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Presumía sicario de los Zetas abatido haber ejecutado al hijo de Moreira

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GÓMEZ PALACIO, DGO.- Rubén Sifuentes Cadena, “El Shaggy”, tenía cerca de tres meses de haber regresado a su tierra: Santoña, ejido de Gómez Palacio, donde ya fuera de día o noche, andaba armado y presumiendo en el ejido La Flor ser el asesino de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

Pobladores de Santoña y La Flor, ejidos vecinos, contaron que “El Shaggy” se fue rumbo a Acuña, Coahuila, cuando tenía unos cuatro o cinco años. A su regreso, al menos en La Flor, se paseaba en una motocicleta o en una camioneta sintiéndose “el rey del barrio”.

Sifuentes Cadena fue identificado por la PGJE como uno de los tres autores materiales del homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, ocurrido el 3 de octubre de 2012 en Ciudad Acuña.

“Aquí presumía que era quien había matado al hijo de Moreira. Decía que podía tener la mujer que quisiera. Si quería entrar a alguna tienda y estaba cerrada, golpeaba la puerta con la pistola y así cómo no le abrían. 

Tenía a la gente asustada. Era un secreto a voces”, contó una vecina del ejido La Flor, quien estaba la noche del sábado en el baile de quince años donde Sifuentes Cadena murió en un enfrentamiento, y donde también perdieron la vida Jenny Amaya, de 21 años, y su hijo Eder Ontiveros, de dos. 

Aquí, mencionó la gente, “El Shaggy” tenía dos hijos que poco procuraba. Era “lucido, fantoche”. Llevaba como escoltas a un par de muchachos de 19 ó 20 años, quienes lograron escapar del enfrentamiento. Relataron también que solía contar sus anécdotas a chavales de 12 ó 13 años, mientras ellos miraban con atención al famoso matón, como si fuera el viejo del pueblo que cuenta las andanzas de mejores años. 

Cuatro jóvenes menores de edad que caminaban por los las calles polvorientas del ejido, contaron que la gente en La Flor hablaba mucho de él. “Decían que era peligroso y la gente tenía miedo. Nadie le decía nada”, dijo uno de los muchachos. “Se metía a las cantinas, andaba borracho y tiraba su rollo”, agregó otro. Los jóvenes estaban en esa fiesta de quinceañera en la plaza principal del ejido. De hecho son amigos de Fernanda, la festejada a la que le arruinaron su día. 

“Aquí regresó porque no hay ley. Nunca entran las patrullas. Es cierto, nunca había pasado nada hasta ahora”, refirió una habitante del ejido La Flor, un rancho incrustado a unos mil metros de la carretera que va de Gómez Palacio a Tlahualilo, donde la mayoría de los hombres son obreros o maquileros y las mujeres laboran en alguna casa de la zona urbana. 

De hecho, para los habitantes del ejido La Flor, “El Shaggy” no era sólo el homicida de Lalo Moreira. El pasado 20 de julio murieron tres personas (una ese día y dos que habían sido heridos) en otro baile en el ejido Escuadrón 201, de Matamoros, Coahuila, y aseguraron, él fue quien disparó a la multitud. 

No fue la Marina, aclara Fiscalía

>DURANGO, DGO.- Rubén Sifuentes murió en un enfrentamiento entre grupos criminales, aclaró ayer la Fiscalía de Durango, luego de que el domingo informó que “El Shaggy” había sido abatido por la Marina.

En un comunicado, la dependencia detalló que el tiroteo ocurrió a las 00:30 horas del domingo en el ejido La Flor, de Gómez Palacio, cuando se celebraba una fiesta de quince años en la plaza principal.

Durante el festejo, un grupo de desconocidos efectuó varios disparos, por lo que el presunto homicida respondió. La Fiscalía señaló que tras escucharse las detonaciones llegó personal de la Marina al sitio, pues se encontraba en un recorrido ya que se tenía conocimiento de que “El Shaggy” vivía en uno de esos poblados.

Policías de Coahuila asociados a los Zetas, responsables de coches bomba en Nuevo Laredo

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En un comunicado, la Policía Delta de Coahuila de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), informa que están bajo proceso judicial: Héctor Flores Rodríguez alias "El Jaguar", Jorge Miguel Barajas Hernández alias "El Hummers" así como Carlos Fernando y Roberto

Saltillo. En base a órdenes de aprehensión solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y liberadas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Coahuila, fueron arrestados tres policías ministeriales de este estado, pertenecientes al Grupo de Armas y Tácticas Especiales de (GATE), quienes figuran como responsables de los atentados en Nuevo Laredo con coche-bomba, en junio de 2012.

En un comunicado, la Policía Delta de Coahuila de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), informa que están bajo proceso judicial: Héctor Flores Rodríguez alias "El Jaguar", Jorge Miguel Barajas Hernández alias "El Hummers" así como Carlos Fernando y Roberto.

Al rendir su declaración ante la Agencia del Ministerio Publico de la Federación, confesaron ser integrantes de una célula delictiva, con ramificaciones en Reynosa y Saltillo, capitaneada por Rolando Velázquez Caballero alias 'El Rolys', hermano de Iván Velázquez Caballero alias "El Talibán", quien se encuentra detenido en México.

Los sujetos aceptaron que en dos ocasiones, por órdenes de 'El Rolys', se dirigieron a Saltillo, donde se encontraron con los elementos del GATE de la Policía Ministerial del estado, antes mencionados.

Narraron que los coches bomba que explotaron en Nuevo Laredo en las instalaciones de la alcaldía y del edificio de Seguridad Pública Municipal, fueron preparados por el personal del GATE, además, señalaron que los escoltaron hasta los límites de Tamaulipas.

Asimismo, señalaron en sus declaraciones ministeriales, que tras recibir los coches bomba, esperaban las órdenes de "El Rolys", quien les indicaba donde debían dejarlos y posteriormente eran detonados vía inalámbrica.

Desaparecen mil personas en Morelos entre 2011 y 2012 por “levantones” y secuestros

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CUERNAVACA, Mor.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer hoy que en los últimos dos años han desaparecido casi mil personas en la entidad, la mayoría de ellas mujeres, producto de “levantones” y secuestros.

Con base en las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General  de Justicia del Estado (PGJE) en 2011 y 2012, la titular del organismo, Lucero Benítez Villaseñor, sostuvo que la cifra se queda corta frente a la realidad que vive el estado.

De acuerdo con la base de datos de la Comisión, únicamente en 2011 se denunciaron 548 desapariciones, de las cuales 266 casos involucran a mujeres.

Además, 111 víctimas son menores de edad, 88 mujeres y 23 hombres.

La tendencia bajó el año pasado en la zona metropolitana, luego de que la PGJE inició 362 carpetas de investigación por desaparición, aunque no especifica el móvil.

La zona oriente contabilizó 30 casos y en la región sur sólo se documentaron 10. Y nuevamente mujeres fueron el mayor número de víctimas, con 230, en donde se incluye a tres menores.

