En menos de tres días, por unanimidad o por aplastante mayoría, más de la mitad de los Congresos de los Estados aprobaron las Reformas a la Constitución en sus artículos 25, 27, 28, y en 21 transitorios, para la privatización del recurso energético de México.
La rapidez en avalar los cambios a la Carta Magna en los Estados de la República Mexicana, denota la falta de seriedad, compromiso y responsabilidad por parte de los diputados locales, y exhibe su actitud de servilismo hacia la figura Presidencial. Con la aprobación de las reformas a costa de lo que sea, y sin consultar a grupos sociales, afectados o, y más importante, a los mexicanos, Enrique Peña Nieto solo confirma el regreso del autoritarismo presidencial priísta.
El actual ambiente político y social en México, donde nada se consensa, todo se negocia, muchos se oculta, más se presiona, y menos se informa, no puede ser llamado de otra manera más que autoritarismo. El Presidente de la República no sale a la calle, no se codea con los mexicanos de a pie, no sale de su formato de la autopromoción y los actos cerrados, llenos de hartos policías, repletos de sistemas de seguridad para salvaguardar su integridad.
Dentro de su autoritarismo, Enrique Peña ha construido una fortaleza a su alrededor que lo aleja de los mexicanos reales. Los de las necesidades apremiantes, los que se mueren de hambre, los que viven en la informalidad y crecen en un México que no ofrece oportunidades para salir de la marginación. Bueno, lograda su encomienda de cambiar la constitución para vender la gallina de los huevos de oro que ha sido Petróleos Mexicanos, al Presidente y a su equipo de subordinados ya no les interesó si el Partido de la Revolución Democrática seguía o no en el infame Pacto por México. Total, como quien es el mejor postor, el cónclave de dirigentes de partidos sirvió para, de la mano del PRD, aprobar la reforma fiscal y financiera que afecta a muchos mexicanos; mientras que del brazo del PAN, logró la aprobación de la reforma energética.
En materia de inseguridad el autoritarismo de la Presidencia de la República en manos del PRI no acepta más cifras que las suyas, y no informa en tratándose de estrategias, acciones, persecuciones, y cárteles. Política esta que ha servido solo para mantener a los mexicanos desorientados pero no ajenos a las balas que escuchan todos los días, y al conteo de ejecutados que no puede sofocar con una estrategia mediática que se acerca más al oficialismo que a la libertad.
Considerando que en sus primeros once meses de gobierno (de diciembre 2012 a octubre 2013) hubo 19 mil 16 muertos y promediando, existe una alta probabilidad que Peña concluya el primer año de su sexenio con más de 20 mil ejecutados, lo que lo ubicaría con la cifra más alta en los últimos años, producto ésta de enfrentamientos del crimen organizado y el narcotráfico en un clima de impunidad ofrecido por el Estado Mexicano.
El autoritarismo presidencial ha tocado también a los estados y a los congresos de los estados. Para nadie debe ser una sorpresa o información ajena, que las Cámaras locales en las entidades federativas son manejadas desde el Poder Ejecutivo Estatal, o el Poder Ejecutivo Nacional o el Partido en el Poder. Cada Gobernador, salvadas excepciones, manejan sus congresos para sacar o detener iniciativas de Ley, aprobar presupuestos en negociaciones insanas que siempre están ligadas a los dineros públicos.
Por eso no extraña, que con dispensa de trámite, sin leerla ni analizarla, más de la mitad de los Congresos de los Estados hayan aprobados las reformas a la Constitución, cambiando el curso de la historia al tiempo que validaban la autoridad del Presidente para interferir en poderes que la misma Carta Magna señala como autónomos. De los 18 estados primeros en aprobar la reforma a la Constitución, catorce son gobernados por priístas, uno por un verdecologista y tres más por panistas. En Baja California, con dispensa de trámite, con dispensa de lectura y en dos horas, los legisladores del PAN, del PRI y del Verde, aprobaron la reforma energética, con todo y la abstención de la izquierda minoritaria (al cierre de la redacción de esta columna, 25 estados se habían sumado a la aprobación, tres del PAN, tres del PRI y uno de izquierda).
Es estas condiciones, los mexicanos no tenemos salida. El Presidente manda en los dirigentes de los partidos a través del pacto al que se unen, se separan, y acuerda según su conveniencia; también manda en el Poder Legislativo Federal, y ahora en los Congresos de los Estados. Eso, es autoritarismo. La sociedad está fuera, y solo le resta soportar y adaptarse a las decisiones tomadas en Los Pinos. Así de evidentes.