Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40″, jefe máximo de los Zetas y uno de los capos más sanguinarios, solicitó de una jueza –y ésta se lo concedió– un amparo para no sufrir abusos de las autoridades judiciales.
La jueza Sandra Leticia Robledo Magaña otorgó una suspensión para protegerlo contra actos de incomunicación, tortura y maltrato por parte de los agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).
Además, ordenó la visita de un actuario adscrito al Poder Judicial federal para verificar que el “Z-40″ –acusado de homicidios, secuestros, mutilaciones y tortura, entre otros delitos– no haya sido, ni esté siendo, sometido a malos tratos durante su estancia en la Subprocuraduría.
Treviño, capturado la madrugada del lunes en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, es señalado como autor intelectual del incendio al Casino Royale, en Monterrey, donde murieron 52 personas, así como por el asesinato de 44 reos del Penal de Apodaca y la ejecución de 49 personas en Cadereyta.
Además, está vinculado con el secuestro y homicidio de 265 migrantes en Tamaulipas y tiene siete órdenes de aprehensión por su presunta participación en delitos como delincuencia organizada, delitos contra la salud, tortura y lavado de dinero.
Según la lista de acuerdos publicada ayer por el Consejo de la Judicatura Federal, Treviño promovió, entre el 15 y el 16 de julio, cuatro amparos ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal.
Los pidió como protección contra cualquier detención, retención e internación ilegal, incomunicación, golpes, azotes, maltratos, tortura y la publicación de sus datos personales.
De acuerdo con los expedientes 715, 716, 717 y 722/2013, las solicitudes de amparo son en contra de posibles acciones de Rodrigo Archundia, titular de la SEIDO; Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, y Francisco Espinosa, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO.
Con base en la lista de acuerdos, la jueza Robledo concedió una “suspensión de plano” por posible tortura e incomunicación.
Es decir, requirió a las autoridades de SEIDO que, de existir dichos actos en contra de Treviño, éstos sean suspendidos de inmediato y sus garantías individuales sean respetadas.
Esta suspensión se concede de forma inmediata tras ser presentada la solicitud, dado que se toma por cierta la acusación del detenido.