“No sólo se vincula a desaparición forzada el secuestro, también ahora a levantones en escuelas”, denunció la presidenta de la CDHEM.

En la conferencia, Benítez Villaseñor recomendó al gobernador Graco Ramírez la creación de un mecanismo para la búsqueda de personas desaparecidas.

La sugerencia surge de la queja presentada por la desaparición de Jessica Cerón, quien no es localizada desde el 13 de agosto de 2012 y tenía un embarazo con 39 semanas de gestación.

La familia de Jessica, con otras familias de mujeres desaparecidas, ha realizado varias marchas para denunciar omisiones en las investigaciones.

Osmany Licona, visitador de la CEDH, dijo haber acreditado con el caso de Jessica Cerón un incumplimiento del Estado mexicano en la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos de las víctimas, sobre todo de las mujeres.

El visitador documentó que el gobierno del estado incurrió en graves faltas al no haber integrado una carpeta de investigación, violentando un derecho a una justicia pronta y expedita, con la consecuente desprotección de las víctimas.

“La desaparición de Jessica Cerón es una forma de violencia contra la mujer, acentuado por su condición de embarazo. La protección de los derechos de la mujer –destacó– corresponde al Estado mexicano luego de haber ratificado los instrumentos internacionales en la materia”.

Es por esa razón, abundó, que el Estado mexicano “está obligado a evitar cualquier forma de violencia contra la mujer”, se advierte en la recomendación entregada al Ejecutivo estatal.

En particular se insta a Graco Ramírez a que aliente la creación de un “mecanismo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, en especial de mujeres, niñas o niños, y adolescentes en el estado de Morelos”.

Se sacrifica el ‘Cincuenta’; sobrino de “El Ondeado” y “El JT”, parte 2

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Los secretos del túnel

Algo había de cierto en eso de que, durante el cateo, habían encontrado un túnel que se conectaba con el drenaje pluvial y que por ahí pudieron haber huido algunos de los que se encontraban en la casa.

Casi todo, respecto a ese tema, se manejó a nivel de mitotes y especulaciones. Incluso la PGR, que guardó silencio sobre los detalles del caso, negó extraoficialmente la existencia del túnel.

En realidad el túnel existe y lleva a la pared del drenaje pluvial, pues se constató en un recorrido que se hizo la tarde del jueves pasado.

El drenaje pluvial —que baja por toda la calle Bahía de Ohuira— nace en la calle Puerto de Ensenada, al final de la colonia Francisco Villa, a unos metros del bulevar Maquío Clouthier. Fue construido en 1994, cuando Humberto Gómez Campaña era presidente municipal y Renato Vega Alvarado (qepd) era gobernador. Tiene una longitud aproximada de 900 metros y desemboca en el canal Rosales, dando cauce al agua que baja de las colonias Infonavit Cañadas, Industrial Palmito y Libertad.

Es enorme, de alto mide dos metros, así que el propio gobernador puede salir corriendo por ahí sin necesidad de agacharse. Y mide de ancho 1.80 y hasta 2.20 metros en algunos tramos.

Si se ingresa al túnel por el canal Rosales, justo debajo del puente, hay que cruzar el bulevar Emiliano Zapata, luego hacer un trayecto de casi 200 metros por un costado de los patios de Home Depot hasta llegar a donde empiezan las colonias Francisco Villa y Vallado, en la calle Puerto de Altata.

No es difícil ubicar dónde está la casa cateada si alguien se guía por la cantidad de alcantarillas que va cruzando. Cuando se llega al lugar, destaca en la pared oriente del drenaje una gran mancha cuadrada, señal de que alguien rompió el concreto y luego se parchó el hueco. Se ve fresco el trabajo de albañilería si se compara con la edad de la pared, aunque no es fácil establecer cuánto tiempo tiene el parche.

La conclusión, a simple vista, es que alguien abrió un acceso que después fue cerrado. Más allá de la pared, lo que ocurrió antes, en los días o las semanas previas, lo que pasó el sábado, simplemente es un misterio.

Hay versiones de que por el drenaje se fugaron algunos hombres, pero si no hay una aceptación oficial de la existencia del túnel, menos habrá sobre lo que por ahí pudo haber pasado esa mañana.

Jefe gatillo

Su beligerancia trascendió entre el traqueteo de los fusiles, el olor de la pólvora y la sangre regada por culpables e inocentes. Era común, cuando ocurría un hecho delictivo, escuchar frases como: “Fue la gente del Cincuenta”.

Pero poco se sabía de él y aportaban más datos los corridos que la policía o los propios malandrines.

En uno de ellos se dice que su nombre es Francisco Torres y que es sobrino de Javier Torres, actualmente preso en México y de Manuel Torres, el Ondeado, muerto aparentemente por el Ejército hace unos meses. También presume ser alumno del Fantasma, preso por el Ejército en febrero pasado; del Bravo, jefe de seguridad del Chapo Guzmán.

Sin embargo, la Procuraduría de Justicia afirmó que uno de los gatilleros que había quedado muerto en la casa, de 32 años, respondía al nombre de Carlos Adrián Guardado Salcido. El otro, de 21, que aparece en fotografías en ropa interior, era Leonardo Quintero Barrera. Y que no tenía registro de ningún “Francisco Torres”.

Al Cincuenta se le buscaba cuando un grupo de sicarios balaceó a decenas de jugadores y aficionados en una cancha de volibol en la colonia Pemex, donde murieron ocho personas y siete resultaron heridas, entre ellas una mujer. Esto fue el 4 de noviembre de 2011.

A él se le achacó el ataque donde murieron, en febrero de 2012, cinco integrantes del grupo de gatilleros conocido como Los Ántrax, en la colonia Guadalupe Victoria, hecho que fue considerado como la respuesta del Cincuenta al ataque de estos en la cancha de volibol, tres meses antes.

Y más recientemente se le atribuyó, en corrillos del bajo mundo, el asesinato de Ismael Bernal Cristerna, el Mongol, en la colonia Buenos Aires, un sicario identificado con Gonzalo Inzunza Inzunza, el Macho Prieto.

Murió adentro de la casa. Los dictámenes forenses no fueron dados a conocer, pero los dos sicarios tienen el cuerpo limpio de heridas. Ambos con un solo disparo en la cabeza.

Los dos fueron velados en la funeraria San Martín, de Montebello. Los dos ataúdes juntos. El cuerpo del joven que murió enfrentando al Ejército fue trasladado a Ciudad Obregón.

Los dos fueron sepultados en Jardines del Humaya, dos camiones llenos de flores y coronas acompañaron los cuerpos y la música de banda los despidió hasta ya entrada la noche del miércoles.

***

El general Miguel Hurtado parece decir una verdad a medias cuando afirma que sus hombres realizaban recorridos de rutina cuando fueron atacados. Una noche antes —trascendió de fuentes extraoficiales— un vehículo con impactos de bala y sus tripulantes fueron detenidos por elementos del BOMU en las inmediaciones de la Plaza Cinépolis. Eran, según las mismas fuentes, gente del Cincuenta.

