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Espiral de violencia en Veracruz: narcofosas, balaceras, secuestros…

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En los últimos 20 días, esta entidad ha registrado una espiral de violencia con el hallazgo de dos cementerios clandestinos en la Cuenca del Papaloapan, balaceras entre Zetas y fuerzas policíacas y federales en los municipios de Tecolutla, Orizaba y el Puerto de Veracruz, y una racha de secuestros en Boca del Río, Xalapa y en el corredor industrial, Córdoba-Orizaba.

Los delitos del fuero común también han estado a la orden del día: asaltos a camiones de pasajeros en carreteras del sur de la entidad y balaceras y atracos a centros comerciales a plena luz del día en la zona norte de la entidad.

A tal punto llega ya la exasperación de la población que en el caso particular de esta ciudad operan grupos autodenominados “vecino vigilante”.

La crisis de seguridad no parece inquietar al gobierno de Javier Duarte que hasta se da el lujo de negar el hallazgo de una nueva narcofosa en la congregación, Paraíso Novillero, del municipio de Cosamaloapan, de la que fueron exhumados ocho cuerpos.

“Es un rollo, un montón de rumores. Se traen un rollo ahí con el tema, es el rumor lógico que se genera en este y en muchas otras cosas“, declaró el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, el pasado fin de semana.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya tomó cartas en el asunto.

Secuestro de alto nivel

El pasado viernes 4 un comando irrumpió en el fraccionamiento Costa de Oro y secuestró al menor Rafael De Diego Nieto, sobrino de una de las familias más acaudaladas de Boca del Río, y a su nana, Gabriela Mixtega Alemán.

Este lunes, el niño de 7 años y la nana fueron rescatados luego de un operativo en el que participaron elementos de las policías federal y estatal. Hasta ahora, no se ha informado si se pagó rescate y si hay detenidos.

En esta ciudad, en los municipios norteños de Tantoyuca, Álamo, Panuco, en Cosamaloapan y en la zona centro, que comprende Córdoba-Orizaba, no cesa tampoco la ola de secuestros y “levantones”. En algunos casos, células delincuenciales solicitan el pago de un cuantioso “rescate”, en otros, el delito sólo queda como “desaparición forzada”.

Vuelven las balaceras

En las últimas 72 horas, las principales ciudades de la entidad han sido escenario de cruentas balaceras; el sábado, a la altura del módulo del DIF Municipal, conocido como “Lavaderos”, en el puerto de Veracruz, seis presuntos delincuentes fueron abatidos en enfrentamiento con las fuerzas armadas.

El intercambio de fuego orilló a vecinos y comerciantes a cerrar negocios y refugiarse en sus domicilios. Los elementos navales repelieron la agresión a la altura de la avenida Veracruz. El ruido de detonaciones y el patrullaje aéreo que efectuaron helicópteros de fuerzas policíacas estatales derivó en crisis nerviosas en los ciudadanos.

Ni la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ni la SSP dieron cuenta de los hechos.

Ese mismo sábado, tres presuntos “Zetas” fueron abatidos en Orizaba, esto luego de enfrentarse con elementos de la SSP, según un comunicado, los presuntos delincuentes viajaban a bordo de una camioneta color roja en las calles de Norte 28 y Oriente 7.

“Elementos estatales le marcaron el alto a los hombres que viajaban en la camioneta, sin embargo, en lugar de detenerse, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra las fuerzas del orden, por tal motivo, el grupo de Seguridad Pública repelió la agresión, dando como resultado tres personas muertas, todos tripulantes de la camioneta”.

En el lugar de los hechos fueron aseguradas tres armas largas, dos cortas y cartuchos útiles.

El viernes pasado en Tecolutla, cuatro presuntos integrantes de Los Zetas fueron abatidos. El incidente ocurrió cuando las patrullas SP-1884 y SP-2298 le marcaron el alto a una camioneta Chevrolet Trax gris 2014, con placas Yge-7898. Sus ocupantes trataron de huir de las fuerzas del orden, pero al verse acorralados abrieron fuego en contra de los policías estatales.

En el tiroteo, los cuatro presuntos criminales fueron abatidos. La SSP dio a conocer que entre los ocupantes de la Chevrolet Trax viajaba el jefe de plaza del citado grupo criminal en esta región costera, a quien sólo identificaron con el sobrenombre de El Popeye.

Narcofosa invisible

El gobierno de Duarte no ha querido reconocer que elementos de la PGJE inhumaron al menos ocho cadáveres el pasado jueves en la localidad de Paraíso Novillero. Dicho sitio se encuentra en el kilómetro 20 de la carretera 175 en el tramo Cosamaloapan-Tuxtepec, justo a 15 kilómetros de la cabecera municipal. En el lugar, también fue encontrada una patrulla “clonada” de la SSP.

“Los cráneos que fueron extraídos presentaban orificios de entrada y salida de bala y otros estaban totalmente fracturados por golpes, se presume, con objetos contundentes como bate o tubo”, dijeron empleados del Semefo, quienes solicitaron el anonimato.

Apenas el 17 de junio pasado, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México descubrieron en el rancho “El Diamante”, ubicado en el municipio de Tres Valles, 12 fosas clandestinas.

En el interior de este cementerio clandestino se encontraron 31 cadáveres, varios de ellos decapitados o cercenados en sus extremidades. Luego del hallazgo, el gobierno de Javier Duarte se tardó tres días en reaccionar y reconocer los hechos.

Dicho hallazgo fue confirmado por el hoy exsubprocurador de la Zona Sur, Arturo Herrera quien por haberlo hecho fue despedido por el gobierno de Duarte. Herrera no quiso dar más detalles de dónde surgió la orden: “Si sigo hablando capaz me corren hasta del estado”.

Por el cementerio clandestino no reconocido, la CNDH inició una investigación, donde reportó a distintos consulados de países centroamericanos para que participen en la identificación de los cadáveres. El presidente de dicho organismo, Raúl Plascencia Villanueva ordenó una investigación con motivo del hallazgo los días 16 y 17 de junio, así como 2 de julio del año en curso de restos humanos.

Mediante un comunicado se informó que un grupo de visitadores adjuntos se trasladaron a esa localidad –Cosamaloapan y Tres Valles- a fin de recabar evidencias para la integración del expediente.

“Me tocó bailar con la más fea”

Este lunes, mientras desayunaba con empresarios de todo el estado, para conmemorar la “Semana del Emprendedor”, Javier Duarte admitió que le “tocó bailar con la más fea”, por el flagelo de la inseguridad y la difícil crisis financiera que afecta a la entidad.

“Me tocó –dijo- gobernar en una de la situaciones más complejas y difíciles. No estábamos preparados para este complejo escenario que se tenía, con grandes desastres naturales por huracanes, el flagelo de la inseguridad como en el resto del país”, expuso.

Duarte se puso como reto, respaldar a todas las regiones del norte, sur y centro; sin embargo, deslindó la creación del empleo, para el sector empresarial: “Los que tienen que crear empleos, son ustedes”, dijo.

Comando toma poblado en Guerrero y obliga a enfermeras a atender a heridos

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CHILPANCINGO, Gro.- Elementos de la Secretaría de Marina se enfrentaron este mediodía con un grupo de hombres armados en La Goleta, municipio de Amatepec, Estado de México.

De acuerdo con reportes oficiales, luego de la balacera los agresores se refugiaron en Alahuixtlán, municipio de Teloloapan, ubicado en los límites de la zona norte de Guerrero y el sur del Estado de México.

