enrique Jiménez Zavala, alias “el Wicked”, quien confesó haber sido enviado por Los Zetas para asesinar a la activista.
Jiménez Zavala afirmó que pertenecía al grupo de Los Aztecas desde 2003 y se encargaba de la plaza de Chihuahua, distribuyendo heroína y cometiendo homicidios del tipo ejecución. A Marisela, dijo, la mató debido a que sus acciones “ya hacían mucho eco en las noticias”.
“MIS HIJOS NO ERAN PANDILLEROS”
El 11 de febrero de 2010, el ex Presidente Felipe Calderón fue encarado por Luz María Dávila, madre de dos de las 15 víctimas de la masacre de la colonia Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El entonces mandatario acudió a la ciudad fronteriza a un evento llamado “Todos somos Juárez” y escuchó el airado reclamo de Dávila, quien le dijo que ahí no era bienvenido y le pidió que se retractara por lo que había dicho días antes en una gira por Japón; allá Calderón afirmó que las víctimas de la masacre eran “pandilleros”.
“No sabemos que haya ocurrido ahí, si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes prácticamente adolescentes (o) si esto refleja una lógica de pandillas y de bandas criminales”, dijo el ex Jefe del Ejecutivo federal. Era la declaración por la que Dávila le pedía se disculpara.
“Quiero que usted se retracte de lo que dijo, que eran ‘pandilleros’. Mentira. Uno de mis hijos estaba en la UACH [Universidad Autónoma de Chihuahua], el otro estaba en la prepa. No, no, es que no puede ser que digan que eran ‘pandilleros’, no tenían tiempo para estar en la calle, estudiaban y trabajaban”.
A punto del llanto, Dávila añadió: “Le apuesto que si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino”. “Sí, señora”, musitó Calderón, quien sólo en privado fue capaz de disculparse con los familiares de las víctimas, pero no varió su estrategia.
Un mes antes, un grupo de estudiantes habían sido atacados por narcotraficantes. Los jóvenes del CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se encontraban reunidos en una vivienda del fraccionamiento cuando fueron sorprendidos y atacados por un comando armado de al menos 20 sicarios que descendió de siete vehículos.
Los gobiernos local y federal relacionaron la masacre con ajustes de cuentas entre bandas rivales de narcomenudistas. Sin embargo, los familiares de las víctimas insistieron en que los jóvenes eran estudiantes que no tenían ninguna relación con estos grupos. El Frente Nacional contra la Represión sostuvo que los responsables habían sido escuadrones de la muerte que operaban en la ciudad.
Las autoridades ofrecieron nombres de los responsables. El presunto autor intelectual de la masacre fue José Alfredo Acosta Hernández, “El Siete”, un agente de la Policía Ministerial de Chihuahua y jefe de una célula denominada “Los Linces”, sicarios al servicio del crimen organizado. Año y medio después de la matanza, el 20 de junio de 2011, inició el juicio contra José Dolores Chavarría, Juan Alfredo Soto Arias, Heriberto Martínez, Alfredo Fabio Hernández Lozano e Israel Arzate Meléndez, todos señalados como responsables del asesinato de los jóvenes.
El último fue liberado recientemente, al reconocerse que se declaró culpable tras 30 horas de tortura por parte de militares.
El hecho causo división entre familiares de las víctimas y organizaciones no gubernamentales, los primeros exigen justicia y una investigación seria sobre el caso; las segundas celebraron que Israel fuera liberado por fallas en sus proceso y violaciones a sus derechos humanos.
“Los derechos humanos anduvieron defendiéndolo más a él que a nosotros; no se acercaron de ninguna forma con nosotros. ¿Y la memoria de nuestros hijos y el dolor de nosotros, dónde quedaron? Entonces derechos humanos estuvo más atento con él, que el señor comiera bien, que estuviera bien calzado, que no pasara hambre ¿y nosotros?”, cuestionó Dávila ante la resolución.
LA MASACRE DE 72 MIGRANTES
El 22 de agosto de 2010 fueron descubiertos 72 cuerpos sin vida de migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría centroamericanos, en el municipio de San Fernando en Tamaulipas, cercano a la frontera con Estados Unidos.
El crimen se conoció gracias a que un ecuatoriano logró huir del ataque y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres.
Dos camiones de carga que llevaban a los migrantes para pasar la frontera fueron detenidos por tres vehículos que bloqueaban la carretera. Hombres armados y con el rostro cubierto se identificaron como “Zetas”, los bajaron y los trasladaron en camionetas a la bodega de un rancho abandonado.
Los 72 migrantes fueron bajados, amordazados y colocados contra las paredes de la bodega. Primero los interrogaron para conocer su procedencia y a qué se dedicaban.
Sus captores los querían obligar a trabajar para ellos, pero los migrantes rechazaron la oferta. Los acostaron en el piso con la cabeza agachada. Les dispararon y para cerciorar que todos murieron, les dieron el tiro de gracia.
Un ecuatoriano no fue alcanzado por las ráfagas y el tiro de gracia le penetró cerca del cuello y le salió por la mandíbula se fingió muerto y esperó hasta que estuviera solo. Salió del rancho y caminó casi 22 kilómetros hasta encontrar a unos marinos a quienes pidió ayuda.
Tres años después, Jesús Murillo Karam, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció la creación de la Comisión Forense de Identificación de los Restos en San Fernando, Tamaulipas. Sólo 60 cadáveres fueron identificados y enviados a sus países de origen, y 11 personas han sido detenidas por el atentado.
Doce de los cadáveres permanecen en las fosas comunes del Panteón Dolores en espera de ser identificados.