Se especula que de ahí lograron datos para la ubicación de la casa de seguridad. Lo cual tendría cierta lógica por el tiempo que las dos camionetas y los diez militares permanecieron durante dos horas estacionados precisamente afuera de la casa amarilla con ventanales blindados.

Reporteros a la barandilla

Desde la noche del viernes, unas horas antes de que se presentara la balacera, habían tenido lugar hechos que pudieran estar relacionados. Reporteros de El Debate de Culiacán recibieron alrededor de las once de la noche el reporte de una balacera en la colonia Francisco Villa. Toribio Bueno, que cubre la sección policiaca y el fotógrafo Luis Pérez Meza, se trasladaron al lugar.

Encontraron, dijo Toribio, una patrulla de la Policía Municipal y una patrulla de Tránsito.

Los policías les dijeron que no había nada, que se retiraran. Pero sí había, porque una camioneta Chevrolet Pick Up estaba ensartada en un árbol. Los reporteros hicieron preguntas y los policías los conminaron a retirarse, argumentando que el área estaba asegurada. Los reporteros reclamaron que no había cinta amarilla por ningún lado y entonces un agente procedió a instalar la cinta dejando adentro del perímetro la camioneta de los periodistas. Se quejaron pero fue peor. El comandante Raúl Demetrio Herrera ordenó que se los llevaran a la barandilla, lo cual ocurrió no sin antes esposarlos.

Oficialmente la Policía Municipal no informó qué hechos habían requerido la presencia de sus agentes en el lugar pero se supo de fuentes indirectas que se trató de una persecución y que el conductor de la camioneta, que había cometido un asalto, terminó chocando contra un camión recolector de basura y luego contra un árbol.

Pero los periodistas no creen esta versión dado que si hubiera sido una persecución, la cantidad de patrullas y de agentes hubiera sido mucho más grande. Y que en todo caso, porque si era una persecución las patrullas que participaron no llegaron hasta la zona donde, horas después se sabría, había una casa de seguridad del Cincuenta.

La PGR buscará revertir libertad de Caro Quintero: SRE

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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Antonio Meade, advirtió que el gobierno de Enrique Peña Nieto buscará corregir la resolución judicial que dejó en libertad al fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, el pasado viernes 9.

De acuerdo con el canciller, el fallo emitido por el Segundo Tribunal Ordinario “no estuvo apegado a derecho”, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) –añadió– hará uso de las herramientas legales que tiene a su alcance para revertirlo.
“México está firmemente comprometido con el estado de derecho, comprometido con el combate a la delincuencia organizada y desde esa perspectiva hay una coordinación plena, muy cercana, entre la Cancillería y la PGR, un trabajo también estrecho de cooperación con agencias internacionales del mundo”, puntualizó en entrevista.
Luego de reconocer que comparte con Estados Unidos la idea de que el fallo debe ser revisado, Meade manifestó que el procurador Jesús Murillo Karam ya ha comentado que “nosotros no coincidimos con el criterio que adoptó el juez en el caso de Rafael Caro Quintero, y que habremos de buscar por las vías jurídicas que tiene a su disposición el Estado mexicano para que esta definición que tomó el juez quede sin efecto”.
Añadió:
“En eso hay plena comunión de intereses con todos aquellos que sentimos, que pensamos que en este caso, en Estados Unidos y en México, debe respetarse el marco jurídico, y en este caso particular estimamos que el fallo no estuvo apegado a derecho, y la PGR habrá de hacer el trabajo para corregir”.
El titular de la SRE indicó que el gobierno mexicano es respetuoso de la división de poderes y reconoce la autonomía del Poder Judicial, pero en este caso, apuntó, “haremos uso, como ya comentó la PGR, de todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para buscar alcanzar el objetivo primario que tenemos de combatir la delincuencia organizada, para lo cual nos hacemos llegar de los elementos de cooperación de los que podemos disponer”.
El pasado viernes 9, luego de 28 años de permanecer en prisión, el fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, uno de los pioneros del narcotráfico en México, abandonó el Centro de Readaptación Social de mediana seguridad de Puente Grande, Jalisco, después de que el Segundo Tribunal Unitario ordenó su inmediata libertad por una serie de irregularidades procesales, según adujo el Consejo de la Judicatura.
Dos días antes el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en Jalisco concedió un amparo al llamado Narco de Narcos en el caso del asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena Salazar, en febrero de 1985.
Dicha instancia jurisdiccional encontró elementos de improcedencia para seguir adelante con ese juicio, por lo que decidió “sobreseer” el mismo sin dictar una sentencia.
Según el tribunal, el asesinato del agente fue juzgado en el fuero federal, en lugar de hacerlo en el fuero común, como correspondía procesalmente, debido a que Camarena no era agente diplomático o consular.

Video; “Levantan” en Morelos a exalcalde priista implicado en escándalo en un bar

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Un grupo de hombres armados secuestró al expresidente municipal priista de Tetecala de la Reforma, Víctor Tapia Ocampo, lo que originó un gran despliegue de las policías estatal y federal en la región sur del estado.
La recién creada vocería del gabinete de seguridad confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se enteró que el exedil fue forzado a subir a un vehículo cuando se encontraba con otro familiar en la calle Campo La Luz, de la colonia El Charco.
“Fue sorprendido por personas aún no identificadas que lo habrían obligado a abordar un vehículo con rumbo desconocido”, indica un comunicado.
El pasado 25 de junio, Tapia Ocampo se vio envuelto en un escándalo cuando se difundió un video donde se le observa en estado de ebriedad en compañía del actual edil de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete. El video muestra cómo agrede a personal de seguridad del lugar conocido como Bora Bar, en Cuernavaca, sólo por haberlos hecho esperar en una larga fila.
En el interior del local, Víctor Tapia sorpresivamente arremete a golpes contra el guardia de seguridad que se encontraba en la entrada. Así lo hizo por lo menos en tres ocasiones, las mismas que es tranquilizado por sus acompañantes.
Por tratarse de políticos conocidos no fueron sacados del lugar pero al retirarse Tapia Ocampo soltó unos golpes más.