Los sujetos, que se desplazaban en al menos 15 camionetas, tomaron el control del poblado, donde habilitaron la iglesia como campamento y obligaron a las enfermeras del centro de salud a dar atención a los pistoleros lesionados, según la información consultada por Apro.

El grupo iba encabezado por Osvaldo Olascoaga Hurtado, hermano de Jonhy Olascoaga, El Mojarro, supuesto lugarteniente del líder de La Familia Michoacana, José María Chavez Magaña, El Pony, detenido la semana pasada en Guanajuato, un día después de que el Ejército mató a 22 miembros de la organización delictiva en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

El reporte indica que policías municipales de Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco) “brindaron protección” al grupo de La Familia que esta tarde ingresó a Guerrero procedente de La Goleta, Estado de México, donde se registró el enfrentamiento con elementos de la Marina.

Hasta el momento las autoridades federales no han emitido información sobre el hecho.

A finales de abril pasado la Marina instrumentó un operativo para “cazar” a integrantes del grupo criminal en la zona limítrofe de ambas entidades, luego del asesinato de un teniente de corbeta durante un enfrentamiento en el municipio guerrerense de Apaxtla de Castrejón.

Pese al despliegue de tropas del Ejército y la Marina, la violencia en la zona norte de Guerrero y el sur del Estado de México no cesa y, contrario a ello, persiste la brutal disputa de ese importante corredor de drogas entre sicarios al servicio de La Familia y el grupo delictivo denominado Guerreros Unidos.

Detienen a sospechosos armados y aseguran equipo de la Marina clonado

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Tampico, Tamaulipas.  Durante dos operativos de seguridad en la zona centro de Tampico elementos de la Policía Estatal Acreditable lograron la detención de cuatro hombres armados y el aseguramiento de armas, equipo militar y tres uniformes clonados de la Marina informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas.
En seguimiento de una denuncia ciudadana los efectivos llegaron a una casa cerca del centro de Tampico, asegurando tres armas largas, cuatro armas cortas, siete cargadores, cartuchos, tres uniformes clonados de la Marina y gorras con logos de un grupo delincuencial que opera en la Zona Conurbada.
En el mismo sector de la zona centro, los policías estatales ubicaron una camioneta color negra en la que se transportaban cuatro hombres armados, a los que se detuvo y se entregó a la autoridad correspondiente para que se continúen las investigaciones.

Video: "PGJE de Michoacan cobra cuotas, Castillo actua con impunidad": Valencia

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El depuesto Alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, acusó que en la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE) se aplica el cobro de cuotas a dueños de deshuesaderos, lotes de auto y negocios de autopartes.

A través de un video en Youtube, afirmó que el cobro involucra a Jesús Armando Gress Cornejo, señalado por Valencia como ex coordinador de agencias especializadas en investigación de robo de vehículos.


"En la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que encabeza José Martín Godoy Castro, un jalisciense, se designó a Jesús Armando Gress Cornejo, alias "Gress", como coordinador de las agencias especializadas en investigación del robo de vehículos", dice el ex Edil ante la cámara.

Valencia aseguró que sobre Gress Cornejo existen denuncias penales y quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

"En lugar de llegar a dignificar una institución, a sanear una institución, como tanto lo habían pregonado, llegaron a corromperla, a seguir extorsionando, a cobrar cuotas a los dueños de deshuesaderos, a los dueños de lotes de autos, a las tiendas donde venden autopartes usadas, y no es posible que esta persona, que ni michoacano es, extorsione, robe", expresó.

De acuerdo a Valencia, tras conocerse estos señalamientos internamente en la PGJE, el funcionario fue sólo removido del cargo.

El ex Alcalde criticó que el Comisionado Federal para la Seguridad en la entidad, Alfredo Castillo, no haya procedido penalmente en contra de este servidor público.

"Lo único que se hizo cuando se evidenció la clase de calaña que es, fue removido de su cargo. Ni siquiera se le abrió una averiguación previa correspondiente", reprochó.

En el directorio de la PGJE no aparece el nombre de Gress Cornejo como funcionario activo.



Fotos: Sorprende fuerte operativo de la Marina en Culiacán

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Aunque hasta el momento no han informado resultados a los medios de comunicación sobre las acciones que realizan en Culiacán, elementos de la Secretaría de Marina continuaron ayer operativos en diferentes sectores residenciales de esta ciudad. 

Los operativos iniciaron en la Colonia Las Quintas, donde durante la noche del sábado y la madrugada del domingo fueron cateadas varias residencias, en las según información extraoficial detuvieron a varias personas y aseguraron diversos objetos; sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad de la Semar. 

Ayer domingo, alrededor de las 12:30 horas, cerca de 40 elementos de la Marina arribaron al Fraccionamiento Residencial Montecarlo acompañados por agentes del Ministerio Público Federal y elementos de la PGR. 

Las unidades en las que se transportaban, que eran cuatro camionetas rápidas y un camión, fueron estacionadas afuera del residencial, a orillas del Bulevar Lola Beltrán, y los elementos ingresaron a pie.

El operativo duró alrededor de 2 horas, en las que de acuerdo a una versión extraoficial que trascendió en el lugar, fueron cateadas varias casas, sin que hasta el momento las autoridades informen sobre los resultados de los operativos. 

Hasta la tarde de ayer los cateos continuaban en diversos sectores de la ciudad, sin embargo, la Semar ha guardado hermetismo total en torno a las acciones que realiza en Culiacán.




Matan a lugarteniente del ‘Chapo’ Isidro

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Decomisan avionetas, pista, armas y drogas; la Seido atrae el caso

El comando militar tuvo que dejar la pasividad y rapidez de la carretera Internacional México 15, como si anduvieran en un rondín rutinario más, en el que no tenían un objetivo previo en la mira, el 26 de junio.

Bajó por un camino vecinal, reseco y polvoriento. Serpenteó por el rancho El Chino de Los López, compuesto por menos de 60 casas levantadas a la ocurrencia de sus propietarios y habitado por alrededor de 300 personas.

Cruzó el puente del canal de riego y a escasos metros del aeródromo distinguieron lo que más tarde sería su objetivo: un grupo armado.

Quizá no lo sabían, o si tenían esa información se la reservaron en todo momento, pero entre esos hombres armados estaba el jefe de la célula Bamoa para el Cártel de Guasave, Eleobardo Salmón Higuera.

Bamoa es una comunidad agrícola, de más de 3 mil habitantes. Está ubicada a un costado de la carretera Internacional México 15. Era el refugio de gatilleros y escondite de vehículos acorazados para ataques en masa a corporaciones policiales, en el año 2013. Fue escenario de cruentos enfrentamientos armados entre Policías Ministeriales y células criminales, y entre militares y gatilleros, en el 2012.

Según investigadores de la Policía Ministerial del Estado y analistas de inteligencia policial, Eleobardo es un tipo sanguinario, encargado de una de las zonas más conflictivas para el Cártel de Guasave, pues se trata de la región en donde se han quemado casas, se han registrado enfrentamientos armados con sus rivales del Cartel de Sinaloa, y tiroteos con fuerzas castrenses, incluyendo comandos de la Armada de México.

Altos funcionarios de la Procuraduría General de la Justicia del Estado (PGJE) confirmaron que Eleobardo Salmón Higuera, el Chichí, estaba limpio de antecedentes penales. Tenía apenas un proceso penal en Guamúchil, y estaba siendo procesado también en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Guasave. Por ese juicio había tramitado el amparo incidental 356/2014 en el Juzgado Sexto de Distrito, el cual había perdido recientemente.

