“¡ESTAMOS HASTA LA MADRE!” Un caso notable entre las víctimas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón fue el del poeta Javier Sicilia, cuyo hijo, Juan Francisco, fue asesinado el lunes 28 de marzo de 2011.
El cuerpo del joven fue hallado adentro de un auto en Temixco, Morelos, junto con otros seis cadáveres. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Morelos informó que Juan Francisco, de 24 años, se encontraba atado de pies y manos y mostraba claros signos de tortura.
Días más tarde, el escritor anunció que jamás volverá a escribir poesía porque el crimen “le aniquiló el alma”.
En mayo de ese año inició una marcha por la paz. El escritor se convirtió en activista y ayudó a la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que agrupa a centenares de familiares que, como él, habían visto a un ser querido ser asesinado o desaparecido.
Del movimiento surgió el grito colectivo de “¡Estamos hasta la madre!”; fue organizador de la Marcha por la Paz que partió de Cuernavaca, Morelos, al Distrito Federal, en mayo de 2011.
En junio del mismo año, en el Castillo de Chapultepec, el movimiento se reunió con Calderón. Sicilia se convirtió en la voz de los familiares.
“Aquí, señor Presidente, vea bien nuestros rostros, escuche nuestros nombres, estamos los familiares de las víctimas inocentes. ¿Le parecemos bajas colaterales? No somos cifras. Venimos a que conozcan la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas. Usted, señor Presidente, está obligado a pedir perdón a la Nación y en particular a las víctimas”, dijo entonces.
Calderón le respondió así: “Coincido en que debemos pedir perdón por no proteger la vida de las víctimas, pero no por haber actuado contra los criminales que están matando a las víctimas. Eso, definitivamente, es un error y en eso, Javier, sí estás equivocado”.
INCENDIO POR NO PAGAR “DERECHO DE PISO”
“Hace casi dos años, 25 de agosto [2011], –acompañada de mi hijo– fui al Casino Royale aproximadamente a las tres de la tarde y 10 minutos, después entraron unos individuos profiriendo palabras altisonantes e insultando. Posteriormente a eso empezaron a rociar con gasolina el casino, entramos todos en pánico”, contó a Sámara Pérez, una sobreviviente del siniestro que dejó 52 víctimas mortales en Monterrey, Nuevo León.
“El ataque fue tan rápido, el humo tan denso y fuerte que simplemente por más que gritábamos entre unos y otros buscando los familiares no era tan fácil encontrarnos. Me fui al área VIP donde se hallaba mijo en la zona de ruleta y había una barrita de bebidas, entonces me escondí en esa parte de ahí y de repente vi que se abrió una puerta, claro que decía sólo personal autorizado, entraron unos empleados y me fui con ellos. Afortunadamente esta puerta daba perfectamente a la calle, cosa que las personas ignoraban, sólo los empleados sabían”, explicó la ahora activista.
El negocio de apuestas había sido víctima de la delincuencia organizada en anteriores ocasiones. Sin embargo esa tarde, miembros de Los Zetas entraron al establecimiento con galones de gasolina y armas largas. Amenazaron a los clientes y comenzaron a robar sus pertenencias. Después hurtaron algunas máquinas e incendiaron el lugar.
Todo porque los dueños se negaron a pagar “derecho de piso”. Después del atentado, el entonces subprocurador de Control Regional de Procedimientos de la Procuraduría General de la República (PGR), José Cuitláhuac Salinas Martínez, explicó en conferencia de prensa que, según la declaración de Raúl Rocha, uno de los socios de Casino Royal, Los Zetas le habían pedido 50 mil dólares por este concepto, cantidad que subió hasta 140 mil dólares y que se negó a pagar.
Con la muerte del líder de la organización criminal, Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, y la detención del segundo al mando José Treviño Morales, alias el “Z-40”, quedó supuestamente saldado el caso. A los capos se les atribuyó el atentado calificado como uno de los más sanguinarios de la guerra contra el narcotráfico.
Sin embargo, las familias de las víctimas aún buscan justicia.
Samara lamenta que a pesar de que Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex Presidente Felipe Calderón, visitó a los familiares pocos días después de la tragedia y les prometió ayuda, no lo cumplió.
La ayuda del gobierno de Calderón –y del actual– así como disculpas por el hecho que enlutó a Monterrey nunca llegaron.
“VERACRUZ SEGURO” Y LA MATANZA DE BOCA DE RÍO
El 20 de septiembre de 2011, cerca de las 17:00 horas, un grupo de hombres armados abandonó dos camionetas que contenían varios cuerpos en el paso a desnivel del bulevar Ruiz Cortines, bajo el monumento de “Los Voladores de Papantla”, en Boca del Río, Veracruz.
El entonces Procurador general de Justicia del Estado, Reynaldo Escobar Pérez, informó que la cifra de cuerpos encontrados era de 35, 23 hombres y 12 mujeres. Fue la tercera masacre más grande desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa lanzó la guerra contra el crimen organizado, sólo por debajo del Casino Royale y la de San Fernando, Tamaulipas.
Según el Servicio Médico Forense (Semefo) de Veracruz, la mayor parte de las víctimas murió asfixiada, estrangulada, por golpes y por sofocación.
La primera versión de las autoridades locales señalaba que todas las víctimas tenían antecedentes penales y, por tanto, no se ponía en duda algún nexo con el narcotráfico.
“Se ha confirmado, a través de Plataforma México, que todos ellos tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades del crimen organizado, tales como secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo, entre otros delitos”, mencionó Escobar Pérez.
El Gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, informó a través de su cuenta de Twitter que las víctimas habían encontrado la muerte por desviarse del camino: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”, escribió el mandatario.
Sin embargo, la entonces secretaria Técnica de Seguridad del Gobierno Federal, Alejandra Sota, aclaró que no todos tenían antecedentes penales. Entre los muertos había algunos menores de edad, como Fernando Betancourt Vázquez, de 14 años; Abbi Lizbeth Poucholen Barrios, de 15, y Diana Teresa López Luna, de 16.
Los otros cuerpos identificados fueron Pablo González López, de 23 años; Juan Martín Pérez Arias, 21; Yuset Alejandro Reyes Iglesias, 28; Iván Cuesta Sánchez, Brigitte, de 22 años; Miguel García Lozano, 50; Ricardo Pacheco Mendoza, 22; Mario Hernández Quevedo, 41; Luis García Atzín, 29; Luis Alfredo Gamboa Librero, 22; Irving Abiud Reyes Cruz, 20; Arturo Morales Córdoba, 46, y Víctor Hugo Álvarez Guillón, de 37 años de edad. Joaquín Olivares Gómez, de 38 años e identificado como policía; Alan Michel Jiménez Velázquez, de 15; Pedro López Pérez, 37; Gerardo Trujillo Méndez, 16; Luis Alberto Zavala Flores; 25; Jenny Valerio Tomba, 31; Felisa Concepción Ortiz Ortiz, 53; Aída Socorro Luna, 40; Karen Lobos Guevara, 24; Susana Sosa Colorado, 18, y Jorge Luis Martínez Collins, de 23 años de edad. Luis Manuel Quiroz Arjona, La Foca, de 38 años, agente de la Policía Intermunicipal de Veracruz, Boca del Río, del Sector 14, y Gabriel Hernández Hurtado, de 29 años, presunto involucrado en la desaparición del administrador de la aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni.
Por su parte, el gobierno federal anunció, a través del entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, 14 días después de los hechos, el programa “Veracruz Seguro”. Envió más policías federales, soldados y marinos al estado, que actuaron bajo un mando único, además pretendía depurar y fortalecer las policías locales.