Cae funcionario en Q. Roo por organizar fiesta para menores con alcohol y drogas

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Un funcionario municipal de Playa del Carmen (Solidaridad), Quintana Roo fue detenido por el delito de corrupción de menores, luego de que el fin de semana pasado organizó una fiesta para jóvenes adolescentes en donde hubo consumo de bebidas alcohólicas y mariguana.
La Dirección de Seguridad Pública reportó que la detención de Artemio Rodríguez Maya, director de Comercio, ocurrió la noche del sábado 10 aproximadamente a las 22:30 horas. El servidor público fue señalado por los menores de edad de haber convocado a la reunión a través de las redes sociales.
La fiesta, a la que acudieron unos 80 jóvenes, se realizó en un inmueble propiedad de la esposa del funcionario, reconoció él mismo.
Los policías municipales acudieron al lugar, ubicado en la calle 26 entre las avenidas 90 y 95 de la colonia Ejidal, tras recibir una denuncia de los vecinos por la presencia en la vía pública de decenas de adolescentes entre 12 y 16 años en completo estado de ebriedad.
De acuerdo con los reportes, incluso un joven de 14 años fue trasladado al hospital debido a que presentaba una fuerte intoxicación con alcohol y mariguana.
Junto con Rodríguez Maya fue detenido José Humberto Mora Aguilar, de 40 años, quien se encargaba de cobrar los 25 pesos de admisión, además de servir bebidas alcohólicas a los asistentes y vigilar que no armaran alboroto.
El director de Comercio fue suspendido del cargo y remitido al Ministerio Público, acusado del delito de corrupción de menores.
El alcalde de Playa del Carmen indicó que Pedro Canto Cabañas quedó al frente de la Dirección de Comercio en reemplazo de Rodríguez Maya, quien será separado del puesto definitivamente si se le encuentra culpable del delito del cual se le acusa.

Video,Captan abuso policiaco en Chihuahua; agente abofetea a un ciudadano

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Dos agentes de la Policía Municipal de la ciudad de Chihuahua fueron suspendidos luego de que en las redes sociales circulara un video donde se observa que uno de ellos abofetea a un ciudadano.
Los uniformados fueron suspendidos por presunto abuso de autoridad, de acuerdo con información de diversos portales noticiosos de aquella entidad.
El incidente fue captado por una cámara de la Agencia Estatal de Seguridad Pública el jueves 8 en el estacionamiento de un centro comercial.
Ahí, los oficiales detuvieron a un hombre y uno de ellos lo abofetea a un costado de la patrulla, según se aprecia en la grabación subida a YouTube con el título “Abuso de la autoridad en Chihuahua”, con duración de 2 minutos y 50 segundos.
Mientras uno de los uniformados agrede al ciudadano, el otro agente realiza llamadas por celular. Luego la persona es sometida a una revisión corporal.
Luego de recibir más bofetadas, el individuo es dejado en libertad y los oficiales se retiran del sitio.
Trascendió que uno de los policías se apellida Salas, pero su compañero no fue identificado. Ambos fueron suspendidos mientras el área de Asuntos Internos de la Policía Municipal investiga el caso.

Caro: inesperada victoria en los tribunales

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28 años después, Rafael Caro Quintero logra un amparo que lo deja en libertad
Con el mayor de los sigilos, el narcotraficante Rafael Caro Quintero abandonó la madrugada de este viernes el penal estatal de Puente Grande, luego de permanecer encarcelado durante cerca de tres décadas acusado del secuestro y asesinato de Enrique Camarena Salazar, un agente de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en febrero de 1985.
El capo pasó los últimos tres años recluido en el penal estatal luego de ganar un amparo para abandonar el penal de máxima seguridad de Puente Grande.
Según versión ligada a las autoridades del Reclusorio Metropolitano, el exlíder del cártel de Guadalajara salió del núcleo penitenciario acompañado de sus abogados y de sus familiares, aunque no se sabe si después de obtener su libertad, Caro Quintero se mantiene en esta ciudad o salió del estado rumbo a su natal Sinaloa o hacia algún otro lugar.
En opinión de José Luis Guízar Abarca, quien durante un tiempo fungió como su abogado, la liberación de Caro Quintero obedece a un acto de justicia, debido que se le acusó del asesinato de un agente activo de la DEA, cuando en realidad, al momento de la muerte de Enrique Camarena ya no era elemento al servicio de esa agencia y tampoco ostentaba algún cargo diplomático, a pesar de que su secuestro se llevó a cabo cuando abandonaba las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en esta ciudad —en las calles de López Cotilla y Progreso—, el 7 de febrero de 1985, y pretendía dirigirse a la casa de su madre en donde asistiría a una reunión familiar.
Un mes después, en marzo, las autoridades mexicanas encontraron los cadáveres de Enrique Camarena y Alfredo Zavala cerca del rancho El Mareño, en el municipio de Bellavista, Michoacán, en los límites con el estado de Jalisco.
Cuando los dos cuerpos fueron encontrados a flor de tierra a un costado de la carretera, entre Bellavista y Zamora, tenían claras huellas de tortura. También se comprobó que los cadáveres los mantuvieron en refrigeración durante, al menos algunos días en Guadalajara. Luego se descubriría que fue en la casa de Rubén Zuno Arce, recientemente fallecido en una cárcel estadounidense en donde cumplía una condena de cadena perpetua por tales hechos. El hallazgo se dio gracias a una llamada anónima realizada desde Los Ángeles, California.
El 4 de abril de 1985, Caro Quintero fue localizado y detenido en Costa Rica, donde se había refugiado junto con su entonces pareja Sara Cosío, a quien supuestamente había secuestrado, después de que logró evadir a las autoridades mexicanas gracias a la protección que recibía tanto de la Dirección Federal de Seguridad como de la Policía Judicial Federal.
Incluso, la Judicial Federal, bajo el mando de Armando Pavón Reyes, atacó y dio muerte a media decena de personas de una familia en El Mareño, con la intención de inculparlas del secuestro y asesinato del agente de la DEA y del piloto Zavala Avelar.
Después de ser detenido en Costa Rica, Caro Quintero fue traído de regreso a México e internando en el Reclusorio Norte de la capital del país. El 3 de junio de 2009 el Juzgado Cuarto en Materia Penal responsabilizó a Rafael Caro Quintero y a Ernesto Fonseca, don Neto, del doble crimen.
En Jalisco, algunos medios de comunicación informaron de dos solicitudes de extradición promovidas por el gobierno de Estados Unidos por diversos delitos, asunto en el que intervino el abogado Everardo Rojas.
La puesta en libertad de Caro Quintero fue ordenada por un Tribunal Unitario y la salida del presidio se registró entre las dos y las tres de la mañana de este viernes, aunque otra versión indica que salió a las seis.
La tarde del jueves 8 de agosto, un tribunal federal resolvió que el capo sinaloense ya no debía estar más en prisión.
La decisión fue tomada por el primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito con sede en el estado de Jalisco y fue notificada a Caro Quintero la madrugada del viernes.
Fue el caso Camarena el que abrió la puerta para la liberación de quien fuera el capo del narcotráfico en México en los años ochenta.
El Colegiado consideró que por el asesinato de Camarena, Caro Quintero debió haber sido juzgado por un juzgado del fuero común y no por uno federal.