Se le considera un hombre sumamente peligroso, por ser hermano de Carlos Jesús Salmón Higueras, El Macaco. Este resulta ser uno de los principales asesinos y jefe de grupo armado al servicio de Jesús González Peñuelas el Chuy González, quien a su vez sirve a Fausto Isidro Meza Flores, fundador del Cártel de Guasave, creado tras que los hermanos Beltrán Leyva se escindieran del Cártel de Sinaloa, por la detención de Alfredo el Mochomo, en el 2008, en Culiacán.

Al Macaco se le relaciona en decenas de emboscadas a grupos de la Policía Ministerial del Estado y en la ejecución de civiles, en los municipios de Guasave, Ahome, El Fuerte y Sinaloa.

Cuando los soldados distinguieron el auto tinto fueron recibido a balazos, señalan los primeros informes castrenses, tras pedirse refuerzos terrestres y aéreos.
Los militares respondieron la agresión.

Y de inmediato, uno de los civiles cayó al suelo. Sus acompañantes se rindieron.

La zona fue asegurada y se prohibió el paso a toda corporación. Sólo a militares de rango se les flanqueaba el camino.

Horas pasaron hasta que el lugar arribó el Ministerio Público Militar, pero la información no fue liberada.

Finalmente, al anochecer, se supo oficialmente que el que había caído muerto en el tiroteo era Eleobardo Salmón Higuera, el Chichí .

Y que entre los detenidos se encontraban familiares de éste. Era José Orlando Avilés Higuera, primo; también perdieron la libertad Jesús Gaspar Romero Bojórquez, de 59 años, velador del hangar y Usiel Concha Fong, de 40, agricultor y piloto.

Tras las operaciones militares, la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada aseguró tres avionetas fumigadoras y dos vehículos —un Cadillac y un Áltima—, dos pistolas 39 de doble acción y una calibre 5.7, conocida como “mata-policías”, además de una cantidad indeterminada de goma de opio.

Hasta ahora, el destino de los detenidos no es conocido. La Seido se reservó dar a conocer el caso.

En la entidad, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la PGJE afirmaron desconocer los detalles del caso en que murió el jefe de la célula Bamoa del Cártel de Guasave, pues no se les permitió dar fe del deceso del individuo. Sin embargo, en las redes sociales, se había confirmado que el Chichí ya se había reunido con su padre, quien también habría sido asesinado. Algunos felicitaban al Ejército por haber eliminado a quien consideraba un mataamarrados.

Marina continúa operativos por El Chapo en Culiacán

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La Marina Armada de México continúa en Sinaloa con las investigaciones derivadas de la captura del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzmán.

Los operativos de autoridades federales en la capital de Sinaloa, quienes en los últimos días han cateado casas en las colonias Las Quintas, Miguel Hidalgo y Montecarlo, se relacionan con el líder preso el pasado 22 de febrero, aseguró el gobernador del estado, Mario López Valdez.

“Lo que está ocurriendo en Culiacán es producto de las investigaciones que ha arrojado la
detención del Chapo Guzmán. Lo único que puedo decir es que reconozco el respaldo que le da la Federación a Sinaloa con estos operativos”, explicó el mandatario al concluir la inauguración de varios tramos carreteros.

López Valdez explicó que también en Guasave se realizan operativos intensos pero estos relacionados con la muerte de un militar en días pasados.

“De los acuerdos que se tomaron en el consejo de seguridad es que cuando un elemento de gobierno sea afectado por miembros de la delincuencia, habrá una persecución para hacer sentir el peso del gobierno. Quienes atenten contra la vida de un elemento del poder sufrirán la persecución y lo que está ocurriendo en Guasave es producto de eso”, enfatizó.

La impune narcopolítica en Sinaloa

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Había asistido a la fiesta por invitación de un amigo, también sinaloense, avecindado en Tamaulipas desde muchos años antes, empresario y político. El convivio era en una de las fincas de Tomás Yarrington Ruvalcaba, que acababa de asumir la gubernatura de la entidad. Apenas intentaba acomodarse en una de las mesas, cuando miró que alguien le llamaba con las manos. Era Juan José Esparragoza Moreno, el Azul. Se sorprendió. “¿Quiúbole compadre, que andas haciendo por aquí?” Trabajando compadre, trabajando.

Eran los tiempos en que dominaba la entidad el cártel del Golfo, al mando de Osiel Cárdenas Guillén, sin que todavía estuvieran confrontados con el cártel de Sinaloa. Por distintos puntos de la frontera de Tamaulipas con Texas pasaba droga de Ignacio el Nacho Coronel, del Azul, de Vicente Carrillo Fuentes, y había que garantizar la continuidad del negocio.

Yarrington, se supo después, se comprometió, a cambio de dinero, con todos los grupos que se le acercaron. Gobernó de 1999 a 2004; ahora es un perseguido de la justicia y hasta ha sido acusado por la DEA de ser el autor intelectual del asesinato del candidato a la gobernatura Rodolfo Torres Cantú, en junio de 2010.

Priista de cepa, Tomás Yarrington parece tener fuero, pues, a pesar de que en la PGR existe la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, las pesquisas contra el ex gobernador no avanzan o, al menos, eso parece. El gobierno norteamericano lo declaró prófugo de la justicia y ha empezado a embargar sus bienes, mientras en México la PGR parece inmovilizada.

No es el único; su sucesor, Eugenio Hernández Flores, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010, también ha sido señalado por la DEA de haber recibido sobornos de los Zetas, que emergieron como cártel en ese periodo y con su base principal en esa entidad. Y acaban de revelarse acciones en los estados Unidos —no en México— contra el ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Y se supo, hace algunas semanas, que un hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, aparece en una fotografía con Servando Ramírez, la Tuta, jefe de Los Templarios.

Lo que llama la atención en esta vorágine de información relacionada con la narcopolítica, es que no se haga público ningún elemento que tenga que ver con lo que ocurre en Sinaloa, la cuna de este negocio. Si los capos sinaloenses hacen negocios con gobernadores de Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Morelos… sería ingenuo pensar que no los hacen con los gobiernos, estatales y municipales de Sinaloa. A menos que lleguemos al grado de asumir como un hecho que, en realidad, los que gobiernan aquí son ellos y no los hombres y mujeres que se eligen en las urnas.

El gobernador que más sintió la lumbre en los talones fue Antonio Toledo Corro, cuando el embajador de Estados Unidos en México, con información de la DEA, sugirió, todavía siendo gobernador, que era amigo de Manuel Salcido Uzeta, el Cochiloco, y que aviones cargados de cocaína bajaban en Las Cabras. Pero nada pasó.

En 2004, cuando asesinaron en Culiacán a Rodolfo Carrillo Fuentes, se destapó la cloaca en que se había convertido la Policía Ministerial al mando de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, y se ventiló la especie de que el entonces gobernador, Juan Millán Lizárraga, estaba siendo investigado por la DEA. Uno de sus hombres de más confianza, Luis Pérez Hernández, asesinado al iniciar el Gobierno de Mario López Valdez, se reunía seguido con narcotraficantes, entre ellos Vicente Zambada Niebla, con quien compartía su gusto por los animales exóticos. Tampoco pasó nada.

