De acuerdo con el canciller, el fallo emitido por el Segundo Tribunal Ordinario “no estuvo apegado a derecho”, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) –añadió– hará uso de las herramientas legales que tiene a su alcance para revertirlo.
“México está firmemente comprometido con el estado de derecho, comprometido con el combate a la delincuencia organizada y desde esa perspectiva hay una coordinación plena, muy cercana, entre la Cancillería y la PGR, un trabajo también estrecho de cooperación con agencias internacionales del mundo”, puntualizó en entrevista.
Luego de reconocer que comparte con Estados Unidos la idea de que el fallo debe ser revisado, Meade manifestó que el procurador Jesús Murillo Karam ya ha comentado que “nosotros no coincidimos con el criterio que adoptó el juez en el caso de Rafael Caro Quintero, y que habremos de buscar por las vías jurídicas que tiene a su disposición el Estado mexicano para que esta definición que tomó el juez quede sin efecto”.
Añadió:
“En eso hay plena comunión de intereses con todos aquellos que sentimos, que pensamos que en este caso, en Estados Unidos y en México, debe respetarse el marco jurídico, y en este caso particular estimamos que el fallo no estuvo apegado a derecho, y la PGR habrá de hacer el trabajo para corregir”.
El titular de la SRE indicó que el gobierno mexicano es respetuoso de la división de poderes y reconoce la autonomía del Poder Judicial, pero en este caso, apuntó, “haremos uso, como ya comentó la PGR, de todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para buscar alcanzar el objetivo primario que tenemos de combatir la delincuencia organizada, para lo cual nos hacemos llegar de los elementos de cooperación de los que podemos disponer”.
El pasado viernes 9, luego de 28 años de permanecer en prisión, el fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, uno de los pioneros del narcotráfico en México, abandonó el Centro de Readaptación Social de mediana seguridad de Puente Grande, Jalisco, después de que el Segundo Tribunal Unitario ordenó su inmediata libertad por una serie de irregularidades procesales, según adujo el Consejo de la Judicatura.
Dos días antes el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en Jalisco concedió un amparo al llamado Narco de Narcos en el caso del asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena Salazar, en febrero de 1985.
Dicha instancia jurisdiccional encontró elementos de improcedencia para seguir adelante con ese juicio, por lo que decidió “sobreseer” el mismo sin dictar una sentencia.
Según el tribunal, el asesinato del agente fue juzgado en el fuero federal, en lugar de hacerlo en el fuero común, como correspondía procesalmente, debido a que Camarena no era agente diplomático o consular.