Viejos polvos

Rafael Caro Quintero nació el 3 de octubre de 1953 en Badiraguato, Sinaloa; sus padres eran campesinos y es el mayor de seis hermanos. A los 18 años dejó a su familia y comenzó a trabajar como chofer de camiones. Tiempo después empezó a cultivar mariguana en el rancho de su hermano Jorge Luis, en menos de cinco años compró las fincas aledañas al terreno.
Trabajó con Pedro Avilés Pérez y Ernesto Fonseca Carrillo alías el Neto, después Rafael Caro Quintero fundó el cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y se convirtió en el hombre más poderoso al juntar una enorme fortuna en la década de los 90 por sembrar y exportar mariguana, además de lavardinero.
Pero sobre todo fue aliado de Ernesto Fonseca Carrillo don Neto, quien formalmente se encuentra todavía en prisión, pero que lucha también por obtener su libertad, “por razones humanitarias”.
En los años 80, don Neto fue conocido como el Narco de narcos. Finalmente fue detenido acusado del asesinato del agente de la DEA y del piloto mexicano.
El Narco de narcos, como fue considerado, regalaba autos y casas a familiares, amigos y policías de varios estados de la República.
A los 29 años, Rafael Caro Quintero ya tenía una fortuna estimada en 500 millones de dólares, 36 casas y fue accionista de 300 empresas en Guadalajara y controlaba la siembra de la hierba en varias regiones de Sonora. Formó una red de lavado de dinero con empresarios y policías.
Más tarde implementó la cosecha de la mariguana sin semilla, la cual sembró en planicies de Zacatecas, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí. El Rafa, como conocían a Caro Quintero en Chihuahua, impulsó la siembra más grande de mariguana en el rancho El Búfalo, ubicado en el municipio chihuahuense de Jiménez, en donde cientos de sicarios armados con “cuernos de chivo” vigilaban a los miles de campesinos provenientes de varios estados: Guadalajara, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí.
El enorme campo de cultivo de la hierba fue captado en un vuelo que realizó el entonces piloto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, quien informó al agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena y así, el 6 de noviembre de 1984, un operativo de la Policía Federal se apoderó de ocho mil 500 toneladas de mariguana y dos mil 400 campos de mariguana.
Durante un operativo de la Policía de San José, Costa Rica, que tardó solo 15 minutos, Caro Quintero fue detenido junto a los mexicanos Eduardo Aldana García, José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Iván Soto Arellano, Raúl Noyola Romero, Miguel Lugo y Violeta Estrada Yaver.
En las acciones, la Policía encontró a Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez —hija del ex secretario de Educación del estado de Jalisco y sobrina de un exgobernador de esa entidad—, por quien la Policía de Costa Rica ingresó a esa vivienda a solicitud de las autoridades mexicanas.
Versiones de las autoridades mexicanas indicaban que ella estaba secuestrada, pero luego trascendió que era la novia de Caro Quintero.

“Indignación” de EU y la DEA

El Gobierno de Estados Unidos dijo el viernes que está “extremadamente decepcionado” por el fallo de un tribunal mexicano que otorgó la liberación al capo Rafael Caro Quintero, además de que hará todos sus esfuerzos para llevarlo ante la justicia por la muerte del agente estadounidense Enrique Camarena.
El vocero del Departamento de Justicia, Peter Carr, dijo que su gobierno, y en particular la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), a la que pertenecía Camarena, está “profundamente decepcionado con el resultado” de la sentencia que emitió un juez a favor de la liberación de Caro Quintero.
A su vez, la DEA recordó en un comunicado que Caro Quintero es “el autor intelectual y organizador” del asesinato del agente Camarena, ocurrido en febrero de 1985, por el que el líder del cártel de Guadalajara fue encarcelado y condenado a 40 años de prisión.
El fallo “nos recuerda todos los días de sacrificio pagados por el agente especial Camarena y la DEA continuará vigorosamente sus esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por los crímenes que cometió”, dijo la agencia.
El vocero Carr recordó que desde mayo de 1987 una corte de Distrito Central de California sostiene un cargo en contra de Caro Quintero y otros por “conspiración y extorsión relacionados con el secuestro, tortura y asesinato” del agente Camarena.
El Departamento de Justicia estadounidense ha trabajado desde entonces en “dejar claro a las autoridades mexicanas el continuo interés de Estados Unidos de asegurar la extradición de Caro Quintero para que pudiera enfrentar a la justicia en los Estados Unidos”, dijo Carr.
Mientras tanto, en México la Procuraduría General de la República (PGR) dijo el mismo viernes que interpondría un recurso de apelación en contra de la liberación de Rafael Caro Quintero, “debido a la gravedad de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado entre otros, por los cuales, las víctimas del narcotraficante aún reclaman justicia”.
En un comunicado, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, declaró que ordenó analizar la interposición de los recursos que en términos de la ley sean procedentes.
El procurador sostuvo que el Primer Tribunal Colegiado ignoró por completo el reciente criterio sostenido apenas en marzo pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues ordenó a una autoridad que este consideró incompetente, por razón de fuero, que sobreseyera las causas penales seguidas en contra de Caro Quintero, dejándolo en libertad.
Señaló que de haber aplicado el criterio de la SCJN, debió remitir el expediente al juez que estimara competente para que conociera del juicio, pues de la manera en que sucedió, produce la absolución sin juicio por un juez que el mismo tribunal consideró incompetente.2

Capturan en Linares a grupo armado

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Agentes de la Policía Ministerial lograron la captura de un grupo armado al que sorprendieron en la Colonia Provileón, en Linares.

Una fuente confirmó la captura de al menos siete presuntos delincuentes a quienes les aseguraron armas largas, balas, cargadores y equipo táctico.

Según se dijo, la captura se efectuó alrededor de las 11:00 horas en la calle Ocote, casi con Caoba, en la mencionada colonia.

El informante mencionó que los agentes ministeriales iban circulando cuando observaron tres vehículos con personas sospechosas a los que les marcaron el alto.

Los hombres que andaban armados intentaron escapar, algunos de ellos introduciéndose a domicilios, pero todos fueron capturados, indicó la fuente.

Los detenidos serán investigados para determinar en qué ilícitos están implicados.

Confirman la pena capital para mexicanos acusados de Narcotrafico en Malasia

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El Tribunal ratificó la pena capital para los hermanos Luis Alfonso, Simón y José Regino González Villarreal, a quienes sólo les queda apelar al Tribunal Federal y, por último, solicitar el perdón real para escapar a la horca.


Bangkok • El Tribunal de Apelaciones de Malasia confirmó hoy la sentencia a morir en la horca para los tres hermanos mexicanos González Villarreal, condenados hace dos años por un delito de narcotráfico.

Los tres magistrados de la corte rechazaron la apelación de los los hermanos Luis Alfonso, Simón y José Regino, a quienes sólo les queda apelar al Tribunal Federal y, por último, solicitar el perdón real para escapar a la pena capital.

"Desgraciadamente, han rechazado la petición, vamos a presentar cuanto antes una apelación ante el Tribunal Federal", manifestó por teléfono el abogado de los hermanos, Kitson Foong.

Los mexicanos fueron detenidos el 4 de marzo de 2008 en una redada realizada por la Policía malasia en la ciudad de Johor, junto a un ciudadano malasio y otro singapurés, que también están condenados a muerte

El letrado no consiguió convencer al tribunal de que los hermanos sólo se encargaban de las tareas de limpieza y que fueron detenidos en la parte exterior de la nave donde los agentes encontraron 29 kilogramos de metanfetamina, una alijo valorado en 15 millones de dólares.