Ninguno de los gobernadores, de Toledo para acá ha escapado a la sospecha, ni Francisco Labastida Ochoa. Hasta que detuvieron a Miguel Félix Gallardo, en 1989, Ismael Zambada García despachaba por la calle Vallarta, donde ahora es un jardín de niños boletinado por el Tesoro de los Estados Unidos, a doscientos metros de la Policía Ministerial. El jefe de la corporación, Arturo Moreno, fue detenido como parte de la operación contra el Padrino, pero nunca se actuó contra el gobernador.

Bola y cadena
JUNTO A LOS GOBERNADORES o impulsada por ellos, se ha desarrollado en Sinaloa una clase política ligada estrechamente al narcotráfico. Diputados locales y federales, regidores, jefes policiacos, agentes del Ministerio Público, senadores, se han beneficiado y han estado bajo el manto del narco. Del actual gobernador, por ejemplo, lo menos que se ha dicho es que ganó la elección con los votos del cártel de Sinaloa. Pero aquí nunca ha pasado nada.

Sentido contrario
UNA MODALIDAD DEL CRIMEN que se ha estado propagando en Sinaloa es el secuestro de niños y mujeres jóvenes. No se sabe a ciencia cierta el propósito, aunque en el caso de las mujeres, todo indica que es con el fin de prostituirlas en la frontera y/o en los Estados Unidos. Ya hay casos exitosos de la Alerta Amber aquí, pero hasta ahora pocos resultados en el desmantelamiento de las bandas que se dedican al tráfico de personas.

Humo negro
EL MARTES PASADO, a instancias del diputado del partido Movimiento Ciudadano, Mario Imaz, se tomó en el Congreso del Estado un punto de acuerdo para que se acelere la rehabilitación del libramiento carretero Culiacán-Mazatlán, el cual, a semanas de haber sido inaugurado, presentó fallas que hicieron imposible su uso. La carretera la construyó la empresa Promotora del Desarrollo en América Latina, propiedad del magnate Carlos Slim, a la cual le dieron la concesión del mantenimiento por 30 años. Tal vez por ser de quien es, del acuerdo tomado en el Congreso se excluyó la propuesta del diputado para que el gobierno estatal integre y haga público un informe completo sobre el problema, desde su licitación hasta su entrega. Dinero mata propuesta.

"Mireles se equivocó al no cumplir el acuerdo"

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Michoacán.- José Manuel Mireles vive las consecuencias por incumplir el acuerdo de no portar armas sin permiso del gobierno, afirmó Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa en La Ruana, Michoacán.

"Me siento mal de que se haya detenido al doctor, pero él fue de los que levantó la mano para el famoso acuerdo de que ya no se iba a portar armas sin credencial del gobierno", dijo Mora en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Consideró que Mireles, detenido el 27 de junio luego de encabezar una incursión de autodefensas en La Mira, se equivocó por no cumplir su palabra.

"Creo que se equivocó al no respetar el acuerdo que se había tomado y ahí están las consecuencias, por no haber respetado el acuerdo que ya tenían, que él votó. Yo no, yo estaba detenido", dijo.

Hipólito Mora deseó que el ex líder de autodefensas salga pronto de la cárcel, donde permanece acusado de delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su particularidad de portación agravada de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y delitos contra la salud.

"Ojalá salga pronto, pero yo pienso que debemos aprender a tener palabra. Mucha gente me critica, me preguntan si le tengo coraje al gobierno por meterme a la cárcel, pero yo no le tengo coraje, se me estaba acusando de algo que no cometí y lo que hizo el gobierno fue detenerme, luego investigar y estoy afuera", dijo.

Mora recordó que los grupos de autodefensa realizaron un trabajo "que no nos correspondía".

"Teníamos 12 años solos a lo que dijeran Los Caballeros Templarios; hicimos un trabajo que nos correspondía y sería bueno que tomaran en cuenta eso, que nosotros sacrificamos muchas cosas para hacer un trabajo que no nos tocaba, deberían de tener consideración", afirmó.

Respecto a si se raparía la cabeza para apoyar la salida de Mireles de la cárcel, Hipólito Mora dijo que no le gusta y no lo haría.

"Que me perdone el doctor Mireles, pero yo no me rapo en honor a él y eso que estoy medio pelón, mejor hago una caminata en su honor, raparme no", señaló.

José Manuel Mireles fue detenido el 27 de junio y dos días después fue consignado y trasladado al penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora.

El sábado 5 de julio, un juez federal dictó el auto de formal prisión en contra del fundador de los grupos de autodefensa.

La inseguridad ha cambiado los hábitos de los mexicanos

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En el segunto trimestre del año casi 77 millones de mexicanos cambiaron sus hábitos y ahora salen a la calle sin llevar joyas, dinero en efectivo o tarjetas de crédito para no ser víctimas de la delincuencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en junio pasado revela que esta cifra representa 65.4 por ciento de la población en México, que asciende a 118 millones de personas.

Sin embargo, no es la única costumbre que han modificado los mexicanos, pues 29.5 por ciento de la población dejó de visitar a sus amigos por la noche por el temor de ser asaltados, agredidos o secuestrados.

En general, la percepción de inseguridad entre los mexicanos bajó 2.2 por ciento en el segundo trimestre de este año respecto a igual periodo del año pasado.

En el estudio —que se realiza cada tres meses— se señala también que 70 por ciento de la gente considera inseguro vivir en su propia ciudad y asegura que en los alrededores de sus viviendas se consume alcohol o se cometen robos, asaltos y actos de vandalismo.

Los indicadores que mide la encuesta son el temor al delito (percepción), expectativa social sobre la tendencia de inseguridad, atestiguación de conductas delictivas y cambio de rutinas por temor a ser víctimas de criminales.

En ese sentido, 18 por ciento de la población consultada consideró que la seguridad pública mejorará y 37.3 por ciento piensa que seguirá igual.

Asimismo, 67 por ciento de los mexicanos que fueron encuestados dijo haber sido testigo de robos y asaltos en el lugar donde vive, mientras 26 por ciento escuchó disparos de arma.

En tanto, los actos vandálicos fueron presenciados por 59 por ciento de la población y 38.3 por ciento sabe de la existencia de bandas o pandillas en las inmediaciones de sus domicilios.

La encuesta consultó a personas de 18 años o más que residen en ciudades o capitales de estados  de la República con 100 mil habitantes o más.

Para realizar el estudio, el Inegi formuló cinco preguntas para evaluar la seguridad de la ciudad donde viven los encuestados y los cambios que han realizado los ciudadanos a la hora de salir a la calle o las medidas que se adoptan en torno a los hijos.

El estudio se realiza cada trimestre y en esta ocasión la muestra fue de 2 mil 336 viviendas de todas las entidades, incluidas las 32 capitales y seis ciudades con más de 100 mil habitantes.

Antecedentes

La primera encuesta se realizó en septiembre de 2013, la segunda en diciembre del mismo año y la tercera en marzo pasado.

De acuerdo con los datos de la encuesta, el año pasado hubo una caída de cuatro puntos porcentuales en la apreciación de la seguridad en las zonas metropolitanas. Mientras que el año pasado 18 por ciento de los encuestados pensaba que la seguridad mejoraría en los siguientes meses, en 2014 la cifra se redujo a 13 por ciento.

En tanto, en 2013 hasta 68 por ciento de la población dijo tener miedo al delito, mientras que en 2014 esa sensación de miedo creció a 70 por ciento.

El desempeño policiaco medido por la encuesta fue mejor, según los encuestados pues pasó de 66.7 por ciento de aprobación en 2013 a 70.4 por ciento en 2014.

Sin embargo, en junio pasado 70 por ciento de mexicanos piensa que el desempeño de las policías municipales, estatales y federales es “poco o nada efectivo”.

Temor en ciudades

La encuesta realizada por el Inegi en el segundo trimestre del año revela que siete de cada 10 mexicanos consideran insegura la ciudad donde viven.

De acuerdo con los ciudadanos encuestados, en los alrededores de sus domicilios se consumen bebidas alcohólicas, además de que se cometen robos, asaltos o actos de vandalismo.

De igual forma, 67 por ciento de las personas presenciaron asaltos en las inmediaciones de sus casas, mientras que 26 por ciento escuchó detonaciones de armas de fuego.

Pese a los resultados anteriores, 18 por ciento piensa que la seguridad mejorará en los próximos meses, mientras 37 por ciento dijo que seguirá igual.

Abate la Marina a 3 sicarios en Arteaga, Michoacán, tierra de "La Tuta"

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México.- Un saldo de 3 muertos dejó un enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de Marina y presuntos sicarios la noche de este lunes en Arteaga, Michoacán.
Los fallecidos son los agresores, cuyos cuerpos fueron trasladados a la Subprocuraduría General de Justicia de Lázaro Cárdenas.
Los hechos violentos tuvieron lugar al filo de las 19:00 horas cuando los marinos realizaban un operativo en el citado municipio y se percataron de la presencia de hombres armados, quienes al notar a los efectivos accionaron los fusiles de asalto que portaban lo que desató un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos.

La Semar confirmó la muerte de 3 hombres a quienes se les confiscaron armas de grueso calibre.

En dicho municipio se efectuaron diversos operativos para ubicar a más de los sujetos que participaron en los hechos.

Refutan declaraciones de Osorio Chong, "delitos a la alza en Tamaulipas": ONC

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El Observatorio Nacional Ciudadano(ONC) manifestó su desacuerdo por las declaraciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acerca de la disminución de delitos en Tamaulipas a 50 días de la estrategia federal en la entidad. Debido a que de acuerdo con las cifras oficiales, al menos cinco delitos de alto impacto en el estado registran un alza durante el período de abril a mayo de este año.

A través de un comunicado, el organismo presidido por Francisco Rivas Rodríguez, señaló que de acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), actualizados al 18 de junio de 2014, en Tamaulipas, cinco de los ocho delitos de alto impacto (homicidio doloso, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo y robo a vivienda) presentaron un incremento en período de abril a mayo de este año, mientras que el homicidio culposo no tuvo variaciones. Aunque en las denuncias por secuestro y robo a negocio sí se presentó una disminución.

El ONC desestimó las declaraciones que en días pasados hizo el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo quien aseguró que en el estado ya no hay “cobro de piso y extorsiones”, sin embargo, las cifras oficiales recogidas de la procuraduría estatal indican que en el estado se presentó un incremento significativo en las denuncias por el delito de extorsión, pasando de 29 casos en abril a 55 casos en mayo, lo que significa un incremento de 89.66%, con lo que la entidad se coloca en el tercer lugar nacional en denuncias por este delito. Además que en los primeros cinco meses de este 2014 los delitos de secuestro, homicidio doloso y homicidio culposo registraron incrementos del 9.72%, 41.89% y 28.88% respectivamente.

“Para el ONC, los casos de Michoacán y Tamaulipas ponen una vez más en evidencia que las declaraciones de la autoridad no corresponden a la realidad que reflejan los números oficiales reportados. Es importante recordar que fue la propia autoridad la que determinó que los números oficiales sobre incidencia delictiva serían los publicados por el Secretariado Ejecutivo del SNSP. Ante estas declaraciones, el Observatorio Nacional Ciudadano reitera que las autoridades de todos los órdenes de gobierno están obligadas a dar información clara, comprobable y contundente, particularmente cuando hablan de disminución de la incidencia delictiva”, refutó el organismo en su comunicado.

Ante la difusión de cifras inciertas por parte del comisionado, como por el encargado de la política interior del país, el Observatorio Nacional Ciudadano expresó la preocupación que ante dicha práctica se haga con el objetivo de generar una falsa percepción de seguridad y promover aceptación de estrategias que aún no han arrojado resultados satisfactorios, señaló la ONG.

Ejecutan en Chihuahua a Jefe Policiaco

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 El Diario de Chihuahua | El comandante quedó debajo de una pick up


Chihuahua— El inspector de la Policía Única, Rubén Gutiérrez Corral, de 43 años de edad, fue ejecutado a balazos la tarde de ayer, en un atentado en el que también resultaron heridos un niño de ocho años y un hombre adulto.

El jefe policiaco ya había sufrido anteriormente un intento de asesinato, sólo que en aquella ocasión enfrentó a los agresores, resultando prácticamente ileso.

Rubén Gutiérrez era hermano del ex subdirector de la desaparecida Cipol, hoy Policía Única, Jorge Gutiérrez, quien fue ejecutado hace unos años en la colonia Campesina.

El asesinato de Rubén Gutiérrez ocurrió minutos después de las 16:00 horas de ayer, en el exterior de una casa ubicada entre las calles Olivar de la Montaña y avenida Imperio, fraccionamiento Los Olivos, al norte de la ciudad.

Al parecer Gutiérrez se encontraba de visita en el domicilio.

Recientemente había sido comisionado a la zona de Delicias y ayer se encontraba de descanso; tenía 9 años en la corporación.

Según el reporte, hombres armados a bordo de una pick up blanca, línea Ram, llegaron y le dispararon.

El comandante trató de ponerse a salvo y se metió debajo de una pick up, pero los agresores siguieron disparándole hasta privarlo de la vida.

El niño y el adulto lesionados fueron auxiliados por paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado y de la Cruz Roja y llevados a hospitales bajo custodia policiaca.

En el lugar la autoridad recogió unos 18 casquillos al parecer de calibre 7.62x39.

Muere uno de los sobrevivientes

Uno de los dos sobrevivientes del ataque armado perpetrado en la colonia Los Olivos, el cual dejó como saldo a un elemento policiaco sin vida, fue declarado muerto durante las primeras horas de este martes.

De acuerdo a lo que se informó, se trata de Francisco Eleazar Gómez Gutiérrez de 42 años, quien aparentemente era primo del agente policíaco ultimado.

Revocan auto de formal prisión a "El Chapo" por fallas del MP

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Por fallas del Ministerio Público, al no informar puntualmente sobre nombres reales de los testigos protegidos que acusan a Joaquín “El Chapo” Guzmán, un Tribunal Unitario revocó dos autos de formal prisión y ordenó reponer el proceso de estas, ambas por el delito de delincuencia organizada.

Este recurso fue obtenido gracias a una apelación de la defensa del inculpado, logrando la revocación de dos acusaciones en contra de Joaquín Guzmán. Sin embargo dichos procesos ya fueron subsanados y se ratificó la vinculación a proceso contra Joaquín Guzmán Loera.

La primera de las acusaciones revocadas corresponde al expediente 76/2014 y se refiere un auto de formal prisión decretada el tres de marzo pasado por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales por la presunta responsabilidad de Guzmán Loera en delincuencia organizada.