Sin embargo, el fiscal alegó que se encontraron restos de droga en las ropas y las manos de los acusados.
Los tres hermanos, originarios del estado de Sinaloa, salieron cabizbajos de la sala del tribunal de Kuala Lumpur tras escuchar el veredicto.

Una forma de escapar a la pena capital es que la justicia malasia sustituya los cargos de narcotráficos por los de posesión de narcóticos, lo que les conmutaría la pena por una larga estancia en la cárcel y un castigo aplicado con azotes en las nalgas.

El abogado de los mexicanos González Villarreal también alega que un tercio de las metanfetaminas desaparecieron mientras eran custodiadas por la Policía, lo que debería suponer, en su opinión, la anulación del proceso judicial por una vulneración de los derechos fundamentales de sus clientes.

Sitian guardias comunitarios a periodista en Michoacán

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Ángel Méndez, corresponsal de varios diarios de Michoacán y Colima, anunció que fue retenido por los guardias comunitarios de la Sierra-Nahua de Aquila.

El reportero se comunicó con las zonas navales de Colima y Michoacán, la 43 Zona Militar de Apatinzgán, la 21 de Morelia, la Policía Federal y las Policías Ministeriales de Colima y Michoacán.

Al momento, nadie ha rescatado al periodista, cuyo celular estaba por apagarse a falta de energía.

Esta madrugada, militares desarmaron y detuvieron por lo menos a 50 guardias comunitarios de la región, razón por la que el periodista se encontraba en la zona.

A los guardias comunitarios les fueron asegurados fusiles de asalto AK-47, así como AR-15 que anteriormente portaban los policías municipales.

El periodista llegó al lugar alrededor de las siete de la mañana a tomar fotografías.

En consecuencia, un grupo de mujeres y hombres armados agredieron al reportero. Alcanzó a huir por la salida a Aquila, rumbo al Rastro Municipal, tomó la brecha  hacia la comunidad de Tomen, donde dejó abandonado su vehículo. A pie se remontó a la sierra Madre Sur Occidental, donde se encuentra refugiado, sin alimentos ni agua

“Ya me hablaron de la Marina, Ejército y Policía Federal, pero no han mandado ni un pinche  helicóptero para rescatarme y los comunitarios se acercan más, ya les avise a varios medios y no vienen nadie”, alcanzó a comunicar.

Del hecho fue informada la organización Reporteros Sin Fronteras, que se comunicó con la Fiscalía Especial de Atención a Periodistas para que hablen a las autoridades de Michoacán.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal desplegó 118 elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) apoyados con efectivos castrenses.

Al momento hay una fuerte tensión en la zona, ya que los demás integrantes del Grupo de Autodefensa se replegaron y se presumen siguen armados.

Se desconoce si entre los detenidos se encuentra Agustín Villanueva, a quien se le atribuye la constitución de este grupo y sobre quien pesa una orden de aprehensión, según comentó en su momento el subsecretario de Gobierno, Fernando Cano.

Fuerzas federales detienen a comunitarios para entregarlos a caballeros templarios

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Aquila, Mich.
14 de agosto de 2014

Denuncia de desapariciones:

Durante la madrugada del 14 de agosto llegaron al auditorio comunal efectivos de la policía ministerial de Michoacán y efectivos del ejército, acompañados de los desplazados que dicen ser perseguidos políticos y que se encuentran en Colima (aunque muchos tienen casa habitación en la ciudad) resultando con ello la desaparición de ocho indígenas de la comunidad de San Miguel de Aquila:

1. Guadalupe Magaña Orozco
2. José Orozco de la Cruz
3. Vicente Villanueva Ramírez
4. David Paulino Barragán
5. Salvador Martínez Cárdenas
6. Juan Manuel Ramírez Magallón
7. Refugio AlcaláAlcalá
8. Hilario Marmolejo Martínez

Se sabe que los efectivos del ejército los llevaron rumbo a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además se tiene el reporte de que esta mañana entraron a la cabecera municipal efectivos del ejército que detuvieron a varios comunitarios del municipio para soltarlos después en el poblado de La Placita, bastión de los jefes de plaza de los caballeros templarios, lo cual se interpreta por los comuneros como que lo hicieron a propósito para que fueran sacrificados por los sicarios de aquella población (los mismos que han causado más de 30 bajas entre los indígenas de la comunidad de Santa María de Ostula).

Además de levantar a los comuneros que estaban durmiendo en el auditorio comunal, los ministeriales y el ejército se llevaron pertenencias, bienes comunales y cerca de $20,000.00 Además, comuneros de los anexos de Zapotán intentaron llegar a la cabecera comunal y un retén de sicarios los detuvo a la altura de El Ticuiz, donde tienen su retén e impiden la circulación vial. 

Destacamos que las personas que acompañaban a la policía ministerial de Michoacán eran algunos de los sujetos que ahora dicen ser refugiados políticos en el estado de Colima: Manuel Milanés Rangel, Verónica Milanés Cortés, José Cortés Méndez, Jesús Ramírez Verduzco (presidente municipal del PRI), Miguel Zapien Godínez, Fidel Villanueva Espinosa, Soledad Reyes (hermana del síndico municipal) y María de Jesús Díaz Zambrano (esposa de un sicario). 

Cabe destacar que estas personas engañan a la prensa del estado de Colima ya que no sólo no son refugiados políticos, sino que no necesitan las despensas de las autoridades estatales dado que cuentan con camionetas con valor de más de 8000,000.00, cuentas bancarias importantes, tienen hoteles y gasolineras en el municipio de Aquila y también reciben regalías por la extracción minera de Aquila y Huitzontla, en el municipio de Chinicuila. 

Los hijos de estas personas estudian en colegios particulares de Colima y Morelia, en sus páginas electrónicas (Aquila, Coahuayana, Voz Indígena de Aquila, entre otras páginas de las redes sociales que presumiblemente administran Moisés Milanés Cortés y su hermana Autora Milanés Cortés) vierten amenazas de muerte en contra de los comuneros que los han castigado de los derechos comunales debido a que su contadora Verónica Milanés Cortés ha servido como operadora para realizar fraudes importantes contra la empresa de transportes Lanesek y San Miguel.

Aquila en crisis: autoridades detienen a 45 comuneros y pobladores a 65 militares

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En un operativo coordinado, elementos de la Marina, Ejército y Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán detuvieron este miércoles a 45 guardias comunitarios del municipio de Aquila, Michoacán –extraoficialmente se habló de 100–, entre ellos a su líder Agustín Villanueva.

Además, la PGJE informó que se cumplimentaron cinco órdenes de aprensión por diferentes delitos, entre ellos posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército, secuestro, lesiones, robo calificado y violación de domicilio.

En respuesta, pobladores mantienen retenidos en la plaza principal del poblado a 65 elementos del Ejército, aunque según el gobernador interino, Jesús Reyna, los militares están ahí “por su gusto” y “resguardando a la población”.