La acusación fue revocada por violar al artículo 20 Constitucional que señala que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada, al respecto el juez encargado justificó la revocación por lo siguiente:

"...como al quejoso no se le hicieron saber los nombres reales y demás datos personales de los mencionados testigos protegidos, cuyas declaraciones sirvieron de sustento para la emisión de la resolución reclamada, que confirmó el auto de formal procesamiento dictado en su contra, en la que, incluso, se estimó que de sus testimonios se desprende la existencia de la organización criminal a la que se le imputa…"

La segunda revocación se refiere a la causa penal 73/2014, el pasado 30 de abril se revocó el auto de formal prisión en contra de Guzmán Loera, dictado por el Juez Tercero de Procesos Penales Federales, el 25 de febrero del 2014, por delincuencia organizada.La resolución es por la mismas causas que la anterior.

Pareja de adolescentes Zetas secuestraba y descuartizaba a sus víctimas

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Dos menores que encabezaban una célula del grupo criminal “Los Zetas” tenían en su poder ocho videos que muestran cómo descuartizaban a las víctimas de sus secuestros a pesar de que éstas ya habían pagado el rescate, informaron hoy fuentes policiales de Tamaulipas.

El pasado jueves 3 de julio, efectivos de la Policía Estatal Acreditable capturaron a una célula de “Los Zetas” que se dedicaba al secuestro en calles de la Colonia Moderna, tras una “denuncia anónima que alertaba de la probable desaparición de dos personas”.

“La Secretaría de Seguridad Pública del estado ubicó a tres de los integrantes de la probable banda de secuestradores-homicidas a bordo de un vehículo, lo que derivó posteriormente en la detención de los otros siete integrantes”, precisó un comunicado oficial de la dependencia.

Los policías capturaron en total a diez integrantes de “Los Zetas” que estaban encabezados por Francisco Alexis Gárate Aguilar, de 16 años de edad, y su novia Karina Isabel Conde García, de 13.

Tras ser capturados, le fueron decomisados los ocho videos en los que se muestran los asesinatos.

“En sus primeras declaraciones ante un fiscal investigador del fuero común, los detenidos dijeron pertenecer a un grupo delincuencial que opera en esta ciudad capital, que se dedican al secuestro y homicidio de personas, precisando que por lo menos dieron muerte a siete de sus víctimas”, agregó el comunicado.

A los detenidos les fueron asegurados cuatro vehículos de diferentes marcas y modelos, una pistola escuadra calibre 45, un cargador con nueve cartuchos útiles, 13 poncha llantas de metal y un equipo de telefonía celular.

Los videos muestran que el menor se encargaba personalmente de descuartizar a las personas secuestradas. Gracias a ello las autoridades pudieron identificar que dos de sus víctimas fueron dos comerciantes cuyos restos fueron localizados en una “narco fosa” ubicada en el ejido El Olivo.

En los últimos meses “Los Zetas” han centrado sus actividades en el secuestro, pero las autoridades de Tamaulipas esconden las cifras oficiales sobre ese delito.

Funcionarios corruptos e intocables

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La Paz, Baja California Sur.- La impunidad reina en Baja California Sur. Del 15 de marzo del 2011 al 28 de mayo del presente año, y en casi cuatro años, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), únicamente consignó 9 de las 309 denuncias penales interpuestas en contra de ex funcionarios del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y de funcionarios del actual gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor en la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

La ineficacia es tan cuestionable y grave que –según reconoció la encargada de la Unidad de Planeación y Política Criminal de la PGJE, Martina Ibarra Orozco— solo se remitieron a juzgados 5 averiguaciones previas en el 2011, 2 en el 2012 y 2 más en el 2013, y 300 casos más quedaron en el estatus de “reservadas” o “bajo investigación” y se determinó “el no ejercicio de la acción penal”.

De acuerdo a datos recabados el resultado es que de los únicos 9 casos consignados, solo 7 ex servidores públicos fueron capturados y encarcelados, aunque posteriormente, y a excepción de uno, todos salieron libres bajo caución. Son los siguientes:

1.- Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador, acusado por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal fue detenido el 24 de mayo del 2012 y liberado el 15 de diciembre del 2012, quedando recluido alrededor de 7 meses.

2.- Luis Armando Díaz, ex titular de la Secretaría General de gobierno, acusado por los delitos de incumplimiento de un deber legal fue arrestado el primero de diciembre del 2011 y liberado el 2 de diciembre del 2011, pasó recluido solo 24 horas.

3.- Alfredo Porras Domínguez, ex secretario general de gobierno, acusado por el delito de peculado fue detenido el 24 de mayo del 2012 y liberado el 15 de diciembre del 2012, quedando recluido aproximadamente 7 meses.

4.- Guillermo Jáuregui Moreno, ex titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, acusado de incumplimiento de un deber legal fue arrestado el primero de  diciembre del 2011 y liberado el 2 de diciembre del 2011, pasando recluido únicamente 24 horas. 

5.- Francisco Antonio Alcántar López, ex director de Comunicación Social del gobierno de Agúndez, acusado de peculado y falsificación de documentos fue detenido el 28 de febrero del 2012 y liberado el 14 de enero del 2013, quedando recluido cerca de 11 meses, y posteriormente, ejecutado el 9 de octubre del 2013 en la puerta de su casa del fraccionamiento Fidepaz de La Paz.

6.- Héctor Ibarra Espinoza, ex titular de Oficialía Mayor del pasado sexenio, acusado por el delito de incumplimiento de un deber legal fue arrestado el primero de diciembre del 2011 y liberado el 2 de diciembre del 2011.

7.- César Uzcanga Amador, ex regidor de Los Cabos, acusado por el delito de fraude agravado y despojo fue detenido el 7 de septiembre del 2011 y la fecha, preso en el Centro de Reinserción Social de San José del Cabo.

Durante el estudio, revisión y análisis de los expedientes, juicios de amparo, recursos de revisión y dictámenes de los casos de los ex servidores públicos señalados, algunos de ellos con dos procesos penales en su contra, un abogado consultado por este semanario expuso que en el caso de Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y Héctor Ibarra Espinoza, fueron liberados porque el delito por el que fueron acusados “no era grave” y “alcanzaban su libertad bajo fianza”.

No obstante, el caso de Agúndez, Porras y Alcántar (Q.E.P.D.) “estuvieron más tiempo en prisión porque tuvieron que ir a pelear a los tribunales federales para lograr que el delito grave por el que fueron acusados fuera reclasificado a un delito tipificado como no grave y alcanzar caución”.

De entrada, según la explicación del abogado, los jueces federales “tuvieron que suplir toda la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de agravios formulados en los recursos en materia penal”, porque en algunos casos “la defensa de los indiciados planteó deficientemente la queja por desconocimiento o descuido, y el juzgador por mandato Constitucional tuvo que subsanar la demanda a favor del agraviado para corregir u operar la suplencia –llamada así en términos legales—y replantear la demanda del juicio de amparo para que procediera el estudio y análisis en el juzgado”.

Lo anterior porque según la versión del litigante “se supone que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, es una persona competente y profesional en la materia y tiene todo el respaldo del aparato gubernamental”.

Por eso, y de acuerdo al penalista, “los indiciados Agúndez, Porras y Alcántar (Q.E.P.D.), finalmente y después de una larga batalla legal, ganaron el juicio de amparo federal y recuperaron la libertad”.

— ¿Ganaron por ser inocentes?, preguntó.