Los pobladores también aseguraron a reporteros que se encuentran en la zona que mantienen retenidos dos camiones militares.

Advirtieron que dejarán de obstruir el tránsito de los soldados y los camiones hasta que liberan a sus compañeros y les devuelven las armas decomisadas en el operativo de esta madrugada.

En la irrupción policiaca militar en Aquila, en el que participó el subprocurador regional de Morelia y encargado del despacho de la PGJE, Marco Vinicio Aguilera Garibay, los uniformados decomisaron fusiles AR-15, rifles AK-47, pistolas .9 milímetros, armas .38 súper, fusiles .12 milímetros y escopetas.

De acuerdo con la agencia Esquema, en la incursión participaron más de 2 mil efectivos de la Policía Ministerial, Grupo de Operaciones Especiales, Ejército mexicano y Marina, los cuales arribaron al municipio justo cuando caía una fuerte tormenta que ayudó como factor sorpresa para que los autodenominados guardias comunitarios no opusieran resistencia.

Entre los detenidos se encuentra Agustín Villanueva, a quien se atribuye la constitución de la Policía Comunitaria en Aquila y sobre quien pesa una orden de aprehensión, según comentó en su momento el subsecretario de Gobierno, Fernando Cano.

Al verse cercado, el dirigente comunitario y otros tres hombres que lo acompañaban dispararon contra los soldados.
Eso derivó en un tiroteo que se prolongó por espacio de 20 minutos, sin que se registraran personas fallecidas o lesionadas.

A las 15:30 horas, la PGJE reportó que Villanueva estaba siendo trasladado vía aérea hacia una base de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad.

La situación en la zona costera es tensa, pues hay varios bloqueos de las carreteras La Placita-Coalcomán, Manzanillo-Acalpican de Morelos, conocida como “Carretera Costera, que une a las costas de Michoacán y Colima.

Tras los hechos, el gobernador Jesús Reyna García confirmó que son 45 las personas detenidas en el operativo realizado en Aquila, cinco de las cuales tenían órdenes de aprehensión y el resto se trataba de personas que fueron encontradas en flagrancia con posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como fusiles que les habían robado a los policías municipales semanas atrás.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aseveró que no está sujeta a negociación la liberación de estas personas a pesar de las liberaciones y manifestaciones que han hecho sus familiares en Aquila.

Reyna García sostuvo que se restableció el orden municipal y que existen las condiciones para que el edil regrese a despachar a la población, y la comunidad pueda regresar a la normalidad, luego de que un grupo de habitantes tuvieron que desplazarse fuera del municipio.

Va la PGR por Caro Quintero para extraditarlo a Estados Unidos

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La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que ya cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición en contra del narcotraficante Rafael Caro Quintero “por diversos delitos por los que se le acusa en una Corte Federal del Distrito de California”.

En un comunicado, la dependencia señaló que la solicitud formulada por el gobierno estadunidense fue presentada ante un juez federal, quien resolvió la procedencia del otorgamiento de la medida.

Explicó que una vez que se cumplimente la orden de detención en contra del fundador del cártel de Guadalajara, el gobierno de Barack Obama contará con 60 días para presentar la solicitud formal de extradición en los términos que dispone el Tratado de Extradición celebrado entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

El pasado viernes 9, tras la liberación del llamado Narco de Narcos, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, manifestó su absoluto respeto a las decisiones del Poder Judicial, pero expresó su preocupación ante las resoluciones que permitieron dejar en libertad al narcotraficante.

Sostuvo que el Primer Tribunal Colegiado ignoró el reciente criterio señalado en marzo pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ordenó a una autoridad que cesara en la persecución de las causas penales en contra de Caro Quintero.

De haber aplicado el criterio de la Corte, explicó el funcionario, tenía que haber remitido el expediente al juez que considerara competente para que conociera del juicio, pues de la manera en que sucedió se produjo la absolución sin juicio por parte un juez que el mismo Tribunal consideró incompetente.

Murillo Karam ordenó analizar la interposición de los recursos que en términos de la ley fueran procedentes, en razón de la gravedad de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado, entre otros, cuyas víctimas del capo reclaman justicia.

También en Estados Unidos hubo reclamos por la liberación de Caro Quintero, a quien se responsabilizó de la muerte del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena.

En un comunicado, la Asociación de Antiguos Agentes Federales Narcóticos de Estados Unidos señaló que “la liberación de este violento carnicero no es más que otro ejemplo de cómo los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para trabajar con el gobierno mexicano pueden verse frustrados por las poderosas fuerzas de la oscuridad que trabajan en las sombras del sistema de justicia mexicano”.

Añadió:

“Rafael Caro Quintero nunca debió ver la luz del día como un hombre libre”.

La agrupación solicitó al gobierno de su país que solicitara la extradición del narcotraficante para que enfrente a la justicia estadunidense.

De su lado, el Departamento de Justicia se manifestó “extremadamente decepcionado” por la liberación, que calificó de “sumamente alarmante”.

La DEA, en tanto, ofreció seguir con los esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por los crímenes que cometió.

Asesinan a coordinador policiaco en Cancún

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Sicarios a bordo de una motocicleta abrieron fuego esta tarde en contra de un coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún y lo mataron afuera de su domicilio, localizado en la Región 219 de esta ciudad.

Cerca de las 16.15 horas de este miércoles, Gumercindo Martínez Gómez, coordinador operativo de la corporación, identificado con la clave "Indio" y con el alias "Guáchara", se encontraba en la parte exterior de su casa, supervisando la remodelación del inmueble sobre la avenida Leona Vicario, cuando fue atacado por sujetos, quienes le dispararon en más de cuatro ocasiones.

La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, informó esta noche que los sujetos iban a bordo de una moticicleta y luego de asesinar a Martínez Gómez,de 49 años de edad, abandonaron la motocicleta y corrieron al interior de la zona habitacional, para luego abordar un automóvil tipo Tsuru, color dorado, en el que huyeron.

El homicidio de Gumercindo Martínez motivó el despliegue de las fuerzas de Seguridad Pública, que encontraron el auto abandonado en la Región 94, a la altura de las tiendas del ISSTE, en la avenida Kabah, junto al fraccionamiento San Antonio.

La dependencia municipal adelantó que fueron detenidos tres sospechosos, cuya posible responsabilidad en el crimen, es investigada.

En tanto, la Procuraduría añadió que fue el hijo del efectivo policiaco, quien reconoció el cadáver, el cual recibió tres impactos de bala en el tórax, abdomen y pierna derecha.

Ordena Ifai a PGR informar sobre causas penales de “El Chapo”

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El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) buscar y entregar a un particular el soporte documental de las causas penales y delitos que se imputan a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán.
La PGR también deberá entregar registros o documentos sobre la difusión de sus acciones o de control de los asuntos a su cargo, como boletines de prensa e, incluso, las resoluciones judiciales en las que se adviertan las sentencias por las que El Chapo se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, antes de fugarse de ahí, en enero de 2001.
Cuando el particular solicitó información sobre las causas penales y delitos en contra de Joaquín Guzmán Loera, la PGR respondió que la información estaba reservada, sin embargo, señaló que turnó la solicitud a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Esa área refirió al particular que las averiguaciones previas en trámite, en reserva, o en las que se haya determinado la consignación del presunto responsable, así como todos aquellos documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, que se encuentren relacionados con éstas, “son de carácter reservado”.
Además, advirtió que la información podía ser proporcionada por el Poder Judicial de la Federación, ya que éste debe hacer públicas las sentencias cuando hayan causado estado o ejecutoria.
Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el Ifai, mismo que fue turnado al comisionado Ángel Trinidad Zaldívar.
Durante los alegatos, la PGR reiteró la clasificación de la información al argumentar que Guzmán Loera es uno de los principales líderes de la delincuencia organizada, quien aún se encuentra prófugo de la acción de la justicia.
Dar cuenta de las causas abiertas o cerradas instruidas, abundó la PGR, “es ponerlo en alerta de las investigaciones en su contra”.
Al realizar el análisis jurídico del caso, Trinidad Zaldívar señaló que “es del conocimiento público” que El Chapo se encuentra prófugo de la justicia, ya que existen boletines de prensa oficiales en los que se informó sobre los procesos o causas penales en los que se le sentenció a más de veinte años de prisión.
Además, refirió que en el sitio electrónico del “Programa de recompensas” se difunden los delitos por los que se le busca y existe un acuerdo a través del que se ofrece una recompensa a quien proporcione información útil para su captura.
El comisionado ponente demostró así que no se requiere acceso a una o varias averiguaciones previas, o a los documentos que obran en los expedientes de éstas para proporcionar al particular la información solicitada.
Se trata, dijo, de actuaciones efectuadas por la PGR en relación con hechos pasados, a constancias de indagatorias que incluso la propia dependencia ha dado a conocer, por lo que “no se afectan las atribuciones del Ministerio Público de la Federación”.
Por ello propuso al pleno revocar la clasificación general invocada por la PGR e instruirla a entregar la información relacionada con las causas penales y los delitos que se le imputan a El Chapo Guzmán.

Comando incendia casa y mata a dos; una menor de edad en Guerrero

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Hombres armados incendiaron una vivienda en la comunidad de Arcelia del Progreso, municipio de Azoyu, y asesinaron a balazos a un hombre y una menor de edad, mientras que una mujer resultó herida por un impacto de bala en la pierna.

Alrededor de las 8:00 horas la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte ciudadano al servicio de emergencia 066 en el que informaban que en la mencionada comunidad de la costa chica del estado una vivienda se estaba incendiando y en su interior había varias personas lesionadas.

Tras extinguir las llamas, elementos policiacos hallaron al interior del lugar el cuerpo de un hombre calcinado y con varios impactos de bala, identificado como Jorge "N", de 45 años de edad.

Así también se localizó el cuerpo de una menor de edad de 10 años identificada como Maribel "N", asesinada de un balazo en la cabeza y una mujer de nombre Jovita "N" de 34 años de edad con una herida de bala en la pierna.

La mujer herida, madre de la menor de edad asesinada, fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Autoridades de Seguridad Pública no precisaron el móvil del ataque armado.

Liberan a militares retenidos en Aquila

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Una nueva incursión del Ejército derivó esta noche en la liberación de los militares que permanecían retenidos por pobladores de Aquila, quienes exigen la entrega de 45 integrantes del grupo de autodefensa que ahí operaba.

Este nuevo operativo habría dejado al menos otras siete personas detenidas, según reportes de seguridad pública y del Ejército.

Aunque oficialmente no se ha emitido ninguna versión sobre el rescate de los soldados, fuentes consultadas por REFORMA indican que el operativo fue exitoso.

Durante la liberación de los militares se habrían registrado algunos disparos, sin que se sepa de qué bando provenían. Tampoco se tienen reportes de personas lesionadas o fallecidas.

Antes el Gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, negó que los soldados estuvieran retenidos y que éstos se podían retirar cuando quisieran porque su presencia en la comunidad era sólo por prudencia.

También declaró que la captura de civiles armados no es un asunto que tenga negociación, cuando pobladores exigen la liberación de los agentes comunitarios y su líder Agustín Villenuva.

Trasladan a la “Reina del Pacífico” a la frontera con México

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En cualquier momento, Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, retornará a territorio mexicano, luego de que intempestivamente fue sacada del centro de detención de inmigrantes de Lousiana, donde se encontraba el pasado lunes 12,  y trasladada a un sitio “desconocido” de la frontera con México, según dio a conocer su abogado Stepehen Ralls.
“Sandra ha sido trasladada desde Luisiana a un sitio desconocido. Inmigración no reveló esa información. Suponemos que está camino a México y deberíamos saber muy pronto dónde”, declaró el litigante estadunidense a la agencia AP.
Según Ralls, la mañana del miércoles se comunicó a la cárcel de Luisiana y ahí le dijeron que “ya la habían movido” pero no le dijeron a dónde. “Esperamos que la están acercando a la frontera de México”, dijo.
El abogado dijo que saben, por experiencia, que las autoridades migratorias llevan a cabo un plan de logística que consiste en ir juntando a todas las personas que van a deportar.
“Es algo así como un camión que va recogiendo alumnos de un sector para llevarlos a la escuela. El caso de Sandra tanto para ellos como para nosotros es especial y por eso tienen que tomar sus precauciones para determinar el lugar por donde será entregada”, indicó Ralls en un correo electrónico difundido por Notimex.
“Nosotros no podremos saber por cual puerto de entrada o salida ella será regresada a México, lo que si esperamos es que sea muy pronto”, agregó.
Generalmente las autoridades estadunidenses informan sobre las deportaciones cuando ya se han concretado y una vez que los inmigrantes repatriados han sido entregados a las autoridades de sus países. No tienen obligación de ofrecer detalles del procedimiento a los abogados.
Las autoridades mexicanas aún no han recibido la notificación de traslado, según un funcionario de la fiscalía citado por AP, quien no está autorizado a hablar con la prensa.
Ávila Beltrán fue extraditada en agosto del 2012. Se declaró culpable en abril pasado del delito de asistencia económica al que fue su novio el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre, considerado uno de los enlaces más importantes del cártel de Sinaloa con el cártel colombiano del Norte del Valle.
Mediante un acuerdo, Sandra Ávila evitó ir a un juicio en el que hubiera enfrentado el cargo de asociación ilícita para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos y una pena mayor en caso de ser hallada culpable.
El pasado 30 de julio, Ávila Beltrán, de 52 años, fue entregada al Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro Federal de Detención de Miami y trasladada a un centro de detención de inmigrantes en el condado de Glades, Florida y luego movida a otro en Louisiana.
La Reina del Pacífico concluyó una pena de 70 meses de cárcel, sentencia que le impuso el pasado 25 de julio un juez federal de Miami, quien consideró su pena concluida luego de pasar cinco años presa en México y uno en Estados Unidos.
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