“No porque fueran inocentes, sino porque reclasificaron los delitos de graves a no graves, y eso permitió que salieran libres, pagando una fianza. Sin embargo, y según lo que leímos en toda la documentación es que fueron encontrados culpables por un delito menor al que fueron acusados, porque las pruebas aportadas por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, no fueron tan contundentemente fuertes como para sostener la acusación y dejarlos en prisión, pero de que fueron culpables de delinquir no quedó la menor duda con el dictamen de los juzgados. Tan es así que todavía firman los días viernes de cada semana en los juzgados correspondientes, en lo que cierra el proceso penal y sale la sentencia.

El único ex funcionario del sexenio pasado que todavía se encuentra encarcelado es el ex regidor del PRD, César Uzcanga Amador, compadre del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y quien tiene en su contra más de 250 denuncias penales por los delitos de fraude agravado, y el cual está a punto de ser sentenciado por un juez penal”.

La impunidad

Pero la cacería en contra de los ex colaboradores del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, no ha sido tan certera y pareja en el caso de algunos servidores y ex servidores públicos de la administración del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, tal es el caso del actual diputado federal y precandidato a alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, acusado de los delitos de administración indebida y desvío de recursos públicos en su paso por la presidencia de la Gran Comisión de la XII Legislatura, y quien nunca fue requerido y perseguido por la justicia.

El expediente indica que, a pesar de haber pruebas documentales en su contra, y las cuales inclusive, contaban con su firma no se deslindaron responsabilidades penales en su contra por el desvío de 6 millones 055 mil 965 pesos con 68 centavos, según denuncia presentada el 13 de junio del 2010 por diputados de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, y PANAL, y la cual quedó registrada bajo el número de Averiguación Previa LPZ/093/SPB/2010.

En la denuncia penal, figura también como presunto responsable, el ex diputado del PRD, Juan Hernández Paularena.

Por el contrario, en su paso como secretario privado del gobernador del PAN, Arturo de la Rosa Escalante, aprovechó bien su tiempo y fue altamente privilegiado, después de haber dejado el PRD, y donde todos los hermanos de La Rosa, como el caso de Benjamín, Noé, Alfredo, Gerónimo y Adrián, ocuparon cargos directivos en la administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

El primero fue Coordinador Administrativo de la Oficina del Gobernador; el segundo, Director de Planeación y Evaluación Educativa de la SEP; el tercero, Subprocurador de Averiguaciones Previas, el cuarto, regidor del Ayuntamiento de Comondú, y el quinto, hasta hoy permanece en el cargo de Abogado General de la UABCS, y cuyo negocio en el “servicio público” del clan familiar podría reactivarse, en caso de que su hermano Arturo, logre ser alcalde de Los Cabos.

El caso del hoy precandidato a alcalde de Los Cabos, es solo uno de la estadística de casos que no se han investigado y tampoco se han perseguido en contra de ex servidores y servidores públicos del actual cuatrienio gubernamental, tal y como lo expuso el diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del congreso local, Juan Alberto Valdivia Alvarado, y quien con una frase célebre, definió que lo que debería ser la justicia en el estado: “O todos coludos o todos rabones”.

Y es que –según expuso el legislador—“como el caso del actual diputado federal del PAN, existen otras denuncias penales que simplemente no avanzan o sospechosamente no terminan por integrarse y consignarse”, lo que exhibe a la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, como ineficaz y protectora de los llamados delitos de “cuello blanco”, y donde a diferencia de cualquier ciudadano común y corriente, “los funcionarios y ex funcionarios no son investigados y mucho menos perseguidos judicialmente y prácticamente se han convertido en los intocables de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

Peor aún. La agencia del ministerio público –y según los nulos resultados—es desde el arranque del actual cuatrienio una figura meramente decorativa, y de la cual de poco o nada sirve que el titular de la PGJE, Adonaí Carreón Estrada, presuma tener una Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, sino se resuelven las denuncias y mucho menos existen resultados palpables.

Lo que sí, es para la ciudadanía una carga administrativa que tiene asignado un presupuesto, equipos, vehículos, personal y un espacio y donde cada año se van abultando los expedientes.

Los números

Durante esta investigación, se solicitó a la PGJE a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Baja California Sur, información detallada sobre el número de denuncias presentadas, consignadas, en reserva y los casos en las que se determinó que no había elementos para ejercer la acción penal.

Del 15 de marzo del 2011 al 28 de mayo del 2014 –y según datos enviado por la encargada de Unidad de Planeación y Política Criminal de la PGJE, Martina Ibarra Orozco—fueron recibidas 309 denuncias penales distribuidas de la siguiente manera: 106 en el 2011; 109 en el 2012; 78 en el 2013 y 16 en lo que va del 2014, así como 130 más que venían arrastrando del 2008 al 2010.

De este número –y de acuerdo a la PGJE—únicamente fueron consignadas 9, de las cuales 5 fueron en el 2011; 2 en el 2012 y 2 en el 2013 y ninguna en los primeros 6 meses del 2014, lo que exhibe por sí solo el saldo negativo de Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Del total de denuncias recibidas, es decir, de las 309, 177 expedientes están en “reserva” o “bajo investigación”, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 45 casos en el 2011; 68 en el 2012; 64 en el 2013 y ninguno en el 2014.

Finalmente la PGJE indica que en 253 expedientes se decretó el no ejercicio de la acción penal, quedando distribuidos de la siguiente manera: 8 en el 2011; 140 en el 2012; 104 en el 2013 y un caso en el 2014. Además, 130 casos más –del 2008 al 2010—estaban en el estatus “sin clasificar”.

En la revisión y análisis de los casos, y de acuerdo a la opinión de un abogado, la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJE, solo resolvió el 3% de los casos, dejando el 53 por ciento, bajo investigación y el 40% restante decretando el no ejercicio de la acción penal. En tanto, hasta ahorita se desconoce el estatus de los 130 expedientes del 2008 al 2010.

La justificación

A poco más de tres meses de haber tomado protesta como nuevo Procurador, Adonaí Carreón Estrada, comenzó a realizar los primeros cambios dentro de la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Aun cuando al asumir el cargo, se comprometió públicamente a elaborar y presentar un diagnóstico sobre la situación de la institución, al cierre de esta edición, todavía no tocaba el tema, a pesar de que casos como el de la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, exhiben por sí solos los pobres resultados en cuanto a la persecución de delitos.

El nuevo procurador anunció nombramientos el pasado 16 de junio en 5 subprocuradurías, dos direcciones y dos órganos de control interno, presentando “las nuevas caras” de la PGJE.

No obstante, y particularmente sobre el tema de los nulos resultados en la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, nadie quiso dar la cara.

Acostumbrados a la adulación y el control de medios de comunicación, y después de enterarse del tema a tratar, solicitado a través del vocero de la PGJE, Sergio Villarreal, ni el Procurador Adonaí Carreón Estrada ni el subprocurador de Averiguaciones Previas, Alejandro Martínez Beltrán y mucho menos el responsable de la agencia de Servidores Públicos, salieron a dar explicaciones, bajo el argumento de que “tenían un par de días de haber tomado protesta en el cargo y desconocían los números y resultados del tema a tocar”. Todos guardaron silencio.





Fotos: Decomisan de 15 toneladas de droga en Culiacan

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Culiacan, Sinaloa. Al menos 15 toneladas de marihuana y vehículos de carga, fueron asegurados este martes por elementos del Ejército Mexicano, en un domicilio de la colonia Ferrocarrilera, al surponiente de Culiacán.
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Novena Zona Militar, informó que el operativo comenzó desde la tarde del sábado, cuando los militares hacían un recorrido por el sector.
Los militares se percataron que en el patio de la vivienda número 3805, de la calle José María Leyva, había paquetes en forma de ladrillo.
Los soldados rodearon el domicilio, pero fue hasta la mañana de este martes cuando un juez otorgó el documento para catear la casa.
Se desplegaron más de 100 soldados en las inmediaciones de la casa y adentro también hubo elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE).
Los elementos encontraron una caja de tráiler y una pequeña bodega repleta con paquetes del enervante en el patio de esa casa; algunos de los paquetes tenían la leyenda de "Gato" y otros la letra "F" y un número.
Había bultos que estaban en proceso para ser confeccionados de la misma forma que los ladrillos con marihuana.
Durante el operativo militar no se informó si hubo personas detenidas; la casa fue asegurada por un agente del ministerio público federal.







 




Los paquetes con el enervante estaban marcados con la leyenda de "Gato" y otros con la letra "F". (Cynthia Valdez/Milenio)


Decomisan PF y la Marina armas y droga en Tamaulipas

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Durante dos operativos de seguridad elementos de la Policía Federal lograron el aseguramiento de armamento y casi una tonelada de mariguana en la frontera de Tamaulipas.
En el primer operativo las fuerzas federales detectaron dos camionetas estacionas donde al interior de una de ellas se encontraba un hombre armada identificado como Miguel Ángel Santiago Herbert, de 24 años y originario de San Luis Potosí, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.
El sujeto que portaba un arma de fuego fue detenido cerca de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Reynosa, al momento de la inspección los efectivos lograron el aseguramiento de armas y cartuchos.
El segundo operativo fue en el poblado Nuevo Progreso del municipio de Río Bravo, donde personal de la Secretaría de Marina aseguró 896 kilogramos de mariguana al estar realizando patrullaje terrestre por la Carretera Ribereña, a orillas del Río Bravo.
La droga estaba distribuida en 92 paquetes medianos y cinco bultos grandes.

Comando encabezado por "El Mojarro", toma poblado en Guerrero y obliga a enfermeras a atender a heridos

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Chilpancingo, Guerrero.- Elementos de la Secretaría de Marina se enfrentaron ayer al mediodía con un grupo de hombres armados en La Goleta, municipio de Amatepec, Estado de México.

De acuerdo con reportes oficiales, luego de la balacera los agresores se refugiaron en Alahuixtlán, municipio de Teloloapan, ubicado en los límites de la zona norte de Guerrero y el sur del Estado de México.

Los sujetos, que se desplazaban en al menos 15 camionetas, tomaron el control del poblado, donde habilitaron la iglesia como campamento y obligaron a las enfermeras del centro de salud a dar atención a los pistoleros lesionados, según la información consultada por Apro.

El grupo iba encabezado por Osvaldo Olascoaga Hurtado, hermano de Jonhy Olascoaga, El Mojarro, supuesto lugarteniente del líder de La Familia Michoacana, José María Chavez Magaña, El Pony, detenido la semana pasada en Guanajuato, un día después de que el Ejército mató a 22 miembros de la organización delictiva en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

El reporte indica que policías municipales de Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco) “brindaron protección” al grupo de La Familia que esta tarde ingresó a Guerrero procedente de La Goleta, Estado de México, donde se registró el enfrentamiento con elementos de la Marina.

Hasta el momento las autoridades federales no han emitido información sobre el hecho.

A finales de abril pasado la Marina instrumentó un operativo para “cazar” a integrantes del grupo criminal en la zona limítrofe de ambas entidades, luego del asesinato de un teniente de corbeta durante un enfrentamiento en el municipio guerrerense de Apaxtla de Castrejón.

Pese al despliegue de tropas del Ejército y la Marina, la violencia en la zona norte de Guerrero y el sur del Estado de México no cesa y, contrario a ello, persiste la brutal disputa de ese importante corredor de drogas entre sicarios al servicio de La Familia y el grupo delictivo denominado Guerreros Unidos.

Van más de mil armas incautadas en tan sólo 18 meses en Michoacán

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Michoacán.- En Michoacán el Ejército arrebató a civiles y a presuntos criminales mil 547 armas de fuego durante los 18 meses recientes, cifra que representa 11.7 por ciento de los aseguramientos a escala nacional en ese periodo y 24 por ciento del armamento que entregaron las autodefensas durante el proceso de desarme que concluyó en mayo pasado.

Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revela además que en las regiones que controlaban Los caballeros templarios —pero también en las que surgieron las "guardias comunitarias"—, se registraron los mayores aseguramientos de fusiles, pistolas y granadas.

Sin embargo, el instituto armado reportó un descenso en la incautación de armas del 1 de enero de 2013 a junio de 2014 (periodo en el que se organizaron, entraron en operación y fueron desactivados los grupos de autodefensa), en comparación con años previos.

En 2006 fueron aseguradas 376 piezas; en 2007, mil 241; en 2008 se incautaron 6 mil 64; para 2009 la cifra se ubicó en 6 mil 882; en 2010 en 4 mil 401; en 2011 se decomisaron 2 mil 910 al igual que en 2012.

Mandos de la Sedena atribuyeron este descenso a las operaciones realizadas por el gobierno de la República para combatir a la delincuencia organizada en el estado.

Según se desprende del documento obtenido por MILENIO a través de Transparencia, en 2013 personal militar incautó mil 294 armas de fuego, de las cuales 826 eran largas.

La mayoría de estas en Apatzingán (225), municipio que se llegó a colocar como uno de los principales bastiones de los grupos criminales La Familia y su escisión Los caballeros templarios; Buenavista (135); Aquila (74); La Huacana (56); Tepalcatepec (52); Tacámbaro (48); Tumbiscatío (45); Lázaro Cárdenas (38) y Parácuaro (37).

De acuerdo con la Defensa Nacional, los "aseguramientos" de armas y granadas se realizaron "únicamente en casos de flagrancia delictiva" y en operaciones para reducir los niveles de violencia en el país.

Durante 2013 fueron aseguradas 298 granadas, principalmente en Apatzingán (124); Parácuaro (29); La Huacana (21); Aquila (14); Buenavista (11) y Tancítaro (11).

La Sedena informó que del 1 de enero al 2 de julio de 2014 fueron decomisadas 253 armas en territorio michoacano, de las cuales 145 eran cortas y 108 largas.

Apatzingán encabezó también el mayor número de armamento incautado con 51 piezas; le siguieron Lázaro Cárdenas (28); La Huacana (21); Villamar (18); Hidalgo (16); Uruapan (15) y Alvaro Obregón (15).

Reportes oficiales señalan que personal militar ha asegurado 13 mil 153 armas de fuego en el país del 1 de enero de 2013 a junio de 2014, por lo que las mil 547 piezas decomisas en Michoacán representan 11.7 por ciento del total.

Durante el proceso de desarme, registro y desmovilización de los grupos de autodefensa, el gobierno federal dio a conocer que se entregaron "voluntariamente" 6 mil 442 armas, por lo que el armamento asegurado en la entidad equivale a 24.01 por ciento si se compara con las piezas puestas a disposición de las autoridades.

En 2014 se han asegurado también 30 granadas.

La Sedena indicó que no cuenta con reportes específicos sobre el número total de personas detenidas por la portación o posesión de armamento, ni de un desglose respecto a si se trata de miembros de la delincuencia organizada o de las autodefensas, pues esta información corresponde a la PGR.
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